DIARIO FINANCIERO – Los motivos para revisar el funcionamiento del mercado del transporte de carga quedaron muy en evidencia el año pasado durante el paro de camioneros, que no sólo confirmó el considerable poder de presión de ese gremio -que cumple un rol estratégico para la economía-, sino las escasas alternativas reales al transporte de carga terrestre en nuestro país.
Una vía potencial de liberar ese “nudo” es el cabotaje marítimo -transporte de carga entre puertos nacionales-, actualmente restringido sólo a naves chilenas, con los consiguientes efectos de concentración, falta de competencia y mayores costos. En 2021, el Gobierno anterior introdujo en el Congreso un proyecto de ley que buscaba abrir el cabotaje a la participación de naves extranjeras, muy resistido por la industria local y con escaso avance legislativo a la fecha.
Como parte de su agenda de productividad, el actual Ejecutivo busca introducir cambios que hagan más políticamente viable el proyecto, aumentando los niveles de competencia, pero manteniendo un esquema exclusivo de empresas nacionales, si bien abriendo la posibilidad de que en éstas participen capitales extranjeros, junto con otras medidas que flexibilicen un sistema que hoy es extremadamente rígido.
Aunque el enfoque es distinto, el diagnóstico es similar. Según el ministro de Economía, “hay un alto nivel de concentración, lo que implica costos muy altos en este transporte y que ciertas rutas que se podrían realizar no se realizan”; y la Agenda de Productividad apunta a “procesos logísticos engorrosos e ineficientes”, que entre otras cosas implican que “trasladar carga entre puertos chilenos cuesta lo mismo o más que entre Chile y Asia”.
Si de estimular la competencia se trata, lo idóneo y más directo sería abrir el cabotaje a naves de otros países (algunos estudios plantean que los costos de transporte entre puertos chilenos podrían bajar en hasta un 40% con la entrada de barcos extranjeros). Con todo, la aproximación del Ejecutivo parece una vía intermedia que debería, al menos, facilitar el trámite legislativo e introducir mayores grados de competencia en una actividad clave.
Fuente: Diario Financiero, Jueves 9 de Febrero de 2023
