PULSO – A pocas horas de dejar su cargo como presidente de la CChC, Patricio Donoso aborda la reactivación de obras con trabajadores confinados. Afirma que algunas empresas no podrán asumir sobrecostos como el traslado de trabajadores y que es una medida “revisable”.
”El paso que nos tocó dar a nosotros es la transformación de la industria, de ser una industria sostenible y con una mirada de aportar al país y a las personas. Ese ha sido nuestro propósito durante estos dos años”, dice el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Patricio Donoso, a pocas horas de dejar su cargo tras cumplir dos periodos como líder de uno de los principales gremios del país. Este jueves se realiza la elección para definir al nuevo timonel, competencia que tiene como protagonistas a Antonio Errázuriz y Andrés Arriagada.
Donoso deja la presidencia en un momento en que la construcción ha sido uno de los sectores más afectados por la crisis en cuanto a la pérdida de empleo. Señala que la recuperación de los puestos de trabajo dependerá si se genera una pronta activación de las obras.
El gobierno permitió reactivar obras con trabajadores en cuarentena, con la condición de transporte privado y previo PCR. ¿Es suficiente o insisten en que debe ser considerada actividad esencial?
-Ese es nuestro gran objetivo y siempre lo hemos declarado así. Entendemos que para llegar a eso hay que dar pasos, pero la construcción como en muchos otros países, puede ser declarada una actividad esencial porque toma los resguardos para cuidar la salud de los trabajadores. Y las cifras lo muestran: las mutuales con las cifras a julio reportaban que los contagios en las obras de la construcción eran 3 cada 1.000 trabajadores activos, esa misma tasa a nivel de la población es siete meses mayor. Por lo tanto, vamos a seguir conversando con todos los actores que sea necesario para que demostrar cuál es la realidad. Entendemos que tal vez las personas tengan una visión no actualizada de nuestro industria que se ha transformado mucho en los últimos años, pero cuando hemos invitado autoridades a visitar los estándares que se aplican en las obras, escuchan de los propios trabajadores que sí es posible complementar el cuidado de la salud con el trabajo.
¿Han recibido solicitudes de constructoras para reanudar obras?
-Hemos recibido y se lo hemos estado traspasando al Ministerio de Economía. Esto requiere un proceso previo, hay un análisis bajo qué situación está el trabajador, hay que aplicar los test PCR, por lo tanto, no es algo inmediato, así que esperamos que en el transcurso de estos días sigan aumentando el número de solicitudes. Pero puede haber empresas que de acuerdo a la estructura de costos que tiene el proyecto, estos sobrecostos no los pueden asumir.
¿Qué tan costoso es para una empresa?
-No lo podemos cuantificar por ahora, pero no son costos menores. El transporte depende mucho de la realidad de cada obra, dónde está ubicada y el origen de sus trabajadores, hay que pagar entre $5 mil y $10 mil diarios por trabajador, puede ser incluso un poco más o un poco menos. También hay una realidad distinta de Santiago a otras zonas porque esta medida aplica a los distintos lugares del país. Los exámenes PCR también tienen su costo, así que estamos viendo como poder aplicarlo de manera eficiente en las obras. Y los costos no son solamente producto de estas medidas, también hay que pensar que la operación diaria requiere mayor equipamiento, mayores zonas comunes y elementos de protección personal, y dado los sistemas de turno y distribución de personas en los lugares de trabajo, en algunas faenas se ha tenido un impacto en la productividad. Son costos que no estaban considerados inicialmente en el desarrollo de los proyectos.
¿Es menos costoso la detención total que cumplir con las exigencias de transporte privado y PCR?
-Ese análisis lo tiene que hacer cada empresa, pero puede darse ese escenario.
¿Considera que las exigencias son excesivas?
-Después de un tiempo tan extenso de paralización, es muy importante y una buena medida realizar los PCR, da una base para partir bien y de forma gradual, pero lo del transporte creo que es más revisable, porque tampoco creemos que sea un objetivo crear un transporte paralelo al transporte público. El transporte público tiene que adecuarse también a las medidas sanitarias que den confianza y seguridad a los usuarios. En otros países parte una primera etapa con medidas como esta de transporte privado pero migran rápidamente a adecuar los sistemas de transporte público a los estándares que se requiere.
En noviembre entra en vigencia la ley de aportes al espacio público, ¿se debería aplazar?
-Nos preocupa el impacto que puede generar el cambio en situaciones que no son de fácil coordinación para la operación diaria. Implementar un cambio de una magnitud que no es menor, le puede poner una restricción importante a cualquier plan de reactivación. Además dentro de la ley y el reglamento no hay claridad respecto de que pasa con la transición. Hay dudas de como implementar esto, lo hemos hablado con las distintas autoridades y creemos que existe un entendimiento. Bajo esta situación especial, hay que tomar medidas extraordinarias también y una de esas es priorizar en estos momentos la reactivación versus la implementación de esta nueva ley.
Fuente: Pulso, Jueves 27 de Agosto de 2020
