LA TERCERA – El cuatrienio que terminó en 2017 fue el periodo de caída más prolongada de la inversión desde que existen cifras comparables. Las causas de este retroceso no solo respondieron a las transformaciones estructurales y de carácter refundacional impulsadas por la administración pasada –las que amplificaron el término de un ciclo expansivo en la inversión minera a nivel global-, también fueron reflejo de un visión crítica de la iniciativa privada por parte del Estado, que terminaron por desalentar el impulso creativo que se materializa en más y mejores proyectos de inversión.
Por esta razón es muy bienvenido el nuevo plan de concesiones que está impulsando el Ministerio de Obras Públicas. El plan incluye inversiones por casi US$15 mil millones – que podría ampliarse en el futuro- repartidos en unos 60 proyectos, con énfasis en infraestructura vial (casi US$9,6 mil millones) y la construcción de 18 hospitales (US$2,6 mil millones).
Además se incluirán siete aeropuertos, tres tranvías, dos teleféricos, entre otras obras.
Este programa permitirá por un lado estimular el avance de nuevas inversiones en infraestructura pública y conectividad, pero además da una poderosa señal política que contribuye a la generación de confianzas entre el Estado y el sector privado, ya que 15 de los proyectos serán impulsados por estos últimos.
Es destacable que el gobierno haya incluido el tren rápido Santiago-Valparaíso en este programa.
El consorcio conformado por un grupo empresarial de origen chino (China Railways Group Limited) e inversores locales (Sigdo Koppers) había pedido que el proceso de asignación operara de forma directa, utilizando una antigua legislación –la Ley General de Ferrocarriles-, y señalaron que de no hacerlo por esta vía sería “bien difícil que se materialice” el proyecto. Sin embargo, esta opción implicaba una alta vulnerabilidad para el gobierno ya que la empresa designada no estaba obligada a entregar boletas de garantía para la operación del servicio, y el mecanismo de la Ley de Ferrocarriles ha sido utilizado en el último tiempo solo para proyectos de carga. Es destacable que las autoridades que lideran el Ministerio de Obras Públicas hayan escogido el programa de concesiones para el impulso de estas iniciativas, el que permite una mayor competencia entre distintas propuestas y entrega una mayor certeza al Estado sobre la idoneidad de la inversión y la institucionalidad que debe resolver eventuales problemas.
Más allá de estos proyectos específicos, es valorable que el gobierno privilegie este nuevo programa, que trae aparejados 34 mil nuevos empleos en la fase de construcción. El foco exportador que tiene nuestra economía, el fuerte incremento del comercio transfronterizo y la descentralización productiva –entre otras exigencias actuales-, constituyen un imperativo para el desarrollo de mayor infraestructura pública, mejoras en la logística interna y asociada al comercio exterior, mayor conectividad y nuevos y más modernos métodos de transporte.
Cuando el Estado asume la tarea de promover la iniciativa privada en obras de carácter público, no solo mejora la capacidad productiva del país, sino que genera un impulso virtuoso que trae aparejado mayor crecimiento, más empleos y una mejor calidad de vida de los chilenos.
Fuente: La Tercera, Lunes 10 de septiembre de 2018
