La Cámara Chilena de la Construcción ha presentado un informe de más de 300 páginas, en el que evalúa las necesidades de infraestructura nacional para 2018-2027, considerando una reducción de la brecha con los países desarrollados. El monto al que se llega es la estratosférica cifra de casi US$ 175 mil millones, es decir, un 63% del PIB de 2017. Esta tasa de inversión en infraestructura se acercaría a la de China, que alcanza el 8,5% anual, y sería muy superior al promedio de los países OCDE, de tal vez un 4% anual.
Los altos valores se explican en parte por el natural sesgo de un sector empresarial directamente involucrado en el área. Esto no es poco común en organizaciones similares: en España, donde abunda la sobreinversión en infraestructura fija, una entidad equivalente señala la necesidad de seguir invirtiendo grandes sumas, pese a que mucha infraestructura tiene poco usa; en Estado Unidos, el equivalente a nuestro Colegio de Ingenieros estima un déficit en infraestructura fija de US$ 4,5 billones.
Pese a esta debilidad, el informe tiene secciones muy bien desarrolladas, como aquella que estudia los recursos hídricos. Ello, aun cuando la sección presenta debilidades en el análisis ecológicos: asume que solo es necesario destinar un 20% de las aguas superficiales a este objeto, y que todo lo vertido al mar por sobre ese valor es pérdida, pese a que buena parte puede ser necesaria para mantener el hábitat en los estuarios. Se trata, en cualquier caso, como señala el informe, de un sector que requerirá inversiones importantes debido a las consecuencias del cambio climático. Y sorprende que el monto requerido haya aumentado en 50% respecto del estudio realizado en 2016.
En cuanto a energía y telecomunicaciones, las inversiones realizadas desde ese año han reducido el tamaño de la brecha. Son sectores privatizados que responden rápidamente a los cambios tecnológicos cuando las reglas son apropiadas, y en que los actuales grados de competencia los hacen eficientes. Tampoco han aumentado sustancialmente las brechas en ferrocarriles, puertos y aeropuertos, cárceles y espacios públicos, e incluso, en vialidad interurbana.
En cambio, las cifras de vialidad urbana son elevadísimas, un monto de US$ 60 mil millones, que parece exagerado. Ello incluye un tercio para reposición de calles y veredas, otro tercio para realizar proyectos en cartera y el resto para “obras faltantes”, que los autores definieron con metodología propia. Aquí aparece un problema, pues, no es claro que se deban realizar tantas inversiones en infraestructura para automóviles; el mismo estudio contempla otras en transporte público de alta calidad, lo que precisamente reduciría el uso del auto. Y sorprende que no se agregue un análisis del Metro.
En resumen, es un buen trabajo, con datos novedosos, estudiados en detalle. Si bien no se aclara si ciertas inversiones son sustitutas unas de otras, y se incluyen proyectos sorprendentes y caros -como un megapuerto en Arica-, representa un meritorio esfuerzo, cuyos montos de inversión hay que evaluar con prevención.
Fuente: El Mercurio, Lunes 25 de Junio de 2018
