EL MERCURIO – La crisis económica que está generando la pandemia del covid-19 será sin duda intensa. La protección de la salud está obligando a medidas que generan simultáneamente contracciones en la oferta y demanda agregadas. El shock económico resultará, por tanto, profundo. Frente a esta situación, que es transitoria si bien su duración no es anticipable con precisión, es razonable apelar a políticas monetarias y fiscales expansivas. El Banco Central hizo su tarea el lunes y tiene aún posibilidades de profundizar las medidas que anunció. Ayer fue el turno del Ejecutivo. Se planteó un interesante plan económico que tiene como propósito inyectarle liquidez a la actividad productiva y proteger el empleo. Ello, considerando que en las circunstancias actuales, en efecto, muchas empresas se ven afectadas por falta de liquidez y no porque su negocio carezca de perspectivas. Reducir la planilla de remuneraciones aparece entonces como una posible fórmula para enfrentar el problema, toda vez que en la mayoría de las organizaciones representa el principal ítem de gasto. Ello, que puede tener sentido desde un punto de vista económico, significa, sin embargo, dolorosos costos sociales.
Ante ese escenario, el plan del Ejecutivo —que contempla recursos fiscales por hasta 11 mil 750 millones de dólares— destina una parte importante de sus esfuerzos a financiar medidas que buscan proteger directamente los ingresos de los trabajadores y también sus empleos. Así, se inyectarán dos mil millones de dólares al Fondo de Cesantía Solidario (FCS) para compensar a los trabajadores que deben permanecer en sus hogares, pero sin poder laborar a distancia. El teletrabajo es, en efecto, una buena alternativa en muchas circunstancias, incluso en períodos de normalidad. En la actualidad se hace aún más razonable y es interesante que se intente legislar al respecto para resolver algunos vacíos en la legislación vigente, la cual, en ciertas situaciones, ya lo permite. No es, sin embargo, una solución para todos los casos, y la medida anunciada se hace cargo de quienes no pueden acogerse a él. Estos trabajadores podrán ahora acceder al referido fondo, pero sin perder el vínculo laboral con sus empleadores, quienes deberán seguir pagando sus cotizaciones. Simultáneamente, se pondrá urgencia al proyecto que permite reducir por un período acotado las jornadas laborales, posibilitando que las diferencias de remuneraciones se paguen también con cargo al fondo. Adicionalmente, se creará una transferencia monetaria similar al subsidio único familiar para proteger los ingresos de trabajadores informales que no tienen sistemas de protección como los del FCS.
Un segundo grupo de medidas apunta a elevar la liquidez de las empresas, liberándolas de pagos legalmente regulados, de modo que no deban recurrir para ello a ajustes en sus planillas. Así, se anunció la suspensión de los pagos provisionales mensuales por los próximos tres meses y la postergación del pago del IVA por el mismo período, permitiendo que esto ocurra luego en doce cuotas mensuales con tasa de interés real igual a cero. Junto con ello, se posterga hasta julio el pago de impuesto a la renta que tenían que hacer las pymes en abril, y el pago de contribuciones establecido para igual fecha correspondiente a las empresas con ventas inferiores a UF 350 mil y a las personas con propiedades cuyo avalúo fiscal no supere los 133 millones de pesos. Otras medidas también apuntan a asegurar liquidez a las personas y empresas más pequeñas, como son la liberación transitoria del impuesto de timbres y estampillas para las operaciones de crédito, el alivio en el tratamiento de deudas tributarias para pymes y personas de menores ingresos, la aceleración de pagos a proveedores del Estado y una nueva capitalización del BancoEstado que le permitirá elevar sus colocaciones hasta por US$4 mil 400 millones.
Se trata, pues, de un plan profundo, que debe contribuir a disminuir los efectos de la crisis sobre el empleo y cuya eficacia, desde luego, es muy superior a la de ciertas propuestas, como la de prohibir por ley los despidos, cuya única consecuencia sería la de promover una desvinculación masiva inmediata, por los riesgos para la sobrevivencia de las empresas que tal medida representaría.
