EL MERCURIO – Red ha pasado a llamarse ahora el sistema de transporte público de Santiago, según acaba de anunciar el Gobierno. La nueva denominación apunta a dejar atrás las asociaciones negativas que inevitablemente suscita el antiguo nombre de Transantiago, enfatizando así que el sistema que resultará de la futura licitación de operadores, proveedores de flota y otros servicios significará un cambio radical frente al esquema existente.
El problema de este anuncio radica, por supuesto, en que el proceso de modificación de nombre -aunque se ha dicho que tendrá una implementación gradual- se ha iniciado antes de que ocurran los cambios que definirán al nuevo sistema. Por ahora, se trata de una nueva imagen corporativa para un sistema antiguo. En efecto, el único cambio hoy observable en el transporte de superficie es que un porcentaje inferior al 15% de los buses ha sido reemplazado por vehículos eléctricos o diésel más modernos. No es claro, por lo tanto, que este haya sido el momento adecuado para dar este paso; al contrario, el adelantamiento puede dañar innecesariamente la credibilidad ciudadana en la reforma que se lleva adelante en este ámbito. Esto, pues si bien los cambios prometidos son lo suficientemente importantes para que el sistema merezca entonces una denominación nueva, sin connotaciones negativas, falta probablemente más de un año para que entre en servicio ese nuevo esquema de transporte público. Por ahora, deben aún ingresar a Contraloría las bases de las licitaciones, las que seguramente requerirán modificaciones y correcciones antes de ser aprobadas. Posteriormente deberán ser estudiadas por los interesados, los que tendrán que definir sus ofertas. Entre ellas serán elegidas las mejores, decisión que también deberá ser aprobada por Contraloría, para finalmente emitir los decretos que adjudicarán los contratos. Entonces, las empresas deberán constituirse, obtener financiamiento y comenzar a operar.
Los cambios están diseñados para corregir varios problemas que existen en el Transantiago. Una de las principales dificultades del modelo actual es el tamaño de los operadores. Dado que son tan grandes, es imposible cambiarlos sin producir un período de desajuste en gran parte de la ciudad. Eso genera condiciones que desincentivan el buen servicio, pues tampoco existen formas efectivas de sanción, ya que las multas acumuladas no pueden superar un valor predeterminado, fijado en el contrato. Y aunque algunos operadores cuestionados aparezcan en una situación cercana a la quiebra, ello no es necesariamente indicativo de que el suyo sea un mal negocio, si se considera que empresas relacionadas y que le prestan servicios pueden ser altamente rentables. En el nuevo sistema, se facilita la posibilidad de cambiar a los operadores, de modo tal que esto constituya una amenaza creíble frente al mal servicio. Para ello, se considera contar con operadores de menor tamaño y cuyos contratos tendrán una menor duración, lo que permitirá mejorarlos si se detectan falencias. En este diseño, se requiere que los operadores no sean dueños de los buses, pues amortizar los costos de estos requiere contratos de largo plazo. Por eso aparece la figura de los proveedores, empresas dueñas de la nueva flota de buses, y que recibirán ingresos por arrendarlos a los operadores. Frente al riesgo de que el operador -al no ser dueño de la máquina- no realice el mantenimiento apropiado, este esquema demanda que sean los proveedores los que asuman esa responsabilidad y la certifiquen.
A su vez, se buscará dar solución a otro de los problemas del sistema actual que hacían difícil reemplazar a quien prestaba un mal servicio: la propiedad de los terminales, hoy en manos de los operadores. Ahora esa situación se terminará, de manera que quien reemplace a un operador castigado podrá entrar a funcionar en forma expedita.
El nuevo sistema también considera otros cambios. Entre ellos, mayor diversidad de medios de pago e integración tarifaria con medios ecológicos de transporte, como bicicletas de arriendo o scooters eléctricos, todo lo cual también beneficiará a los usuarios.
El transporte de superficie en Santiago ha mejorado en los últimos años, pero aún sigue siendo deficiente y de alto costo para el fisco. Es de esperar que el nuevo sistema responda a las promesas iniciales que se hicieron cuando se reformó el transporte público. Si así ocurriera, recién entonces se haría efectivamente merecedor de un nuevo nombre.
