LA TERCERA – El subsecretario de Justicia anunció que desde el gobierno se está evaluando la posibilidad de construir otra cárcel de máxima seguridad, cuyo objetivo sería lograr aislar a los líderes del crimen organizado, ello como parte de una política que impulsa la autoridad con el fin de combatir dicho flagelo.
El anuncio es relevante, porque efectivamente permite poner el acento en una materia que ha pasado a ser gravitante dentro de las políticas para combatir la delincuencia y el narcotráfico. Se ha detectado que al interior de las cárceles chilenas operan más de 800 bandas, todo lo cual exige adoptar medidas mucho más frontales, donde la posibilidad de aislar a los cabecillas en cárceles especiales definitivamente es un paso que va en la dirección correcta. Desactivar estos grupos que operan en los recintos carcelarios tiene además otras implicancias relevantes, pues también permite que el resto de la población penal tenga menos contacto con delincuentes altamente peligrosos.
El plan del gobierno permite además retomar el debate sobre el número de cárceles que hay en el país y las condiciones en que estas se encuentran. Ciertamente que las urgencias sociales derivadas del llamado estallido social, los años de pandemia y el largo debate constitucional en que estuvo sumido el país desplazaron de la agenda la necesidad de analizar a fondo nuestro sistema carcelario, el que se encuentra operando en sus límites y requiere de contar con más infraestructura.
Los datos son preocupantes, pues ha sido largamente diagnosticado que el sistema está funcionando al límite de sus capacidades, donde el hacinamiento ha alcanzado en muchos casos niveles que vulneran la dignidad más elemental de los reclusos, tal como lo han documentado informes del INDH y de la Corte Suprema. La ocupación penitenciaria alcanza a nivel nacional un promedio de 101%, de acuerdo con los datos más recientes, si bien no todas las regiones han alcanzado el tope de sus capacidades. Con tal nivel de sobrepoblación se hace muy difícil que los objetivos de rehabilitación de una condena se puedan cumplir, lo cual también implica un riesgo para toda la sociedad.
La población penal, por su parte, se ha ido incrementando en los últimos años. Actualmente hay del orden de 42 mil personas en régimen cerrado, y las proyecciones indican que en 2024 llegarán a 50 mil. De cumplirse dichas estimaciones, el cuadro de hacinamiento empeorará significativamente, y puede poner en riesgo las medidas que se han implementado recientemente para contener la delincuencia, entre las cuales figura solicitar la prisión preventiva para aquellas personas que estando involucradas en delitos no cuenten con identificación. También es un hecho que las más de 30 mil personas que están prófugas no tendrían donde ser albergadas en las actuales condiciones.
Los más de ochenta recintos penitenciarios que hay en el país claramente se están tornando insuficientes, y varios de ellos no cuentan con el nivel de infraestructura y equipamiento que se requiere para enfrentar la sofisticación con que hoy opera el delito. Lamentablemente el debate sobre construcción y operación de cárceles en el país se ha visto seriamente contaminado por los sesgos ideológicos. El modelo de cárceles concesionadas solo se ha traducido en que poco más de una decena de recintos sean operados por privados, y sigue habiendo sectores que son renuentes a dicho modelo, lo cual representa un freno para ampliar la infraestructura disponible. En el marco del debate que se ha abierto sobre la agenda de seguridad es fundamental que se retome el análisis de ampliar nuestra capacidad penitenciaria, sin prejuicios de ninguna clase.
Fuente: La Tercera, Martes 11 de Abril de 2023
