EL MERCURIO – Interesantes anuncios contiene la agenda dada a conocer por el Presidente Piñera para favorecer la inversión en Chile, enfocada en dinamizar la entrega de permisos, disminuyendo la burocracia y la incertidumbre en los trámites. Esta iniciativa es positiva por dos razones. Por una parte, contribuye a potenciar la recuperación de la inversión después de cuatro años de caída consecutiva. Por la otra, este anuncio es bienvenido por cuanto permite centrar el debate público en iniciativas de amplio alcance y relevancia para la economía chilena, aspecto que constituye una prioridad para la gran mayoría de los chilenos.
La agenda anunciada contiene dos grandes iniciativas. La primera es un proyecto de ley que busca reducir costos administrativos y burocráticos que encarecen y retrasan los proyectos sin mayor justificación. Este proyecto contiene un conjunto de iniciativas en áreas diversas, cuyo denominador común es simplificar procesos sin modificar las exigencias legales actualmente vigentes. Destacan en este propósito el reforzamiento al Servicio de Evaluación Ambiental, para que actúe como ventanilla única en los permisos que otorga el Estado; la implementación de plataformas digitales para diversos trámites, y el perfeccionamiento de la norma que regula la suspensión provisoria de obras.
Un segundo aspecto de la agenda anunciada es la creación por decreto de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, GPS. Esta oficina, dependiente del Ministerio de Economía, tiene como objetivo servir de plataforma que coordine la labor de distintos servicios públicos que intervienen en la tramitación de grandes proyectos de inversión del país, públicos o privados. De esta manera, se pretende asegurar la transparencia y eficiencia en la entrega de permisos y en el cumplimiento de los plazos por parte del Estado.
La existencia de proyectos por más de 65.000 millones de dólares identificados en trámite hace necesaria una acción eficaz del Estado, que debe otorgar una multiplicidad de permisos para su materialización. La burocracia estatal y el desorden en la gestión de los permisos muchas veces multiplican los costos en tiempo, trámites y estudios a los inversionistas, lo que en la práctica encarece y retrasa injustificadamente muchos proyectos, hasta hacerlos inviables en algunos casos. El Estado tiene la obligación de servir como una contraparte eficaz de los proyectos de inversión, en la medida que cumplan con los requisitos legales.
Esta oficina busca suplir el déficit actual, y por lo tanto representa un avance. En este contexto, su diseño debe cautelar dos principios. Primero, es importante establecer reglas claras para determinar qué tipo de proyectos son los que cuentan con acceso a ella, de manera de no generar distorsiones o ventajas administrativas entre proyectos. Esto es especialmente importante respecto de proyectos de menor tamaño que muchas veces quedan invisibilizados en la maraña burocrática del Estado. Un segundo principio a cautelar es el respeto a la institucionalidad establecida por ley. Esto es, que esta entidad debe servir como nexo entre los inversionistas y los servicios públicos encargados de emitir permisos, respetando sus ámbitos de acción y procurando el cumplimiento transparente y a tiempo de sus obligaciones.
Esta iniciativa constituye un paso importante en el esfuerzo del Gobierno por reactivar la economía, y apunta a aquellos aspectos específicos de la tramitación y autorización de los proyectos que muchas veces son considerados como secundarios para potenciar el dinamismo de la economía, pero que son centrales para determinar su viabilidad. En ese sentido, es de esperar que con esta oficina, el Ministerio de Economía logre identificar con claridad la eficacia y profesionalismo en el desempeño de distintas reparticiones del Estado que forman parte de la cadena burocrática, de manera de propender a su mejora en el tiempo.
Fuente: El Mercurio, Miércoles 16 de mayo de 2018
