EL MERCURIO ON LINE – En medio de la alta inflación que golpea al país, el Gobierno está recibiendo una serie de presiones para que tome medidas referentes a evitar que el costo de la vida se siga elevando.
Es así como, por ejemplo, en materia de transporte, desde Apruebo Dignidad le solicitan mantener congeladas las tarifas del transporte público en 2023, pero otro foco de parlamentarios también apunta a evitar un elevado reajuste a los precios de los peajes y TAG de las autopistas y rutas del país para el año entrante.
Es que las empresas pueden ajustar anualmente sus tarifas acorde al aumento de la inflación, la que, según el Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central publicado en septiembre, se espera que termine el año acumulando una variación anual de 12%, lo que preocupa a congresistas.
A lo largo de Chile hay 23 concesiones viales interurbanas operativas. Se trata de los caminos o carreteras que unen ciudades, pueblos o localidades fuera del Gran Santiago. Por ejemplo, la Ruta 5 entre Santiago y Los Vilos, o a hacia el sur, el tramo Santiago y Talca.
Asimismo, existen siete concesiones de infraestructura vial urbana. Como pueden ser en Santiago la Autopista Central, la Costanera Norte o el sistema Américo Vespucio Sur, entre la Ruta 78 y Av. Grecia.
Es el Ministerio de Obras Públicas el que tiene la facultad de administrar las concesiones. Dependiendo de cada contrato, se establece una seria de servicios que se deben entregar en las vías, y también se define el ajuste en los valores de los peajes y pórticos.
En octubre de 2019, tras cinco meses de negociaciones y en medio de las presiones por el estallido y el movimiento “No+Tag”, el Gobierno de Sebastián Piñera y las concesionarias de las autopistas urbanas de la capital acordaron eliminar el reajuste de 3,5% + IPC que aplicaban año a año, pactando que las alzas solo serían en base a la variación de la inflación, eliminando el componente fijo. Sin embargo, y producto de la hitórica inflación que ha golpeado al país este año, el reajuste para 2023 sería igualmente importante, por lo que el tema vuelve al debate.
Consultado por Emol respecto a cuándo habría claridad respecto a estas alzas, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, expuso que “estamos en permanente diálogo con las concesionarias quienes nos tienen que entregar su propuesta y, en función de eso, evaluaremos las medidas a implementar. Todavía estamos en plazo para ello”.
“Creemos que en estos días van a hacer un propuesta formal. Esperamos poder tener una respuesta para poder entregarle a la ciudadanía próximamente”, agregó.
Así, mientras el Ejecutivo está a la espera de lo que pongan sobre la mesa las concesionarias, han comenzado a levantarse voces desde el Congreso -tanto del oficialismo como de la oposición- para instar al Gobierno a negociar los contratos y así poder frenar el alza que se aproxima.
Parlamentarios consultados por este medio coinciden en que un aumento que alcance el 12% -o más- afectaría considerablemente la economía familiar y piden que el Ministerio de Obras Públicas tome cartas en el asunto.
El diputado socialista Gastón Saavedra, sostuvo que “es una situación insostenible el cómo se están fijando las tarifas de peajes y . Es un costo que se va a agregar al transporte y esto lo va a pagar la ciudadanía. Todos vamos a ser parte de un proceso de aumento unilateral por parte de los que son dueños de las carreteras”.
“Esta situación la tiene que revisarse por el Estado chileno, tiene que revisarse el contrato y buscar las formas en cómo los costos de aumento no se traspasen a los ingresos de las personas, que cada día se ve más menguado producto de estas situaciones”, agregó.
A su vez, la diputada Camila Musante (IND), dijo que “es bastante preocupante, porque significaría un alza sin precedentes en el valor del TAG y los peajes de todo el país, que además han sido bastante cuestionados en el último tiempo por los diversos problemas de seguridad en las autopistas”.
En esa misma línea, llamó al Gobierno y al MOP a que “puedan tomar medidas que permitan frenar este reajuste o conseguir que el alza sea menor al IPC anual, porque esto va a afectar nuevamente la economía de las personas, ya que en el caso del transporte de pasajeros estas alzas se traspasan a los usuarios y para los automovilistas sería imposible de costear si le agregamos las sostenidas alzas en el precio de los combustibles”. “Estaremos pendientes a los anuncios en esta materia, porque este reajuste se debería comenzar a materializar desde el 1 de enero y ya estamos contra el tiempo”, acotó.
Asimismo, el subjefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, indicó que “no creemos que sea el momento para un reajuste tan elevado, tomando en consideración que los salarios de los trabajadores se han visto perjudicados en el último tiempo debido a la inflación y el alza en el precio de los combustibles, entre otros”.
“Entendemos que los contratos con las autopistas y concesionarias están fijados de esta forma, pero lamentablemente estos reajustes son abusivos y perjudican especialmente a la clase media, que utiliza las carreteras para poder trasladarse a sus lugares de trabajo. Y en caso de usar servicios de transporte de pasajeros, esta alza se traspasa al consumidor, lo que los perjudica aún más”, sostuvo.
Por su parte, el diputado Agustín Romero (PLR) dijo que “ante el eventual aumento de precio del transporte público y peajes en alrededor de un 13% para 2023 según el IPC, consideramos que es un aumento muy alto por parte de las autopistas y tendría un gran impacto en el bolsillo de las personas, por lo que el Gobierno debería negociar extraordinariamente la extensión de los contratos vigentes con las concesionarias, lo que se ha hecho en otras oportunidades con autopistas urbanas, para así evitar tener un gran alza en los precios como también nuevas y futuras protestas de camioneros, transportistas y automovilistas que afectan a todo el país”.
“Debemos destacar que las autopistas tienen concesiones y contratos millonarios por años, de los cuales el Estado también se beneficia de su recaudación, por lo que acá esta alza no se puede justificar con pérdidas económicas, porque no es así”, subrayó.
Finalmente, el diputado Mauro González (RN) afirmó que “sin duda que esto sería un nuevo golpe al bolsillo de las familias, a lo que se sumaría el alza en el transporte público. En el caso de la zona sur de nuestro país tenemos bastantes peajes y algunos con un valor muy elevado, entonces un reajuste tan grande va a impactar negativamente a la ciudadanía”.
“Esperamos que el MOP pueda llegar a un acuerdo con las concesionarias para mitigar esta alza tan grande que se vendría para el próximo año, porque con la subida de los combustibles, ahora en los pasajes y además en los peajes, es insostenible para la realidad económica actual”, cerró.
Fuente: El Mercurio On Line, Jueves 1 de Diciembre de 2022
