EL MERCURIO ON LINE – Entidades de regantes y usuarios de derechos de agua en el país –desde Atacama hasta La Araucanía- acusaron al Gobierno de intentar “usurpar” las atribuciones que la ley entrega a las Juntas de Vigilancia y demás organizaciones de usuarios de agua para la gestión del vital elemento.
Una declaración conjunta suscrita por 22 juntas de vigilancia y dos organizaciones de usuarios, señaló que “nos hemos reunido para denunciar ante la opinión pública una de las más graves infracciones legales de las últimas décadas, consistente en el intento del Gobierno de usurpar las atribuciones de las organizaciones de usuarios en la administración y gestión de los derechos de agua, con grave infracción de la Constitución y las leyes”.
En concreto, las entidades critican la instalación de los denominados “Consejos de Cuenca piloto” en 16 zonas del país y ponen en duda la legalidad de la medida al crearse nuevos órganos sin previa ley. “Se pretende imponer en los hechos lo que fue rechazado en la reforma al Código de Aguas y en el proyecto de Nueva Constitución”, subrayó la declaración.
“En efecto, desde fines de 2022, lo que se ha venido intensificado en el último tiempo, diversas autoridades y funcionarios de Gobierno están dedicando recursos públicos y realizando diversas gestiones para la instalación de un organismo de facto y al margen de la ley, que han denominado ‘Consejos de Cuenca pilotos‘. Saltándose toda la institucionalidad vigente, han comenzado a organizar de hecho su efectiva instalación, con la excusa de que, posteriormente, una ley regularizaría a estos órganos de hecho”, agregó.
Quienes suscribieron a la declaración cuestionan que el Ejecutivo “quiera entregar poder de decisión” a estas entidades, para que decidan respecto a la distribución de las aguas de los diversos ríos y esteros, sustituyendo o interviniendo en las actuales organizaciones de usuarios de aguas del país, “en especial sus juntas de vigilancia”.
En ese sentido, el documento expuso que la actual legislación entrega la función de distribuir las aguas a las propias organizaciones de usuarios. “Lo anterior se concreta a través de una organización denominada Junta de Vigilancia, que está a la cabeza de una pirámide de organizaciones de usuarios de aguas y de titulares de los derechos de aprovechamiento”.
“El espíritu de la legislación es que la labor de distribución de las aguas sea efectuada por quienes sean titulares de derechos. Se trata de un más que centenario mecanismo de descentralización, que ha funcionado de manera exitosa, asegurando a todos los usuarios la recepción de las aguas que les corresponde según derecho”, añadió. En esa línea, el documento subrayó que la instalación del Consejo de Cuencas al margen de la ley generará graves conflictos en la ya difícil gestión de aguas del país”. Además, enumeró las eventuales violaciones a la Constitución, como el quiebre al principio de legalidad al instarse nuevos órganos sin previa ley; usurpar las atribuciones legales que se reconocen a las organizaciones de usuarios de aguas; y cometer una infracción del principio de legalidad en el gasto, dado que no existe en la ley de Presupuestos recursos para este fin.
“Por todo lo expuesto, las organizaciones firmantes denunciamos este intento de actuación ilegal y rechazamos categóricamente que las autoridades busquen imponer en los hechos una política pública que el Congreso y la ciudadanía han rechazado. Llamamos al Presidente de la República, Gabriel Boric, a detener de inmediato esta actuación ilegal e inconstitucional”, se indicó en la declaración.
Por último, las organizaciones ingresaron una solicitud de pronunciamiento en la Contraloría General de la República para que determine la legalidad de esta instalación de “Consejos de Cuenca piloto” por parte del Gobierno.
La defensa del MOP
En tanto, según señalaron a El Mercurio desde el Ministerio de Obras Públicas (MOP), “se ha enfatizado que las organizaciones de usuarios de agua cumplen un rol fundamental y que el consejo de cuenca no tendría atribuciones en materia de distribución ni prorrateo de las aguas”.
Además, dijeron que, junto con la Dirección General de Aguas (DGA), se han reunido con juntas de vigilancia de siete regiones para escuchar sus aprensiones y sugerencias ante el proceso.
“En ninguna de estas reuniones ni en otras instancias se ha planteado restar atribuciones desde el Ejecutivo a las OUA”.
Fuente: El Mercurio On Line, Martes 17 de Agosto de 2023
