DIARIO FINANCIERO – El ministro de Hacienda, Mario Marcel, declaró, en relación con la demora de los permisos regulatorios para los proyectos de inversión, que “la experiencia de ciertos proyectos, casi desespera…”. La frase representa lo que muchos gremios hemos levantado sistemáticamente hace más de una década: la permisología afecta directamente la capacidad de crear nuevos proyectos que impulsen el desarrollo y el bienestar del país.
En la industria de la generación de energía eléctrica compartimos la frustración. Generadoras de Chile anunció a finales de 2022 que la inversión potencial para los próximos cinco años podría llegar a unos US$ 23 mil millones. Sin embargo, la realidad burocrática pone en riesgo real la pérdida de la inversión proyectada. Esta pérdida en inversión en energía renovables y almacenamiento afecta directamente a la seguridad del sistema y el poder trasladar los beneficios de la transición energética a las personas y los territorios donde nuestros proyectos se instalan.
“Los anuncios del Gobierno sobre la necesidad de avanzar en un proyecto de permisología no ambiental y una reforma al SEIA van en la línea correcta, pero es esencial no cometer los mismos errores del pasado”.
Si bien compartimos el fondo de los anuncios del Gobierno, sobre la necesidad de avanzar en un proyecto de permisología no ambiental y una reforma al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), creemos esencial no cometer los mismos errores del pasado. Los segundos gobiernos tanto de la presidenta Bachelet como del presidente Piñera presentaron proyectos de ley para reformar el SEIA en el inicio de sus gestiones y, lamentablemente, ambos intentos nunca pudieron avanzar significativamente en el Congreso. Es decir, a pesar de las decenas de estudios y diagnósticos por todos consensuados, no se logró crear una voluntad política para solucionar este problema tan analizado.
Proponemos comenzar con un proyecto de ley corta al sistema de evaluación con una modificación puntual, pero relevante: que elimine la discrecionalidad política de la aprobación de los proyectos y fortalezca la institucionalidad y evaluación técnica de los organismos, suprimiendo la COEVA y el Comité de Ministros. Así, las decisiones se adoptarán a partir de antecedentes objetivos generados por organismos con competencia técnica, donde el Servicio de Evaluación Ambiental evalúa que cada proyecto cumpla con la legislación que garantice la protección del medio ambiente, el desarrollo sustentable y la vida de las personas. El mejor estándar es que los proyectos cumplan con la ley.
Como segunda medida, proponemos que en la discusión del proyecto de presupuesto 2024, se entreguen los recursos necesarios a los organismos técnicos para que puedan contratar personal, adquirir insumos y realizar los estudios necesarios que permitan evaluar en tiempo y forma, otorgando las herramientas para que las decisiones técnicas que se adopten sean debidamente fundadas, como también lograr que se cumplan los plazos establecidos. De esta manera, logramos que se genere predictibilidad para el sector que está invirtiendo en la transición energética de manera clara y, también, se mejora la gestión pública.
Un tercer eje es el relacionado con las mejoras de permisología impulsadas por el Ministerio de Economía. Creemos que la autoridad debe impulsar con la mayor celeridad todas las reformas y mejoras de carácter administrativo que no involucran ninguna modificación legal, y así lograr destrabar los trámites sectoriales que no conversan entre sí y ahogan los proyectos de inversión.
Las propuestas mencionadas, como otras que las puedan complementar (por ejemplo, la urgente modernización del “Estado Digital”), podrían contribuir a la materialización de importantes proyectos de inversión, en energía como en otras industrias clave.
Fuente: Diario Financiero, Jueves 12 de Octubre de 2023
