LA TERCERA – La cifra de crecimiento económico de un 6,6% para diciembre es una muy buena noticia que debiera permitirnos mirar el futuro con cierto optimismo, aunque con cautela. En efecto, el anuncio de que el déficit fiscal alcanzado durante 2024 fue de un punto más que el pronosticado genera dudas acerca de la capacidad de la economía de soportar un crecimiento mayor, ya que el gobierno deberá ajustar el gasto. Podría recurrir a un mayor endeudamiento pero, al parecer, esto sería políticamente inconveniente y económicamente imprudente.
Para ajustar el gasto, que preserve el compromiso de responsabilidad fiscal, es necesario tener en consideración otro principio de buena administración de los recursos públicos: gasto permanente debe financiarse con ingresos permanentes. De ser así, ante caídas circunstanciales en el ingreso público, la reacción automática es ajustar a través de una reducción de los gastos no permanentes, o sea, en la inversión. Tal como lo ha manifestado el BID en numerosas ocasiones, siempre que hay problemas fiscales, que redundan en menor recaudación para el gobierno, “la inversión en infraestructura se reduce mucho más que otros gastos”. Esta ha sido la tónica durante los últimos dos años al menos: el presupuesto del MOP, principal agente inversor del Estado, se ha reducido en forma significativa respecto a lo considerado en la Ley de Presupuestos aprobada por el Congreso.
En las circunstanstancias por las que atraviesa Chile, sería una mala señal que el ajuste de las cuentas fiscales se diera, una vez más, a través de la validación de esta forma de proceder. Por el contrario, pensamos que el gobierno debiera dar una muestra no solo de austeridad, sino también de compromiso con el crecimiento, y eso pasa por sostener el gasto en inversión. En este sentido, es a través de la inversión pública en infraestructura que el gobierno debiera expresar su compromiso con incentivar una tasa de crecimiento mayor a la que nos hemos ido acostumbrando con el tiempo.
Creemos que es este el momento para proponer una “regla fiscal de inversión pública” que asegure una inversión mínima anual de parte del gobierno, proyectada a diez años y revisable cada dos, para asegurar que ante caída en los ingresos públicos el ajuste se materializará a través de mecanismos diferentes al de reducir la inversión.
Fuente: La Tercera, Miércoles 12 de Febrero de 2025
