EL MERCURIO – Ya terminando la segunda década del siglo XXI, el entorno físico en que viven las personas se entrecruza permanentemente con el universo digital paralelo que surge a su alrededor. Sus comunicaciones personales las pueden efectuar mediante dispositivos digitales, sus preferencias de consumo son anticipadas por algoritmos de inteligencia artificial, sus decisiones de compra se pueden implementar virtualmente y, en forma creciente, una serie de trámites pueden realizarse digitalmente en el momento en que la persona dispone del tiempo para ello, con independencia de los horarios laborales de la institución que recibe sus requerimientos.
Como esa tendencia facilita enormemente la vida ciudadana, merece ser impulsada por el Estado mediante políticas públicas específicas tanto para promover con más fuerza la digitalización general, de modo que más personas puedan sumarse a ella y que el efecto red que eso induce retroalimente virtuosamente todo el proceso, como para que la interacción de estas con el Estado se realice por esa vía, descomprimiendo la burocracia procedimental, que tanto tiempo valioso consume y que suele exasperar por su lentitud y redundancia.
Como parte de esas políticas, el Estado debe velar para que la inversión en la infraestructura física que soporta el proceso de digitalización -las redes de fibra óptica, además de las inalámbricas- se concrete en el marco de una institucionalidad que promueva la competencia, para que sus precios se mantengan acotados, pero que también incentive la innovación y el aprovechamiento de los permanentes cambios tecnológicos que mejoran sus servicios, como el sistema 5G hoy en desarrollo en el mundo. Además, el propio Estado se ha propuesto desplegar una agenda digital para enfrentar su relación con la ciudadanía, coordinada por el ministro Gonzalo Blumel, desde la Secretaría General de la Presidencia, y en la que participan otros ministerios y reparticiones, cuya importancia se hace cada vez más visible. Así lo constatan las personas que pueden efectuar sus declaraciones ante el SII todos los meses de manera digital, o quienes pagan trimestralmente sus contribuciones de bienes raíces a la Tesorería de la misma forma u obtienen sus certificados del Registro Civil desde dispositivos celulares. Al respecto, el ministro Blumel ha indicado que la clave digital que las personas requieran para realizar esos trámites deberá, al año 2020, ser única para todas las reparticiones públicas. El plan propuesto contempla, asimismo, que a 2023 todos los trámites con el Estado puedan ser realizados de manera digital, dejando espacios transitorios para que las personas que no dominen esa técnica los efectúen de la forma tradicional.
El hospital digital, anunciado por el ministro de Salud, Emilio Santelices, forma parte importante de dicha agenda. No significa otra cosa que la digitalización de la atención de salud, desde la reserva de horas en consultorios, pasando por consultas que puedan realizarse de manera virtual por medio de dispositivos digitales, como celulares o computadores, hasta la digitalización de la ficha de salud del paciente, de modo tal que sus antecedentes y exámenes se encuentren disponibles remotamente, ya sea en la etapa diagnóstica o durante las intervenciones, tanto para los médicos tratantes, in situ , como para quienes asesoren el proceso a distancia.
El esfuerzo que despliegue el Estado para que el público interactúe digitalmente con él no solo mejorará radicalmente la atención que este último perciba, sino que además ayudará a incentivar también la digitalización de sus actividades privadas, todo lo cual impulsará un aumento de la productividad general del país, y, por esa vía, de la calidad de vida de la ciudadanía.
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Fuente: El Mercurio, miércoles 13 de febrero de 2019
Política pública, digitalización ciudadana
EL MERCURIO – Ya terminando la segunda década del siglo XXI, el entorno físico en que viven las personas se entrecruza permanentemente con el universo digital paralelo que surge a su alrededor. Sus comunicaciones personales las pueden efectuar mediante dispositivos digitales, sus preferencias de consumo son anticipadas por algoritmos de inteligencia artificial, sus decisiones de compra se pueden implementar virtualmente y, en forma creciente, una serie de trámites pueden realizarse digitalmente en el momento en que la persona dispone del tiempo para ello, con independencia de los horarios laborales de la institución que recibe sus requerimientos.
Como esa tendencia facilita enormemente la vida ciudadana, merece ser impulsada por el Estado mediante políticas públicas específicas tanto para promover con más fuerza la digitalización general, de modo que más personas puedan sumarse a ella y que el efecto red que eso induce retroalimente virtuosamente todo el proceso, como para que la interacción de estas con el Estado se realice por esa vía, descomprimiendo la burocracia procedimental, que tanto tiempo valioso consume y que suele exasperar por su lentitud y redundancia.
Como parte de esas políticas, el Estado debe velar para que la inversión en la infraestructura física que soporta el proceso de digitalización -las redes de fibra óptica, además de las inalámbricas- se concrete en el marco de una institucionalidad que promueva la competencia, para que sus precios se mantengan acotados, pero que también incentive la innovación y el aprovechamiento de los permanentes cambios tecnológicos que mejoran sus servicios, como el sistema 5G hoy en desarrollo en el mundo. Además, el propio Estado se ha propuesto desplegar una agenda digital para enfrentar su relación con la ciudadanía, coordinada por el ministro Gonzalo Blumel, desde la Secretaría General de la Presidencia, y en la que participan otros ministerios y reparticiones, cuya importancia se hace cada vez más visible. Así lo constatan las personas que pueden efectuar sus declaraciones ante el SII todos los meses de manera digital, o quienes pagan trimestralmente sus contribuciones de bienes raíces a la Tesorería de la misma forma u obtienen sus certificados del Registro Civil desde dispositivos celulares. Al respecto, el ministro Blumel ha indicado que la clave digital que las personas requieran para realizar esos trámites deberá, al año 2020, ser única para todas las reparticiones públicas. El plan propuesto contempla, asimismo, que a 2023 todos los trámites con el Estado puedan ser realizados de manera digital, dejando espacios transitorios para que las personas que no dominen esa técnica los efectúen de la forma tradicional.
El hospital digital, anunciado por el ministro de Salud, Emilio Santelices, forma parte importante de dicha agenda. No significa otra cosa que la digitalización de la atención de salud, desde la reserva de horas en consultorios, pasando por consultas que puedan realizarse de manera virtual por medio de dispositivos digitales, como celulares o computadores, hasta la digitalización de la ficha de salud del paciente, de modo tal que sus antecedentes y exámenes se encuentren disponibles remotamente, ya sea en la etapa diagnóstica o durante las intervenciones, tanto para los médicos tratantes, in situ , como para quienes asesoren el proceso a distancia.
El esfuerzo que despliegue el Estado para que el público interactúe digitalmente con él no solo mejorará radicalmente la atención que este último perciba, sino que además ayudará a incentivar también la digitalización de sus actividades privadas, todo lo cual impulsará un aumento de la productividad general del país, y, por esa vía, de la calidad de vida de la ciudadanía.
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Fuente: El Mercurio, miércoles 13 de febrero de 2019
