PULSO – Hoy la cartera que dirige Alfredo Moreno suma 72 procesos y reconoce que puede ir en aumento.
Se siguen sumando actores de la industria concesionaria que quieren modificar sus contratos con el Ministerio de Obras Públicas para buscar una fórmula de compensación por los impactos que está dejando la pandemia. Hoy la cartera que dirige Alfredo Moreno suma 72 procesos y reconoce que puede ir en aumento. Sin embargo, ponen paños fríos y estiman que el número no es “tan relevante”. Mientras, el sector mira con preocupación el impacto que puede tener la dura postura del MOP y de sus abogados, de no querer buscar puntos de encuentro.
“Me siento un poco presionado. Esto no parece un conflicto de Nuevo Pudahuel y el MOP. Parece un conflicto de todas las concesiones y el MOP. Es bien complejo evaluar así”. La frase la dijo el jueves recién pasado Teodoro Wigodski, integrante del Panel Técnico de Concesiones en la audiencia pública de Nuevo Pudahuel, concesionario del aeropuerto de Santiago, y el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
La cita por la compensación que está buscando Nuevo Pudahuel ante los efectos de la pandemia se extendió por cuatro horas, y Jorge Jaramillo, jefe de la división jurídica del MOP, terminó el encuentro indicando que, si los expertos se abren a revisar el contrato que el terminal aéreo tiene con el Estado, “significa lisa y llanamente desarmar el sistema que se implementó con la Ley 20.410”, normativa del 2010 que modifica la Ley de Concesiones vigente en Chile desde la década del noventa y que, entre otras cosas, crea la figura del Panel Técnico como medio de solución de controversias.
Ambas frases quedaron en la mente de varias empresas que hoy, vía concesión, invierten, operan y mantienen infraestructura pública de uso público y cuyo mandante es el MOP, y muestra también la distancia que existe entre las partes para lograr un acuerdo que busque evitar que la conflictividad escale hasta tribunales tanto nacionales como extranjeros. Análisis que Nuevo Pudahuel ya hizo y decidió, pues está trabajando en un posible proceso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). Los principales accionistas del consorcio que en 2015 se adjudicó por 20 años la concesión del aeropuerto de Santiago, Arturo Merino Benítez (AMB), comunicaron en enero la intención de iniciar un reclamo bajo el Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Francia sobre la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones.
“Si ambas partes se aferran a su posición inicial, va a ser poco probable llegar a un entendimiento. Acá lo que corresponde es sentarse a conversar y ver cuál es la racionabilidad de las demandas de los intereses de las partes, e intentar llegar a un acuerdo que posteriormente sea visto por el Panel Técnico o validado por las Comisiones Arbitrales. Creo que estas disputas que han surgido últimamente y muchas de ellas a través de los medios de comunicación, le hacen un flaco favor al sistema de concesiones”, señala el exministro del MOP y actual director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Carlos Cruz.
Hoy el MOP suma un total de 72 procesos con las concesionarias. Se trata de 70 procedimientos que en la actualidad están en comisiones conciliadoras y arbitrales, más dos reclamaciones pendientes ante el Panel Técnico de Concesiones. La cartera que dirige Alfredo Moreno compara el escenario con marzo de 2018, cuando Obras Públicas sumaba 65 procedimientos pendientes, incluyendo tanto comisiones conciliadoras como arbitrales (62), más tres reclamaciones pendientes ante el Panel Técnico.
