EL MERCURIO – Hoy comienza a regir la Ley de Convivencia Vial, normativa que modifica la actual Ley de Tránsito y que considera, entre sus principales cambios, incorporar la bicicleta como un actor en el transporte urbano. La idea es que este vehículo -y otros similares, a los que la ley denomina “ciclos”- transite a partir de ahora obligatoriamente por una ciclovía. En caso de no haber una, deberá hacerlo por la calzada, salvo excepciones contadas.
El cambio, sin embargo, ocurre en un escenario poco propicio. Y es que para los especialistas, conductores y ciclistas, el estado actual de las calzadas es claramente deficiente. Según la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), existe un déficit en inversión y renovación de vialidad urbana que alcanza a los US$ 60 mil millones. La cifra es detallada en el último Informe de Infraestructura Crítica para el Desarrollo, entregado en junio, y considera a las 15 capitales regionales del país (Ñuble no forma parte del análisis).
Según el gerente de Infraestructura de la CChC, Carlos Piaggio, la nueva legislación “incorpora un ingrediente adicional a un déficit que ya existe, y esto genera una presión adicional, porque la ley dice que todos los ciclos deben andar en calle y, además, las ciclovías, que son obligatorias, aún no están”.
Hoy, los viajes en bicicleta representan el 5% del total de desplazamientos del país; pero a un ritmo del 20% anual, es el conjunto que más crece y, según Piaggio, la nueva legislación generará una mayor demanda: “En la medida en que exista infraestructura, se van generando incentivos”.
Una complicación adicional es que los encargados de financiar el desarrollo vial de las comunas son los propios municipios. Y estos alegan que la ley les suma una responsabilidad, pero sin los recursos para cumplirla.
La alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la comisión de Transportes de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao, afirma que “el Gobierno debiera ‘ponerse las pilas’ y destinar un fondo o recursos a los gobiernos regionales para presentar proyectos de este tipo, para que tengan financiamiento asegurado; si no, va a ser bien difícil implementar la ley”.
Su par de Estación Central y presidente de la comisión de Transportes de la Asociación de Municipalidades de Chile, Rodrigo Delgado, sostiene que la infraestructura es un elemento que puede determinar la convivencia vial. “La solicitud nuestra es que esto venga con recursos para implementarse”, dice.
Ariela Muñoz, ciclista y miembro del colectivo Muévete, cree que “lo que se tiene que hacer es que cuando se emitan los reglamentos, que tengan estas aclaraciones: falta infraestructura, faltan indicaciones de que aún no están listas”.
Más al norte, Copiapó experimenta una revalorización de la bicicleta después de los aluviones que la afectaron y que la tienen con una infraestructura que aún no se repara del todo. Para el presidente de Pedalea Atacama, Andrés Cortés, “somos la tercera comuna con mayor cantidad de ciclovías en el país, con 33,2 kilómetros, pero todavía falta la reparación de los daños que dejaron los aluviones”.
El subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez, recuerda que la cartera está trabajando con Vivienda para aumentar la red de ciclovías en todo el país. “Hoy tenemos 400 kilómetros de red en Santiago, lo que significa que en ocho años se han duplicado y esperamos mantener ese ritmo”, comenta.
Fuente: El Mercurio, Domingo 11 de noviembre de 2018