EL MERCURIO – Hoy son varias las empresas -nacionales e internacionales- que están a cargo de la construcción y administración de importantes iniciativas, como la expansión del aeropuerto de Santiago, u otras ya existentes, como las rutas de acceso a la capital.
Para verificar que estos proyectos funcionen de la manera correcta o cumplan con los contratos, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) cuenta con un sistema de fiscalización y sanción, el que detecta faltas y fallas en estas operaciones.
Durante el primer semestre, la cartera estableció 33 resoluciones sancionatorias contra las empresas. Estas implicaron 624 multas -de diferentes montos acordes a las faltas contractuales en cada sanción- que se tradujeron en $1.071 millones. Así lo informó la nueva Dirección General de Concesiones (DGC), que reemplazó en agosto a la antigua coordinación.
El detalle
De acuerdo con los datos de la institución, el 45% de las multas cursadas fue por contratos de infraestructura vial interurbana, como las autopistas, por ejemplo, categoría que alcanzó $798 millones. En segundo lugar quedaron los proyectos penitenciarios, con un 39% y $124 millones, a los que les siguen las edificaciones públicas, con un 12% y un total de $103 millones (ver infografía).
En tanto, las causas más comunes, según la DGC, son “los atrasos o incumplimientos en la entrega de informes, y atrasos en la entrega de las respuestas a las observaciones efectuadas por el inspector fiscal en el proceso de revisión de los proyectos de ingeniería”.
También se registran problemas con las etapas de construcción, las instrucciones que imparten los inspectores fiscales, y en el caso de las edificaciones, hay faltas en algunos indicadores relacionados “con la prestación de servicios, incumplimiento de normativa ambiental y laboral”.
Operación del sistema
Para Carlos Cruz, exministro de Obras Públicas y hoy secretario ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), “se está cobrando poco más de US$ 1 millón en multas por activos que equivalen a más de US$ 15 mil millones, lo que quiere decir que las concesionarias cumplen con los compromisos contraídos”.
Añade que se trata de una información que valida “el sistema sancionatorio”. En esa línea, dice que las sanciones “funcionan como incentivos para que las empresas mantengan un buen funcionamiento de los proyectos”.
Mientras, Leonardo Daneri, presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), afirma que “hay que mantener un equilibrio entre el monto, frecuencia y razón de las multas con el tipo de servicio que se presta, ya que en algunos contratos es más complejo que en otros, y eso se tiene que revisar”.
Daneri enfatiza en esta arista y destaca que “la multa persigue que se obtenga el mejor servicio posible; y si alguien no lo hace bien, que le cueste, a tal punto que puede perder la concesión. Pero la forma en la que se aplique no puede ser discrecional, y eso es un tema que se debe analizar y mejorar”.
Fuente: El Mercurio, Lunes 08 de octubre de 2018
