EL MERCURIO – El Gobierno ha anunciado un gran plan de obras públicas para la reactivación económica del país pospandemia. El Presidente informó que se invertirán US$ 4.500 millones adicionales a los contemplados en los presupuestos regulares de los próximos dos años de los ministerios de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Vivienda y otros. Como era de esperarse, casi dos tercios de ese monto extraordinario irán al MOP. Estos recursos se invertirán en proyectos viales, hidráulicos, de aeropuertos y otros sectores. Se busca generar así un impulso importante, que las autoridades esperan sea complementado por obras del sector privado; esto último, acelerando los procesos de aprobación de iniciativas y agilizando el mecanismo de concesiones. Finalmente, se licitará un gran número de inmuebles fiscales para ser usados por la inversión privada.
Es evidente la magnitud de este esfuerzo por parte del Gobierno, pero lograr que ese monto adicional de recursos sea efectivamente ejecutado en el plazo de dos años constituye un desafío no menos complejo. Cuando se trata de obras como la reposición y mejoramiento de caminos, mantención de pistas de aeropuertos o mejoramiento, conservación y ampliación de sistemas de agua rurales, su implementación es rápida una vez que se dispone de los dineros. Sin embargo, en otros casos, como la construcción de nuevos caminos, puentes, obras de riego y similares, será mucho más difícil lograr avances significativos de modo que puedan generar alto empleo en el período 2021-2022, a excepción de aquellas obras cuyos diseños ya se encuentren casi terminados.
Lo mismo ocurre con los proyectos del sector privado. Una nueva concesión, incluso estando ya adjudicada, requiere un período de al menos un año para la aprobación por parte del MOP de su ingeniería de detalle (esto, obviando la posibilidad de dificultades con los estudios ambientales que ralenticen el proceso). Es por lo tanto difícil que la construcción se inicie en el corto plazo, a menos que el proyecto se encuentre en una etapa avanzada. Diferente en cambio es la situación de las obras complementarias de concesiones. En efecto, regularmente los concesionarios disponen de carteras de este tipo de obras preparadas para situaciones como la que hoy se vive. Como requieren de menos estudios y su licitación es realizada por el propio concesionario, pueden implementarse más rápidamente. Suele tratarse de iniciativas rentables, que se aprueban con rapidez en momentos de crisis, aunque no siempre corresponden al mejor uso posible de los recursos.
En situaciones de emergencia económica como la actual, la ley, con el fin de reactivar, permite eliminar ciertas barreras que normalmente dificultan un rápido gasto del Estado. Si bien algunas de estas trabas deberían eliminarse definitivamente por su carácter contraproducente —tal como lo ha recomendado la Comisión Nacional de Productividad—, otras representan mecanismos diseñados para reducir la ineficiencia en el gasto público y evitar la corrupción. Hay aquí un complejo equilibrio a alcanzar entre los efectos positivos y los riesgos que plantea este crecimiento repentino de la inversión en infraestructura pública. Afortunadamente, los equipos en los ministerios técnicos, que serán los encargados de llevar adelante y dirigir el mayor gasto, son de buen nivel profesional. De este modo, si no existen demasiadas interferencias motivadas, por ejemplo, por consideraciones políticas, es posible que el adelanto e incremento de obras contribuya a acelerar el crecimiento hoy, mientras que las obras mismas, una vez concluidas, aporten a su vez a un mayor dinamismo futuro.
Fuente: El Mercurio, Viernes 21 de Agosto de 2020
Obras reactivadoras
EL MERCURIO – El Gobierno ha anunciado un gran plan de obras públicas para la reactivación económica del país pospandemia. El Presidente informó que se invertirán US$ 4.500 millones adicionales a los contemplados en los presupuestos regulares de los próximos dos años de los ministerios de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Vivienda y otros. Como era de esperarse, casi dos tercios de ese monto extraordinario irán al MOP. Estos recursos se invertirán en proyectos viales, hidráulicos, de aeropuertos y otros sectores. Se busca generar así un impulso importante, que las autoridades esperan sea complementado por obras del sector privado; esto último, acelerando los procesos de aprobación de iniciativas y agilizando el mecanismo de concesiones. Finalmente, se licitará un gran número de inmuebles fiscales para ser usados por la inversión privada.
Es evidente la magnitud de este esfuerzo por parte del Gobierno, pero lograr que ese monto adicional de recursos sea efectivamente ejecutado en el plazo de dos años constituye un desafío no menos complejo. Cuando se trata de obras como la reposición y mejoramiento de caminos, mantención de pistas de aeropuertos o mejoramiento, conservación y ampliación de sistemas de agua rurales, su implementación es rápida una vez que se dispone de los dineros. Sin embargo, en otros casos, como la construcción de nuevos caminos, puentes, obras de riego y similares, será mucho más difícil lograr avances significativos de modo que puedan generar alto empleo en el período 2021-2022, a excepción de aquellas obras cuyos diseños ya se encuentren casi terminados.
Lo mismo ocurre con los proyectos del sector privado. Una nueva concesión, incluso estando ya adjudicada, requiere un período de al menos un año para la aprobación por parte del MOP de su ingeniería de detalle (esto, obviando la posibilidad de dificultades con los estudios ambientales que ralenticen el proceso). Es por lo tanto difícil que la construcción se inicie en el corto plazo, a menos que el proyecto se encuentre en una etapa avanzada. Diferente en cambio es la situación de las obras complementarias de concesiones. En efecto, regularmente los concesionarios disponen de carteras de este tipo de obras preparadas para situaciones como la que hoy se vive. Como requieren de menos estudios y su licitación es realizada por el propio concesionario, pueden implementarse más rápidamente. Suele tratarse de iniciativas rentables, que se aprueban con rapidez en momentos de crisis, aunque no siempre corresponden al mejor uso posible de los recursos.
En situaciones de emergencia económica como la actual, la ley, con el fin de reactivar, permite eliminar ciertas barreras que normalmente dificultan un rápido gasto del Estado. Si bien algunas de estas trabas deberían eliminarse definitivamente por su carácter contraproducente —tal como lo ha recomendado la Comisión Nacional de Productividad—, otras representan mecanismos diseñados para reducir la ineficiencia en el gasto público y evitar la corrupción. Hay aquí un complejo equilibrio a alcanzar entre los efectos positivos y los riesgos que plantea este crecimiento repentino de la inversión en infraestructura pública. Afortunadamente, los equipos en los ministerios técnicos, que serán los encargados de llevar adelante y dirigir el mayor gasto, son de buen nivel profesional. De este modo, si no existen demasiadas interferencias motivadas, por ejemplo, por consideraciones políticas, es posible que el adelanto e incremento de obras contribuya a acelerar el crecimiento hoy, mientras que las obras mismas, una vez concluidas, aporten a su vez a un mayor dinamismo futuro.
Fuente: El Mercurio, Viernes 21 de Agosto de 2020