“Si se considera que el número de contratos ha aumentado, no hay un aumento relevante en las reclamaciones. Existe una tasa natural de conflictividad en estos contratos, que se debe reconocer”, explican desde la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
Empresas en conflicto
Nuevo Pudahuel está solicitando ante el Panel Técnico una compensación, como la extensión del plazo de la concesión de la operación, ante los impactos que ha generado la pandemia en el flujo de pasajeros del principal terminal aéreo del país, situación que ha impactado las finanzas de la empresa. En su exposición del jueves, el gerente general de Nuevo Pudahuel, Xavier Lortat-Jacob, mostró una fotografía del aeropuerto correspondiente a un día de la semana pasada, donde el terminal está vacío, y señaló que, comparado con las mismas semanas del 2019, este año se ha recibido solo el 30% del tráfico doméstico y un 5% de tráfico internacional. “No solicitamos compasión, solicitamos que se cumpla la ley, que se cumpla el contrato y que se abra una puerta de conversación entre ambas partes”, dijo el ejecutivo en una de sus intervenciones.
La situación de Nuevo Pudahuel, ligada a Groupe Aeroports de Paris Internacional, Vinci Airports y Astaldi, es compleja. De hecho, los recursos con que cuenta hasta ahora le dan viabilidad para seguir operando hasta marzo del 2022, fecha en que ya no podrá cumplir los compromisos financieros que tiene con 11 bancos.
Al terminal aéreo se suma Aeropuerto del Sur, ligada a Sacyr y al grupo chileno Agunsa -del grupo Urenda-, que en febrero del año pasado ingresó al Panel una discrepancia contra el MOP por el terminal Tepual de Puerto Montt, por el mismo motivo. Las firmas exigían el pago del déficit del proyecto, cifra que ascendía a unos US$ 20 millones, o terminar de manera anticipada el contrato adjudicado el 2018 y que se extiende por ocho años, previo desembolso de US$ 29 millones. En este caso el Panel ya se pronunció y entre otras cosas, recomendó que las partes “revisen las condiciones del contrato” y agregó que, para eso, el MOP debía reconocer “el 50% de los menores ingresos de este contrato de concesión, originados por la pandemia”, y añadió que la contribución del MOP sea realizada “a través de una extensión del plazo de concesión”.
La recomendación no fue compartida por el MOP y en su momento desde la cartera señalaron que la discusión se deberá resolver en la Corte de Apelaciones o en la Comisión Arbitral del Contrato, lo que dilata el proceso por unos 4 a 5 años más, señalan las fuentes consultadas. La señal levantó las alarmas en la industria de las concesiones.
“Con la posición del MOP el único que pierde es el sistema de concesiones. Esto le costará varios millones al Estado, porque va a perder estos juicios y se dañará la imagen del país. Y, por otro lado, el costo lo van a pagar los usuarios de las infraestructuras, porque los proyectos serán más caros y eso se traspasará a tarifa”, señala una exautoridad del MOP que participó en el nacimiento de la industria de las concesiones.
En los últimos días se ha sumado a las controversias el concesionario del Hospital Félix Bulnes. Se trata de Astaldi y el fondo Meridiam, quienes presentaron una discrepancia al Panel Técnico de Concesiones contra la cartera de Obras Públicas y piden una compensación por ser transformado a un “hospital covid”, categoría que le ha implicado asumir mayores costos. Por eso, están solicitando que el MOP le restituya los costos adicionales en los que ha incurrido hasta el 31 de diciembre, que cifran en unos $ 1.561 millones.
También se agregó Movistar Arena, concesionaria que ha enviado dos cartas a Obras Públicas pidiendo extender la concesión que expira en septiembre de 2024, y que acusa una fuerte caída de sus ingresos por la pandemia y por el 18 de octubre de 2019. Según la concesionaria, uno de los problemas futuros que ve, cuando se permitan los eventos masivos, es que existe una “alta posibilidad de que las medidas sanitarias que en los sucesivo se decreten y eventualmente se autorice la realización de espectáculos masivos, pero no permitirán completar el aforo del Estadio Techado hasta muy avanzado el año 2021”. Además, plantea, “probablemente se deberán realizar inversiones importantes para cumplir con resguardos que reduzcan los riesgos de contagio”. Por lo mismo, “es plausible estimar que la plena explotación de la obra pública no se pueda realizar hasta el año 4 subsiguiente y -a su vez- que la eventual recuperación de los más de 2 años sin pleno goce de la concesión no se pueda obtener a la fecha inicial del término de ésta”, agrega.