Fuente: El Mercurio, Viernes 20 de Marzo de 2020
Plan económico y empleo
EL MERCURIO – La crisis económica que está generando la pandemia del covid-19 será sin duda intensa. La protección de la salud está obligando a medidas que generan simultáneamente contracciones en la oferta y demanda agregadas. El shock económico resultará, por tanto, profundo. Frente a esta situación, que es transitoria si bien su duración no es anticipable con precisión, es razonable apelar a políticas monetarias y fiscales expansivas. El Banco Central hizo su tarea el lunes y tiene aún posibilidades de profundizar las medidas que anunció. Ayer fue el turno del Ejecutivo. Se planteó un interesante plan económico que tiene como propósito inyectarle liquidez a la actividad productiva y proteger el empleo. Ello, considerando que en las circunstancias actuales, en efecto, muchas empresas se ven afectadas por falta de liquidez y no porque su negocio carezca de perspectivas. Reducir la planilla de remuneraciones aparece entonces como una posible fórmula para enfrentar el problema, toda vez que en la mayoría de las organizaciones representa el principal ítem de gasto. Ello, que puede tener sentido desde un punto de vista económico, significa, sin embargo, dolorosos costos sociales.
Ante ese escenario, el plan del Ejecutivo —que contempla recursos fiscales por hasta 11 mil 750 millones de dólares— destina una parte importante de sus esfuerzos a financiar medidas que buscan proteger directamente los ingresos de los trabajadores y también sus empleos. Así, se inyectarán dos mil millones de dólares al Fondo de Cesantía Solidario (FCS) para compensar a los trabajadores que deben permanecer en sus hogares, pero sin poder laborar a distancia. El teletrabajo es, en efecto, una buena alternativa en muchas circunstancias, incluso en períodos de normalidad. En la actualidad se hace aún más razonable y es interesante que se intente legislar al respecto para resolver algunos vacíos en la legislación vigente, la cual, en ciertas situaciones, ya lo permite. No es, sin embargo, una solución para todos los casos, y la medida anunciada se hace cargo de quienes no pueden acogerse a él. Estos trabajadores podrán ahora acceder al referido fondo, pero sin perder el vínculo laboral con sus empleadores, quienes deberán seguir pagando sus cotizaciones. Simultáneamente, se pondrá urgencia al proyecto que permite reducir por un período acotado las jornadas laborales, posibilitando que las diferencias de remuneraciones se paguen también con cargo al fondo. Adicionalmente, se creará una transferencia monetaria similar al subsidio único familiar para proteger los ingresos de trabajadores informales que no tienen sistemas de protección como los del FCS.
Un segundo grupo de medidas apunta a elevar la liquidez de las empresas, liberándolas de pagos legalmente regulados, de modo que no deban recurrir para ello a ajustes en sus planillas. Así, se anunció la suspensión de los pagos provisionales mensuales por los próximos tres meses y la postergación del pago del IVA por el mismo período, permitiendo que esto ocurra luego en doce cuotas mensuales con tasa de interés real igual a cero. Junto con ello, se posterga hasta julio el pago de impuesto a la renta que tenían que hacer las pymes en abril, y el pago de contribuciones establecido para igual fecha correspondiente a las empresas con ventas inferiores a UF 350 mil y a las personas con propiedades cuyo avalúo fiscal no supere los 133 millones de pesos. Otras medidas también apuntan a asegurar liquidez a las personas y empresas más pequeñas, como son la liberación transitoria del impuesto de timbres y estampillas para las operaciones de crédito, el alivio en el tratamiento de deudas tributarias para pymes y personas de menores ingresos, la aceleración de pagos a proveedores del Estado y una nueva capitalización del BancoEstado que le permitirá elevar sus colocaciones hasta por US$4 mil 400 millones.
Se trata, pues, de un plan profundo, que debe contribuir a disminuir los efectos de la crisis sobre el empleo y cuya eficacia, desde luego, es muy superior a la de ciertas propuestas, como la de prohibir por ley los despidos, cuya única consecuencia sería la de promover una desvinculación masiva inmediata, por los riesgos para la sobrevivencia de las empresas que tal medida representaría.
Fuente: El Mercurio, Viernes 20 de Marzo de 2020
