PULSO – Durante el ejercicio pasado, el MOP estableció 143 resoluciones sancionatorias contra compañías concesionarias por diversas faltas contractuales, que totalizaron $2.821 millones. Las multas a concesiones hospitalarias se incrementaron 88%, mientras que las asociadas a infraestructura penitenciaria aumentaron 46%.
Desarrolladores de autopistas interurbanas, de recintos penitenciarios y de recintos hospitalarios fueron las concesionarias que concentraron la mayor cantidad de sanciones por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP) durante el año pasado.
La cartera cuenta con un sistema de fiscalización para detectar faltas o fallas en distintas infraestructuras concesionadas del país, con el objetivo de verificar que estas operaciones funcionen de manera correcta y, a su vez, cumplan con los contratos.
En 2019, el MOP estableció 143 resoluciones sancionatorias contra las empresas. Estas implicaron diferentes montos acordes a las faltas contractuales en cada sanción, que totalizaron unos $2.821 millones.
Tanto el número de multas como el monto total fueron superiores a lo registrado durante el ejercicio anterior. En 2018, se establecieron 90 sanciones por un total de $2.169 millones. Esto significa que el número de sanciones contra las concesionarias aumentó un 58% mientras que el monto total se elevó en 30%.
Las sanciones, en algunos casos, corresponden a faltas ocurridas en años anteriores, pero ratificadas en 2019, una vez concluido el proceso administrativo y tras haberse evaluado todos los descargos entregados por las empresas.
Según la información disponible en el Portal de Transparencia relativa a qué tipo de proyectos, qué empresas y los montos de las sanciones establecidas por la cartera durante todo el año pasado, la infraestructura vial interurbana, como carreteras, lideró por lejos, con 42 sanciones en 2019.
De acuerdo con los datos de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (DGC), el 29% de las multas cursadas fue por contratos de este tipo de infraestructura, categoría que alcanzó $633 millones. Si bien la cifra es menor a los más de $1.134 millones que se cursaron en 2018, el número de sanciones es superior a las 27 que se publicaron ese año.
En segundo lugar, con un total de 35 multas, se posicionaron los proyectos penitenciarios, que representaron un 24% de las sanciones del 2019. En total, sumaron alrededor de $214 millones. En tanto, un 22% corresponde a proyectos hospitalarios, que abarcaron 32 sanciones, con multas por $770 millones. El número de sanciones cursadas a concesiones hospitalarias creció 88% en 2019, mientras que las relacionadas a infraestructura penitenciaria aumentaron 46%.
Ahora bien, en términos de monto y cantidad de sanciones, las que anotaron la mayor alza fueron las asociadas a proyectos aeroportuarios, que totalizaron $987 millones.
Los proyectos viales urbanos, como las autopistas, solo representaron el 3%. Durante el año pasado, las multas cursadas relacionadas a este tipo de iniciativas alcanzaron $37 millones.
Cada resolución sancionatoria puede contener más de un motivo de incumplimiento, por lo que una de ellas puede contener más de una multa. Las causas más comunes son incumplimiento de plazos de trabajos, de instrucciones exigidas por el inspector fiscal, de regulaciones durante el desarrollo de una obra, de niveles de servicio exigidos por el contrato o de entrega oportuna de información según el contrato.
En el caso de los hospitales, del total de sanciones cursadas por el MOP a este tipo de infraestructura, 25 resoluciones fueron dirigidas a la concesionaria del Hospital de Antofagasta, Salud Siglo XXI S.A. En cuanto a las multas cursadas a concesionarias de infraestructura penitenciaria, de un total de 35 resoluciones, 12 fueron sanciones a la sociedad concesionaria Grupo Dos y 15 a la sociedad concesionaria infraestructura penitenciaria Grupo Tres.
Por otra parte, las sanciones de mayor monto fueron cursadas a la concesionaria Metropolitana de Salud S.A., que tiene el contrato del Hospital Félix Bulnes, en mayo del año pasado por 11.800 UTM, unos $585 millones, por el atraso de 59 días en el plazo máximo para la puesta en servicio provisoria del recinto.
Fuente: Pulso, Miércoles 04 de Marzo de 2020
