CPI – Habiendo superado este período de “hibernación económica”, llegará el momento de replantearnos hacia donde mirar desde la perspectiva de la infraestructura. Es sabido que esta cumple con dos funciones principales: por una parte, es una generadora de empleo presente, cuestión que en estas circunstancias es fundamental; y, por otra, es creadora de oportunidades futuras, condición irrenunciable para recuperar una mirada de largo plazo en nuestro desarrollo como país. Para ello es posible, desde la infraestructura resolver cuellos de botella que surge en el día y que una vez resueltos gatillan comportamientos que suponen mayor bienestar para la comunidad o bien, se puede -a través de inversiones en este sector- generar oportunidades que no necesariamente estaban en el imaginario, como si lo hicieron nuestros antepasados al ocupar el territorio.Pensando en el futuro inmediato, deberá ser a través de la infraestructura que de alguna manera se contrarreste la caída en la tasa de empleo que tendrá lugar como consecuencia de la crisis sanitaria y de la menor potencia de la economía nacional ocasionada por el estallido social. Para ello las instituciones encargadas de las obras de infraestructura tendrán que velar por mantener, lo más activa posible, su cartera de inversiones, tanto las financiadas por recursos públicos como aquellas que puedan materializarse a través de los diferentes mecanismos de asociación público-privada que existen en el país.
Si no es posible mantener el nivel de actividad, porque la crisis sanitaria lo impide, será necesario asegurar la continuidad de las empresas, en la medida que se comparta el llamado del Ministro de Hacienda de asumir este como un periodo transitorio. Esto debiera expresarse en facilitar la adaptabilidad de las planillas de las empresas; pagarles lo antes posible los estados de pago; ponerse al día a la mayor velocidad posible con las deudas de arrastre e impulsar la pronta ejecución de proyectos financiados privadamente, detenidos por diferentes circunstancias.
Junto con ello, será necesario preparar proyectos de fácil ejecución que puedan ponerse en marcha apenas se entre en un período de pos-hibernación. En general estos son de bajos montos, con una importante capacidad de absorción de mano de obra e impacto social, al localizarse en comunidades, en general, de menor densidad poblacional y de bajos niveles de ingreso. Nuestras ciudades están llenas de oportunidades de intervención de esta naturaleza, como ha quedado en evidencia en los últimos meses.
Entre estos proyectos de corto plazo proponemos estudiar la posibilidad de un Plan Nacional de Desalación para pequeñas localidades, en el entendido que seguiremos inmersos en una crisis hídrica de proporciones y que la solución vía “camiones aljibe” es aceptable para uno o dos años, pero no puede ser considerada una solución definitiva. De este plan podrá luego derivarse en un Plan de Inversión en Infraestructura Hídrica para hacerse cargo del cambio climático y sus consecuencias más estructurales en el país, que contemple desalación a gran escala, trasvases de agua de cuencas superavitarias a cuencas deficitarias y diferentes formas de acumulación y distribución.
Otro campo de acción inmediata, que surge de la coyuntura, es la necesidad de dotar al país de una red de conectividad digital de última generación. Las nuevas prácticas que bien pueden surgir de esta dramática experiencia que nos ha tocado vivir como país, como es la medicina, la educación, los trámites de diferente naturaleza, las compras, la gestión tecnológica en nuestros bosques y agro, entre otras, a distancia, requieren cobertura de calidad y plena. Es cierto que en Chile hemos avanzado en esto, sin embargo, la conectividad sigue siendo un factor de discriminación muy odioso y una limitante para un desarrollo más pleno de ciertas actividades. Esta situación se puede superar con políticas públicas que pongan en el centro la plena cobertura del territorio, a través de Internet, y el requisito al sector privado -para ser parte de la industria- de asegurar calidad en las prestaciones.
Cada una de estas iniciativas no sólo contribuirá a disminuir los impactos negativos de las sucesivas crisis que hemos vivido en los últimos meses, sino que nos preparará para abordar los grandes desafíos que demanda nuestro desarrollo para ser un mejor país.
En una perspectiva de más largo plazo para tomar decisiones que, a partir de las nuevas condiciones que emerjan de esta crisis múltiple, nos aseguren en el menor tiempo posible alcanzar los niveles de bienestar compartido a los que todos aspiramos para nuestro país. Siempre teniendo presente que seremos más pobres de lo que éramos y que heredaremos de esta crisis un país más endeudado para enfrentar los desafíos del futuro.
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Si no es posible mantener el nivel de actividad, porque la crisis sanitaria lo impide, será necesario asegurar la continuidad de las empresas, en la medida que se comparta el llamado del Ministro de Hacienda de asumir este como un periodo transitorio. Esto debiera expresarse en facilitar la adaptabilidad de las planillas de las empresas; pagarles lo antes posible los estados de pago; ponerse al día a la mayor velocidad posible con las deudas de arrastre e impulsar la pronta ejecución de proyectos financiados privadamente, detenidos por diferentes circunstancias.
Junto con ello, será necesario preparar proyectos de fácil ejecución que puedan ponerse en marcha apenas se entre en un período de pos-hibernación. En general estos son de bajos montos, con una importante capacidad de absorción de mano de obra e impacto social, al localizarse en comunidades, en general, de menor densidad poblacional y de bajos niveles de ingreso. Nuestras ciudades están llenas de oportunidades de intervención de esta naturaleza, como ha quedado en evidencia en los últimos meses.
Entre estos proyectos de corto plazo proponemos estudiar la posibilidad de un Plan Nacional de Desalación para pequeñas localidades, en el entendido que seguiremos inmersos en una crisis hídrica de proporciones y que la solución vía “camiones aljibe” es aceptable para uno o dos años, pero no puede ser considerada una solución definitiva. De este plan podrá luego derivarse en un Plan de Inversión en Infraestructura Hídrica para hacerse cargo del cambio climático y sus consecuencias más estructurales en el país, que contemple desalación a gran escala, trasvases de agua de cuencas superavitarias a cuencas deficitarias y diferentes formas de acumulación y distribución.
Otro campo de acción inmediata, que surge de la coyuntura, es la necesidad de dotar al país de una red de conectividad digital de última generación. Las nuevas prácticas que bien pueden surgir de esta dramática experiencia que nos ha tocado vivir como país, como es la medicina, la educación, los trámites de diferente naturaleza, las compras, la gestión tecnológica en nuestros bosques y agro, entre otras, a distancia, requieren cobertura de calidad y plena. Es cierto que en Chile hemos avanzado en esto, sin embargo, la conectividad sigue siendo un factor de discriminación muy odioso y una limitante para un desarrollo más pleno de ciertas actividades. Esta situación se puede superar con políticas públicas que pongan en el centro la plena cobertura del territorio, a través de Internet, y el requisito al sector privado -para ser parte de la industria- de asegurar calidad en las prestaciones.
Cada una de estas iniciativas no sólo contribuirá a disminuir los impactos negativos de las sucesivas crisis que hemos vivido en los últimos meses, sino que nos preparará para abordar los grandes desafíos que demanda nuestro desarrollo para ser un mejor país.
En una perspectiva de más largo plazo para tomar decisiones que, a partir de las nuevas condiciones que emerjan de esta crisis múltiple, nos aseguren en el menor tiempo posible alcanzar los niveles de bienestar compartido a los que todos aspiramos para nuestro país. Siempre teniendo presente que seremos más pobres de lo que éramos y que heredaremos de esta crisis un país más endeudado para enfrentar los desafíos del futuro.
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Fuente: CPI, Lunes 06 de Abril de 2020
