DIARIO FINANCIERO – Generar una fuerte y robusta política de arriendo público, en la que participe el sector privado, permitiría al Estado aumentar la incidencia del presupuesto, generando actividad y empleo, acelerando el acceso a la vivienda y a servicios bien localizados, incentivando la inversión privada y disminuyendo la presión en los presupuestos futuros.
¿Qué duda cabe que las ciudades son el reflejo de la sociedad? En nuestro país se fueron construyendo desde la precariedad y la pobreza, a consecuencia del proceso de migración campo-ciudad y las respectivas tomas de terreno. Con posterioridad se las dotó de bienes públicos, como servicios básicos, redes de infraestructura y conectividad.
La configuración actual de nuestras ciudades surgió desde la necesidad, dando prioridad a la producción de vivienda y postergando el desarrollo del entorno urbano donde se insertan, situación que perdura hasta nuestros días. Al eludir abordar esta problemática desde una mirada multidimensional, no sólo se profundizaron las brechas e inequidades urbanas, sino que se generaron externalidades que cruzan las distintas desigualdades socioeconómicas.
Para ser capaces de revertir esta realidad, se requiere de una política pública que integre y que no sectoralice. Con un Estado cuyo rol no sea sólo el desafío de proveer mayores niveles de financiamiento, sino también una mejor distribución y focalización espacial de los recursos para maximizar su efecto multiplicador. Esto es aún más urgente en un contexto recesivo como el actual.
De ahí la importancia del aumento de recursos que se le asigna al Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la Ley de Presupuesto 2021. El incremento de 21,7% otorgado es consistente con el propósito de reactivar la economía a través de la generación de empleo. Históricamente se ha destinado un 85% de este a impulsar la política habitacional vía subsidios de vivienda, y el 15% restante a mejoras de entorno urbano, situación que se vuelve a replicar aun cuando sabemos que ello no permite enfrentar la segregación territorial prevaleciente.
Lo anterior se agrava al saber que los principales programas de subsidio implementados han sido mal evaluados por la Dirección de Presupuestos, por no cumplir con los objetivos que persiguen. Entonces, estamos frente a un problema, pues los incentivos están dados para que el ministerio siga gestionando de la misma forma, lo que continuará acrecentando brechas e inequidades.
En un contexto de expansión del presupuesto, no considerar elementos de innovación y exigencias de nuevas metas y plazos para su ejecución, es perder una oportunidad. Por ejemplo, se podría potenciar una política pública de arriendo. Ello permitiría que las familias tuvieran acceso a una vivienda bien localizada en el corto plazo, y en paralelo priorizar el desarrollo de la ciudad para revertir las brechas y la segregación existente, incidiendo en la actividad de corto y mediano plazo.
Generar una fuerte y robusta política de arriendo público, en la que participe el sector privado, permitiría al Estado aumentar la incidencia del presupuesto, generando actividad y empleo, acelerando el acceso a la vivienda y a servicios bien localizados, incentivando la inversión privada y disminuyendo la presión en los presupuestos futuros. De esta forma, se alinean las metas y plazos con las demandas reales de la ciudadanía.
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Fuente: Diario Financiero, Jueves 03 de Diciembre de 2020
Presupuesto 2021, ciudades y equidad, por Marcela Ruiz Tagle, Directora de Estudios de Corporación Ciudades
DIARIO FINANCIERO – Generar una fuerte y robusta política de arriendo público, en la que participe el sector privado, permitiría al Estado aumentar la incidencia del presupuesto, generando actividad y empleo, acelerando el acceso a la vivienda y a servicios bien localizados, incentivando la inversión privada y disminuyendo la presión en los presupuestos futuros.
¿Qué duda cabe que las ciudades son el reflejo de la sociedad? En nuestro país se fueron construyendo desde la precariedad y la pobreza, a consecuencia del proceso de migración campo-ciudad y las respectivas tomas de terreno. Con posterioridad se las dotó de bienes públicos, como servicios básicos, redes de infraestructura y conectividad.
La configuración actual de nuestras ciudades surgió desde la necesidad, dando prioridad a la producción de vivienda y postergando el desarrollo del entorno urbano donde se insertan, situación que perdura hasta nuestros días. Al eludir abordar esta problemática desde una mirada multidimensional, no sólo se profundizaron las brechas e inequidades urbanas, sino que se generaron externalidades que cruzan las distintas desigualdades socioeconómicas.
Para ser capaces de revertir esta realidad, se requiere de una política pública que integre y que no sectoralice. Con un Estado cuyo rol no sea sólo el desafío de proveer mayores niveles de financiamiento, sino también una mejor distribución y focalización espacial de los recursos para maximizar su efecto multiplicador. Esto es aún más urgente en un contexto recesivo como el actual.
De ahí la importancia del aumento de recursos que se le asigna al Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la Ley de Presupuesto 2021. El incremento de 21,7% otorgado es consistente con el propósito de reactivar la economía a través de la generación de empleo. Históricamente se ha destinado un 85% de este a impulsar la política habitacional vía subsidios de vivienda, y el 15% restante a mejoras de entorno urbano, situación que se vuelve a replicar aun cuando sabemos que ello no permite enfrentar la segregación territorial prevaleciente.
Lo anterior se agrava al saber que los principales programas de subsidio implementados han sido mal evaluados por la Dirección de Presupuestos, por no cumplir con los objetivos que persiguen. Entonces, estamos frente a un problema, pues los incentivos están dados para que el ministerio siga gestionando de la misma forma, lo que continuará acrecentando brechas e inequidades.
En un contexto de expansión del presupuesto, no considerar elementos de innovación y exigencias de nuevas metas y plazos para su ejecución, es perder una oportunidad. Por ejemplo, se podría potenciar una política pública de arriendo. Ello permitiría que las familias tuvieran acceso a una vivienda bien localizada en el corto plazo, y en paralelo priorizar el desarrollo de la ciudad para revertir las brechas y la segregación existente, incidiendo en la actividad de corto y mediano plazo.
Generar una fuerte y robusta política de arriendo público, en la que participe el sector privado, permitiría al Estado aumentar la incidencia del presupuesto, generando actividad y empleo, acelerando el acceso a la vivienda y a servicios bien localizados, incentivando la inversión privada y disminuyendo la presión en los presupuestos futuros. De esta forma, se alinean las metas y plazos con las demandas reales de la ciudadanía.
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Fuente: Diario Financiero, Jueves 03 de Diciembre de 2020
