EL MERCURIO – Hace ya algunas semanas, la prestigiosa revista The Economist destacó a Chile —junto con Noruega— como uno de los países que tienen buenas políticas de infraestructura. Para poner en perspectiva el punto, no se trata solo de la infraestructura asociada a Obras Públicas, sino de un concepto más amplio, que incluye áreas como el sistema eléctrico, los puertos, el sector sanitario, etc. El periódico no profundiza las razones para evaluar positivamente las políticas de Chile y Noruega, pero se deben considerar al menos dos aspectos.
Desde luego, en numerosos países, la forma en que se construye o moderniza la infraestructura no responde a planes sistemáticos que tratan de resolver problemas, sino que es el resultado de presiones políticas o corrupción. Esto ocurre en naciones de bajos ingresos, pero también en países desarrollados. En Bélgica, por ejemplo, la política de igualar las inversiones públicas entre las regiones flamenca y valona ha llevado a construir muchas obras que se han mostrado tan innecesarias como costosas: verdaderos “elefantes blancos”. Casos similares, de proyectos de dudosa utilidad, abundan en otras naciones europeas o asiáticas.
Este tipo de obras ya casi no se observan en Chile. Muchos sectores de la infraestructura, como el eléctrico, se han privatizado, y las inversiones son a riesgo de los privados, obviamente cautelosos con el uso de sus recursos. Otras se planifican con la participación de las empresas (y más recientemente las comunidades) involucradas, como en la transmisión eléctrica. En la infraestructura más clásica, como carreteras, puertos y aeropuertos, existe una planificación de largo plazo y los proyectos solo son aprobados cuando su rentabilidad social supera un umbral predeterminado. Si bien hay mucho que mejorar en la forma en que funciona esta evaluación, ha sido clave en el buen uso de los fondos públicos y en evitar grandes obras inútiles. Por cierto, periódicamente surgen voces que promueven eliminarla, lo que permitiría responder más fácilmente a los intereses políticos. Por el contrario, la mejor política pública sería modernizar esa evaluación, para incorporar criterios omitidos, como el costo paisajístico de las obras.
Una segunda área de problemas en infraestructura ha sido el mal mantenimiento, producto de restricciones presupuestarias. En los países desarrollados, de hecho, el gasto en infraestructura ha descendido, lo que ha afectado su calidad y conservación. En Chile, aquella infraestructura privatizada o concesionada no tiene ese problema, ya que son las empresas privadas las responsables y su costo no es parte del presupuesto nacional.
En otras áreas en que el MOP ha recibido críticas, como son las otrora frecuentes renegociaciones de contratos, el sistema ha funcionado mejor que en otros lugares. Por ejemplo, las renegociaciones durante la etapa de la construcción son 5 veces mayores en monto en Colombia que en Chile, según un estudio que compara sus programas de concesiones.
Cuando existen no pocas razones para cuestionar el desempeño del Estado, es saludable advertir áreas en que —no obstante la existencia de problemas— este funciona razonablemente gracias a políticas públicas que han trascendido a los gobiernos.
Fuente: El Mercurio, Martes 02 de Febrero de 2021