Ver Artículo
Fuente: El Mercurio, Martes 19 de Marzo de 2019
Nuevo nombre, sistema antiguo
EL MERCURIO – Red ha pasado a llamarse ahora el sistema de transporte público de Santiago, según acaba de anunciar el Gobierno. La nueva denominación apunta a dejar atrás las asociaciones negativas que inevitablemente suscita el antiguo nombre de Transantiago, enfatizando así que el sistema que resultará de la futura licitación de operadores, proveedores de flota y otros servicios significará un cambio radical frente al esquema existente.
El problema de este anuncio radica, por supuesto, en que el proceso de modificación de nombre -aunque se ha dicho que tendrá una implementación gradual- se ha iniciado antes de que ocurran los cambios que definirán al nuevo sistema. Por ahora, se trata de una nueva imagen corporativa para un sistema antiguo. En efecto, el único cambio hoy observable en el transporte de superficie es que un porcentaje inferior al 15% de los buses ha sido reemplazado por vehículos eléctricos o diésel más modernos. No es claro, por lo tanto, que este haya sido el momento adecuado para dar este paso; al contrario, el adelantamiento puede dañar innecesariamente la credibilidad ciudadana en la reforma que se lleva adelante en este ámbito. Esto, pues si bien los cambios prometidos son lo suficientemente importantes para que el sistema merezca entonces una denominación nueva, sin connotaciones negativas, falta probablemente más de un año para que entre en servicio ese nuevo esquema de transporte público. Por ahora, deben aún ingresar a Contraloría las bases de las licitaciones, las que seguramente requerirán modificaciones y correcciones antes de ser aprobadas. Posteriormente deberán ser estudiadas por los interesados, los que tendrán que definir sus ofertas. Entre ellas serán elegidas las mejores, decisión que también deberá ser aprobada por Contraloría, para finalmente emitir los decretos que adjudicarán los contratos. Entonces, las empresas deberán constituirse, obtener financiamiento y comenzar a operar.
Los cambios están diseñados para corregir varios problemas que existen en el Transantiago. Una de las principales dificultades del modelo actual es el tamaño de los operadores. Dado que son tan grandes, es imposible cambiarlos sin producir un período de desajuste en gran parte de la ciudad. Eso genera condiciones que desincentivan el buen servicio, pues tampoco existen formas efectivas de sanción, ya que las multas acumuladas no pueden superar un valor predeterminado, fijado en el contrato. Y aunque algunos operadores cuestionados aparezcan en una situación cercana a la quiebra, ello no es necesariamente indicativo de que el suyo sea un mal negocio, si se considera que empresas relacionadas y que le prestan servicios pueden ser altamente rentables. En el nuevo sistema, se facilita la posibilidad de cambiar a los operadores, de modo tal que esto constituya una amenaza creíble frente al mal servicio. Para ello, se considera contar con operadores de menor tamaño y cuyos contratos tendrán una menor duración, lo que permitirá mejorarlos si se detectan falencias. En este diseño, se requiere que los operadores no sean dueños de los buses, pues amortizar los costos de estos requiere contratos de largo plazo. Por eso aparece la figura de los proveedores, empresas dueñas de la nueva flota de buses, y que recibirán ingresos por arrendarlos a los operadores. Frente al riesgo de que el operador -al no ser dueño de la máquina- no realice el mantenimiento apropiado, este esquema demanda que sean los proveedores los que asuman esa responsabilidad y la certifiquen.
A su vez, se buscará dar solución a otro de los problemas del sistema actual que hacían difícil reemplazar a quien prestaba un mal servicio: la propiedad de los terminales, hoy en manos de los operadores. Ahora esa situación se terminará, de manera que quien reemplace a un operador castigado podrá entrar a funcionar en forma expedita.
El nuevo sistema también considera otros cambios. Entre ellos, mayor diversidad de medios de pago e integración tarifaria con medios ecológicos de transporte, como bicicletas de arriendo o scooters eléctricos, todo lo cual también beneficiará a los usuarios.
El transporte de superficie en Santiago ha mejorado en los últimos años, pero aún sigue siendo deficiente y de alto costo para el fisco. Es de esperar que el nuevo sistema responda a las promesas iniciales que se hicieron cuando se reformó el transporte público. Si así ocurriera, recién entonces se haría efectivamente merecedor de un nuevo nombre.
Ver Artículo
Fuente: El Mercurio, Martes 19 de Marzo de 2019
