COOPERATIVA – ¿Tendrán las nuevas autoridades las atribuciones necesarias para definir en cada región un plan maestro de conectividad e infraestructura digital? ¿Será posible una nueva dinámica donde los territorios y su gente puedan elaborar sus propias y pertinentes agendas digitales locales?.
Ha concluido la elección de las y los gobernadores en el país, autoridades que asumirán la dirección superior en las funciones de administración regional, constituyendo con ello un hito del avance en la descentralización territorial de la nación.
En los programas de gobierno que presentaron las candidaturas definían los desafíos territoriales, sus respectivas estrategias de desarrollo, apuntaban a las principales transformaciones, asumían las urgencias y necesidades inmediatas, priorizaban sus políticas y programas sociales. Entre las primeras definiciones que se encuentran entre sus propuestas está hacerse cargo de los retos sobre la inclusión digital, del avance tecnológico, de la transformación digital, de incentivar la ciencia y la innovación, de la promoción de la conectividad digital y del acceso a Internet; de las desigualdades digitales y de las brechas de uso, habilidades y asequibilidad, por tratarse de un eje central para la vida cotidiana de los ciudadanos.
¿Tendrán las nuevas autoridades las atribuciones necesarias para definir en cada región un plan maestro de conectividad e infraestructura digital? ¿Será posible una nueva dinámica donde los territorios y su gente puedan elaborar sus propias y pertinentes agendas digitales locales? ¿Será viable incorporar la infraestructura digital y su acceso como un habilitante para los desarrollos humanos y productivos de cada región? ¿Será posible generar incentivos para estimular la inversión digital en la región? ¿Se podrá promover una nueva generación de asociación pública/privada de cara a la ciudadanía? La respuesta es “sí”, estamos ante una nueva fase en la generación de políticas para el desarrollo digital anclada en los espacios subnacionales.
Un/a gobernador/a tiene precisamente entre sus principales obligaciones la posibilidad de organizar el progreso del territorio. Entre sus atribuciones está la formulación de políticas de desarrollo de la región, desde donde se instala la estrategia digital, sus programas y acciones; además se suma la competencia de diseñar un nuevo ordenamiento territorial, incentivar infraestructuras habilitadoras, reducir la pobreza, fomentar la equidad y justicia territorial, la creación de ecosistemas productivos, de generación empleos y de trabajo decente, además de promover el desarrollo inclusivo, social y cultural de los habitantes de la región. También le corresponde diseñar el proyecto del presupuesto de inversiones, además de plantear la celebración de los convenios de programación -con los que puede sumar recursos económicos- y convocar al mundo privado, por medio de la creación de corporaciones de desarrollo.
Hasta hoy no existe ninguna región que cuente con un modelo de desarrollo digital en el país. Los nuevos gobiernos regionales tienen una oportunidad de hacerlo mejor, de hacer un “click” para entender el vertiginoso impacto del avance tecnológico y digital, más ahora que nunca donde ha sido tan clara la necesidad de acceder a Internet, y el costo para quienes no lo tienen. Una Internet asequible, segura, confiable, sustentable y de calidad, con dispositivos adecuados, con los gigas necesarios y con planes al alcance del bolsillo son los mínimos para un bienestar digital digno y una canasta básica digital.
La autoridad regional electa tiene la posibilidad de instalar un nuevo paradigma que se haga cargo de los desafíos que implica avanzar hacia el pleno desarrollo digital de las regiones. Una vez que asuma, se encontrará con un sector en plena ola de cambios -tanto por la alta y sostenida demanda por más y mejor conectividad digital-y por una industria en constante evolución, con diferentes actores por capas, de infraestructura, de red, y de servicios; con un despliegue de redes abiertas; la compartición de infraestructura y la cooperación entre operadores. Además, en un ambiente de soluciones creativas e innovadoras de estándar neutral y agnóstico, tanto para los recursos móviles y fijos, con la alta densificación de redes, la calidad de los servicios y garantizar más conectividad a los usuarios finales y de última milla, la masificación del mercado residencial, del negocio mayorista y de los enlaces punto a punto para las redes 5G.