En el MOP estiman que el nivel de controversia irá en aumento. “Las distintas pretensiones derivadas de la pandemia, naturalmente podrían eventualmente aumentar las diferencias que deban resolverse”, dicen en la Dirección de Concesiones del MOP.
Por eso, CPI, organismo que preside el expresidente Eduardo Frei, está preocupado por el ambiente que hoy se está viviendo en el mundo de las concesiones. Es tal el impacto que están viendo en esta oleada de conflictos, que el organismo se reunió a inicios de año a conversar exclusivamente de este tema, cuando ya se conocían los problemas de Nuevo Pudahuel. La cita fue convocada por el propio Eduardo Frei y asistió también el expresidente Ricardo Lagos y exministros de Obras Públicas como Loreto Silva y Alberto Undurraga, entre otros.
“El llamado es a encontrar una forma de entendimiento que reconozca la necesidad de las partes y se haga cargo de los compromisos contraídos, y que eso implique recuperar, rápidamente, la buena relación que ha existido, en general, entre el Estado y los concesionarios”, recalca Cruz.
Añade que Estado y privados son socios y que las discusiones se deben realizar a puerta cerradas. “Si no hay acuerdo, se buscan las mediaciones correspondientes, pero siempre con la idea de mantener la sociedad. Si no, hay que romper la sociedad y eso sería muy grave para el sistema y para el país”, dice.
Posición del MOP
En el Ministerio de Obras Públicas son claros: “El mandato del MOP es hacer cumplir los contratos. Esto supone, por una parte, fiscalizar los contratos y, por la otra, defender los intereses fiscales ante aquellas pretensiones que no se ajustan a derecho”, indican en la Dirección de Concesiones.
Agregan que la pandemia ha afectado a muchos rubros de la economía, tanto a nivel nacional como mundial. “Todos hemos sido tocados por la crisis sanitaria y, en ese contexto, las concesionarias han enfrentado problemas en sus actividades, lo que evidentemente abre la posibilidad de que planteen litigios por diferentes causas. Es así como se han generado nuevos focos de conflicto, debido a las pretensiones de algunas concesionarias de que el Estado le compense sus menores ingresos, al margen de lo establecido en los contratos y la Ley de Concesiones”, sostienen.
Para exautoridades del MOP, la estrategia que está usando el ministerio es arriesgada. Una mirada de ese riesgo es dejar la resolución de los conflictos en manos de abogados litigantes, en este caso Andrés Jana, socio de Bofill Mir & Álvarez Jana, a quien el MOP incorporó como asesor legal y que los ha acompañado en sus casos emblemáticos, como el conflicto con Hyundai por los sobrecostos del puente sobre el canal del Chacao. “A ellos por naturaleza les gusta el conflicto y no se abren a la negociación o tratan de buscar soluciones por otros caminos. Eso creo que ha generado esta avalancha de conflictos, porque nadie cree que puede llegar a acuerdo con el MOP”, señala una fuente consultada.
Agrega que Alfredo Moreno suma otras acciones que muestran su poca disposición para buscar acuerdos. La más reciente es la respuesta que da al propio Panel Técnico en el caso Tepual, recalca un exministro. “El mismo MOP está atacando la institucionalidad que se creó en la normativa para encontrar fórmulas de acercamiento. Eso deja muy mal el rol que cumple el Panel”, manifiesta.
Otra acción que generó ruido en la industria fue la remoción del abogado Carlos Peña de la comisión arbitral de Vespucio Norte, por desestimar la reclamación del MOP contra las concesionarias. Y, también, la decisión de forzar la rebaja de las tarifas a las autopistas urbanas, en mayo del año pasado, lo que abrió el primer foco de conflicto entre el MOP y este sector de la industria de las concesiones.
Fuente: Pulso, Domingo 18 de Abril de 2021
