EL MERCURIO – Acertado resulta el enfoque de la intendenta Karla Rubilar respecto de la necesidad de crear instancias en que se considere la ciudad con una visión integral, poniendo el acento en los barrios y en los puntos neurálgicos donde puedan acudir las personas con mayor facilidad para obtener servicios básicos.
El proyecto de la autoridad regional orientado a la mejoría en la accesibilidad a los servicios de las comunas más apartadas -creando lo que ella ha denominado “triángulos de equidad” para los habitantes de diferentes zonas vecinas puedan acceder con mayor facilidad a servicios de salud, colegios, centros de recreación, plazas y parques- puede implicar una iniciativa efectiva para responder a las necesidades de las zonas periféricas. La gran confluencia de público observada en los parques intercomunales y en los centros comerciales ubicados en sectores estratégicos de la ciudad da evidencia de la necesidad de contar con espacios de recreación cercanos, evitando el desplazamiento, principal problema de la ciudad.
El acelerado crecimiento de las grandes ciudades ha dificultado la proyección de una planificación extensiva que permita resguardar equitativamente la calidad de vida de sus habitantes. En la Región Metropolitana se observan importantes diferencias en la disponibilidad de recursos, la conectividad y el acceso a los servicios públicos, así como la densidad poblacional y la presencia de áreas verdes entre las comunas.
Desde ese punto de vista, las declaraciones de la intendenta de Santiago apuntan en la dirección correcta para afrontar los complejos problemas que hoy tiene la capital. Sin embargo, el objetivo no parece de fácil aplicación, pues implica tareas de coordinación entre las comunas, ya que muchas veces sus planes difieren, generando conflictos como los recientemente conocidos por el destino de un terreno que el municipio de Vitacura planeaba destinar a áreas verdes, mientras que la Municipalidad de Las Condes, propietaria del sitio, proyectaba la construcción de viviendas sociales, impasse que derivó en un proyecto de solución negociada entre ambos alcaldes.
Crecientemente, las complejidades que enfrenta una gran ciudad como Santiago requieren de una mirada amplia por parte de la autoridad regional, de modo que -en coordinación con cada municipio- se logre alcanzar un desarrollo tal que permita integrar a la periferia y a los sectores más vulnerables mediante una política urbana común, que responda a una coordinación entre los planes reguladores comunales, para evitar toda incerteza jurídica que paralice la inversión privada, como advierte la Cámara Chilena de la Construcción. Asimismo, parece ineludible la implementación de sistemas de compensaciones claramente establecidos para aquellas comunidades afectadas por la instalación de infraestructura necesaria, pero que nadie desea tener en su “patio trasero”. En este cometido es crucial contar con el concurso de las autoridades edilicias, juntas de vecinos y representantes de la sociedad civil, de manera de conseguir una proyección urbana cuyo impacto redunde en una equitativa mejoría de la calidad de vida.
Fuente: El Mercurio, Miércoles 18 de abril de 2018