Contar con una nueva impronta regional es clave para avanzar y cumplir con más personas y hogares conectados, de extender la red 4G hacia zonas rurales y conurbadas; intensificar la capilaridad de la red de fibra óptica y desplegar a tiempo una red 5G, rompiendo el actual modelo sobre burocrático y errático que imposibilita el despliegue de infraestructura para todas y todos. La promesa de enfrentar la desigualdad digital, y contar a la vez con millones de aparatos conectados, necesita de una redefinición política que esté anclada en un plan maestro de conectividad digital regional, como una carta de navegación concreta.
Un plan para el despliegue de redes de infraestructura digital debe expresar un nuevo pacto para el desarrollo digital territorial ¿Para un municipio debe ser importante que se invierta en telecomunicaciones en su comuna? Por supuesto. Si se aumenta 10% la inversión total de telecomunicaciones en un territorio, éste tiene impacto positivo en reducir pobreza, incremento en atención de salud y bienestar, incremento en trabajo decente, más crecimiento económico, más acceso a la educación, sube la participación de los quintiles más pobres en los ingresos, ayuda a la acción por el cambio climático. Es decir, disponer, usar y acceder a una conectividad digital significativa tiene un impacto objetivo en mejorar la vida de los ciudadanos.
Un plan digital regional debe dar cuenta de una planificación a corto, mediano y largo plazo, con metas e indicadores objetivos y medibles, pertinente a cada contexto local y vinculante entre los organismos regionales, considerando la promoción de manera intensiva de la inversión pública y privada; homologar, armonizar y simplificar los trámites con una ventanilla única que permita concentrar y gestionar -en una sola plataforma interoperable-, la tramitación de solicitudes, permisos y autorizaciones, eliminando toda la permisología y tramitología innecesaria; hacer valer el “silencio administrativo positivo”; ampliar la capacidad para fomentar el despliegue y cobertura de los servicios de telecomunicaciones facilitando infraestructura pública, mobiliario público, bienes fiscales, dependencias públicas, bienes nacionales de uso público y de interés social que activen nuevos modelos de conectividad más cerca de las personas e ir cerrando objetivamente las brechas de acceso; promover la compartición de infraestructura y las servidumbres entre industrias; articular una solución intersectorial que asuma las particularidades y cuellos de botella y barreras en los despliegues de fibra óptica y sistemas radiantes, lo que hoy es crítico y hace inviable llegar a ciertas localidades.
Además de estrategias convergentes para abordar más allá de las brechas materiales de acceso, a la mental, aquella referida a la falta de experiencia digital elemental; otra de habilidades, sin la experiencia tecnológica, computacional, la que no se reduce al simple manejo de hardware y software, sino que es la capacidad de buscar, seleccionar, procesar, aplicar la información en una superabundancia de fuentes; y otra brecha de uso, que es la carencia de oportunidades de uso. Brechas que deben ser sumadas al comportamiento de ciertas variables propias de las desigualdades sociales como los ingresos, ocupación, educación, género, procedencia étnica, localización geográfica, edad, estado civil, y su impacto en las variables de posesión, habilidades, uso y consecuencias.
Las nuevas autoridades entienden que usar, disponer y acceder a una conectividad digital digna tiene un impacto objetivo en mejorar la vida de los ciudadanos. Por tanto, llegó el tiempo para comenzar a actuar y comenzar a brindarle a los vecinos oportunidades digitales de verdad y buscar soluciones innovadoras, diversas, creativas y pertinentes, sin descanso, que en el corto plazo, logremos conectar a los desconectados. Sí en dos años conectáramos a estos territorios urbanos y rurales estaríamos ante un nuevo escenario como país.
Estamos en un ambiente prometedor para desplegar una nueva arquitectura digital desde la región, con Internet de alta velocidad y calidad, asequible, por todo el territorio, con nuevos nodos de acceso y con servicios de “última milla”, que encuentra en las atribuciones del gobernador/a regional una oportunidad para dar un salto significativo, un plan maestro que integre la expansión de redes y de infraestructura digital como instrumentos habilitadores para el desarrollo de las personas, todo alineado con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.
Fuente: Cooperativa, Martes 16 de Junio de 2021
