DIARIO FINANCIERO – El Presupuesto del sector público para 2023 entra en una fase clave. Queda algo más de un mes para que el Ejecutivo dé a conocer los lineamientos del erario, con miras a presentarlo al Congreso antes del 30 de septiembre.
Y una de las novedades del proyecto será una mayor libertad y flexibilidad para que los gobiernos regionales (Gores) gestionen sus recursos. Así quedó plasmado en un acuerdo firmado la semana pasada por la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, y el presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales (Agorechil), Patricio Vallespín, con el que se busca crear una estructura más ágil, liviana y flexible para que las entidades gestionen sus recursos.
“Este es un primer paso para que el gasto público responda de mejor manera a las necesidades de inversión de quienes habitan en las regiones. El segundo paso será la ley de rentas regionales”
Javiera Martínez, directora de Presupuestos.
El convenio consta de 13 puntos, destacando por ejemplo la creación de una nueva partida presupuestaria -la número 31- que abarcará las platas regionales, por lo que por primera vez los fondos de los Gores no estarán bajo la tutela del Ministerio del Interior.
Se establece, además, que en todo aquello que no implique un cambio a dicha partida, las modificaciones al presupuesto se materializarán a través de resoluciones exentas de los mismos gobiernos regionales con visación de la Dipres, excepto en lo relativo a los gastos de personal.
Esto, explica el documento, permitirá agilizar la tramitación para el uso de los recursos, disminuyendo “significativamente” los tiempos de aprobación de estas resoluciones y que tienden a ralentizar la ejecución.
Complementario a lo anterior, se redactarán nuevas glosas (que aterrizan en mayor detalle el destino de los fondos) que indicarán que la distribución presupuestaria será determinada por el gobernador o gobernadora regional una vez que la Ley de Presupuestos se encuentre promulgada.
Mayor ejecución
El acuerdo apunta a levantar la prohibición que pesa sobre los gobiernos regionales para ser las unidades ejecutoras de sus propios programas de inversión.
¿A qué se refiere esto? Que no usen las platas a través de terceros, como sucede hasta ahora, cuando firmen convenios con otras instituciones públicas como los ministerios de Obras Públicas (MOP) o el de Vivienda (Minvu) para concretar sus proyectos.
En el Ejecutivo esperan que esta medida se traduzca en una mayor ejecución debido a que los Gores podrán llevar a cabo directamente sus propios proyectos y programas, ejecutando el presupuesto de forma directa y siendo más eficientes desde el punto de vista del gasto público.
A junio, las regiones habían ejecutado solo el 25,7% de su presupuesto, un mínimo en diez años.
“Este acuerdo es un primer paso para que el gasto público responda de mejor manera a las necesidades de inversión de quienes habitan en las regiones. El segundo paso será la ley de rentas regionales anunciada por el Gobierno para el segundo semestre de este año”, asegura Martínez.
Otros cambios relevantes
Un ajuste importante que nace del acuerdo se relaciona con la dotación de funcionarios en los Gores.
Así, se considerarán recursos para subsanar eventuales déficits de dotación y operación que se detecten en los gobiernos regionales, considerando las diversas realidades geográficas y el límite de gasto compatible con la meta fiscal.
¿La idea? Que el presupuesto contemple los recursos suficientes, tanto para gastos en personal como para gastos de operación, y así asegurar el correcto funcionamiento de los gobiernos regionales.
Otro punto del acuerdo fija que en un plazo de 20 días se revisarán y evaluarán mecanismos para reconocer los ingresos propios que generan los gobiernos regionales en el año, “de manera de salvaguardar los correctos incentivos como premio a la buena ejecución”, dice el documento.
Esto, en simple, implicaría el acceso de los Gores para que destinen a gastos específicos estos ingresos autogenerados.
Fuente: Diario Financiero, Jueves 18 de Agosto de 2022
