LA TERCERA – Mónica Sofía Oviedo vive desde agosto de 2019 junto a su pareja y sus tres hijos en la toma emplazada en la quebrada La Zorra, en la comuna de Lo Barnechea. Su llegada al sector se dio luego de que un accidente familiar le imposibilitara a ella y su pareja seguir pagando un arriendo en la comuna. “Así fue como llegamos a La Cancha, viviendo en un principio en una pieza. Para el estallido social empezó a llegar mucha gente que ya no podía pagar arriendo por no estar recibiendo los mismos ingresos y durante la pandemia se agravó más. Empezaron a llegar personas que vivían hacinadas en Lo Barnechea y en ese momento empezó a construirse en la quebrada”, comenta a La Tercera.
Hoy, Oviedo forma parte de las alrededor de 300 personas que viven en la toma ubicada en el Cerro 18 y las 107 familias que la Municipalidad de Lo Barnechea, encabezada por el alcalde Cristóbal Lira (UDI), busca desalojar al ser una zona de alto riesgo de incendio y remoción de masa. La decisión fue zanjada en marzo de este año a través de un decreto municipal, donde quedaba prohibido construir cualquier tipo de proyecto en la zona debido a su característica de riesgo. “Esta no es una noticia nueva para la comunidad, porque venimos hace años reuniéndonos con ellos para explicarles que esa zona es peligrosa y que no es un lugar seguro para vivir”, afirma el edil.
Las razones tras esta decisión también se fundamentan en el análisis técnico realizado por un inspector ad hoc del Cuerpo de Bomberos de Santiago, quien el 1 de febrero entregó al alcalde un documento de cuatro páginas donde se detalla el por qué el asentamiento irregular se ha convertido en una zona de alto riesgo de incendio.
Parte de los argumentos guardan relación con el emplazamiento geográfico de la toma. Y es que según el informe, el asentamiento se ubica en una ladera de 300 metros horizontales, con un ancho variable de entre 30 y 140 metros, determinando un área de alrededor de 23.000 metros cuadrados. El área cuenta con una pendiente que sobrepasa el 30% en la parte superior, cuando el Plan Regulador Metropolitano de Santiago determina un máximo de 15%, sumado a que la zona ha sido definida como no apta para ser habitada.
Asimismo, se detalla que el asentamiento fue construido fuera del área construible en el Plan Regulador de Lo Barnechea, por lo que sus viviendas no cumplen con ciertas normas de seguridad, como ancho de calles o superficie máxima ocupable. “(Las viviendas) no cuentan con esas primeras medidas de seguridad y además de eso, quedan situadas en lo que se conoce como interfaz urbano forestal, es decir el espacio donde se une el territorio urbano con el territorio no urbanizado, generalmente cubierto por especies vegetales combustibles”, sostiene el documento. A esto se suma el tipo de construcciones de material ligero y altamente combustible.
“Todos estos factores pueden provocar una tragedia dentro de asentamientos precarios ubicados en quebradas, como ya lo hemos visto en otras regiones como Valparaíso. Eso buscamos evitar”, dice el alcalde.
En un principio, el desalojo buscaba concretarse durante el Covid-19, pero se pospuso. Y ahora, tras cuatro años, el asentamiento está próximo a ser desalojado antes de que termine agosto.
De todos modos, el alcalde señala que desde abril cerca de 10 familias ya han comenzado el desalojo voluntario de la toma, principalmente porque desde la municipalidad han facilitado beneficios de subsidio habitacional por 12 meses esas personas, además de orientar a la comunidad a ingresar a un programa de vivienda del municipio para tener casa propia.
“La gente ha comenzado a optar por estos beneficios por dos razones: primero, porque se dan cuenta que la vida de una toma es difícil y sacrificado; segundo, porque prefieren aprovechar los beneficios y salir de forma voluntaria en vez de aceptar la fuerza pública”, agrega Lira.
Desde la comunidad, en tanto, sostienen que han sido días confusos: “Hay algunas familias que están tomando el subsidio. Sin embargo, es difícil encontrar arriendo en Lo Barnechea, los arriendos son arriba de 400 mil pesos una pieza. Algunos ya están como allegados porque no quieren que los niños pasen un desalojo por lo cruel que es”, asevera Oviedo.
La directora social de TECHO-Chile, Isidora García, concuerda con esa mirada. Si bien sostiene que es importante valorar las condiciones que está ofreciendo la municipalidad, señala que en este caso hay “una complejidad mayor por las características de la comuna, que difieren de la mayoría de Santiago, por lo que si bien los subsidios de arriendo son una medida muy valorable, también empujan a que las familias se vean obligadas a ir a vivir lejos de sus redes, familias y trabajos”. Esto, porque el precio del arriendo en la comuna es mucho mayor que el monto del subsidio.
Déficit eléctrico y de agua
Otro de los factores de riesgo que se mencionan en el informe de Bomberos es el déficit en la conexión a la energía eléctrica y calefacción, factores que también incidirían en el riesgo de incendios, puesto que la conexión al suministro eléctrico es irregular y, según el análisis, en las viviendas irregulares se usan métodos de calefacción de alto riesgo.
La manera en que está construido el asentamiento también se torna relevante al momento de enfrentar una emergencia por incendios forestales. “La zona en análisis está detrás de las viviendas regulares del Cerro 18, por lo que estamos de hablando de una zona sin vías de acceso para las máquinas y personal del CBS, con las dificultades comunes de un sector de interfaz”, se lee en el informe.
El sector también cuenta con un déficit de disponibilidad de agua. Si bien en la parte inferior de la zona hay dos piscinas municipales de 40.000 litros cada una y algunos grifos, la experiencia del CBS con estos últimos artefactos en crisis recientes ha demostrado que no siempre pueden ser utilizados en simultáneo por la presión del agua.
Fuente: La Tercera, Miércoles 19 de Junio de 2024
