EL MERCURIO – Una megasequía afecta a la zona central y al norte chico, y las autoridades han comenzado a preocuparse por el abastecimiento de agua para los habitantes. Ya no se trata solo de poblaciones rurales con sistemas vulnerables, sino también de las grandes ciudades: existe una posibilidad de que, si el próximo año continúa la sequía, sea necesario recurrir al racionamiento en Santiago.
En ese contexto, se estudian medidas de corto y mediano plazo. En el caso de Valparaíso, está en proceso de licitación de una tubería reversible de unos 10 km desde el embalse Los Aromos hasta el río Aconcagua, desde donde conectará a una tubería que va a la planta de tratamiento de Concón que alimenta al Gran Valparaíso. Con ello se reducirían las pérdidas por infiltración que se producen en los ríos Aconcagua y Limache. Además, permitiría impulsar agua en invierno desde la desembocadura del río hasta el embalse, rellenándolo. Según la empresa sanitaria regional, esto eliminaría el riesgo para el suministro por muchos años. En el caso de Santiago, para el corto plazo, se planea perforar pozos de profundidad para aumentar el suministro en un 7% a 8%, monto que podría ser suficiente para evitar el racionamiento, aunque sin total seguridad.
El Gobierno también ha anunciado un proyecto de modernización del sector que impondrá a las empresas reducir las aguas no facturadas, cuya mayor parte corresponde a filtraciones. Hoy, las inversiones necesarias para ello tienden a omitirse, pues las empresas privilegian aquellas —como los pozos o la tubería referidos— que les garantizan, vía tarifas, un ingreso adicional, antes que las mantenciones de sus redes. El promedio nacional de aguas no facturadas es de un 34% a nivel nacional y en Santiago se sitúa en torno al 30%, por sobre el 25,7% que existía en 1999, al momento de concesionarse la empresa. Si bien el agua no facturada incluye también agua robada y la usada contra incendios (esta última, una cantidad irrelevante), todo indica que —a menos que los privados sean peores cobradores que el Estado— este aumento en las pérdidas se debe a falta de mantenimiento.
Es ante esta situación que finalmente el Gobierno ha reaccionado anunciando la reforma de la legislación. Las empresas han tomado en cuenta la nueva actitud y están presentando nuevas tecnologías satelitales para detectar las fugas y reducir las pérdidas. Es de esperar que estas iniciativas avancen y permitan reducir el riesgo de racionamientos en el largo plazo, aunque es improbable que afecten lo que suceda el próximo verano.
Si el racionamiento llega a producirse, es anticipable que vendrán nuevos cuestionamientos a la participación privada en el sector, pese a todo el aporte positivo que ella ha representado. Es por lo mismo importante que la autoridad sea enérgica en su fiscalización, exigiendo el pleno cumplimiento de las reglas del juego. A la larga, esa es la mejor protección para las propias empresas.
Fuente: El Mercurio, Lunes 10 de Febrero de 2020
Modernización en sector sanitario
EL MERCURIO – Una megasequía afecta a la zona central y al norte chico, y las autoridades han comenzado a preocuparse por el abastecimiento de agua para los habitantes. Ya no se trata solo de poblaciones rurales con sistemas vulnerables, sino también de las grandes ciudades: existe una posibilidad de que, si el próximo año continúa la sequía, sea necesario recurrir al racionamiento en Santiago.
En ese contexto, se estudian medidas de corto y mediano plazo. En el caso de Valparaíso, está en proceso de licitación de una tubería reversible de unos 10 km desde el embalse Los Aromos hasta el río Aconcagua, desde donde conectará a una tubería que va a la planta de tratamiento de Concón que alimenta al Gran Valparaíso. Con ello se reducirían las pérdidas por infiltración que se producen en los ríos Aconcagua y Limache. Además, permitiría impulsar agua en invierno desde la desembocadura del río hasta el embalse, rellenándolo. Según la empresa sanitaria regional, esto eliminaría el riesgo para el suministro por muchos años. En el caso de Santiago, para el corto plazo, se planea perforar pozos de profundidad para aumentar el suministro en un 7% a 8%, monto que podría ser suficiente para evitar el racionamiento, aunque sin total seguridad.
El Gobierno también ha anunciado un proyecto de modernización del sector que impondrá a las empresas reducir las aguas no facturadas, cuya mayor parte corresponde a filtraciones. Hoy, las inversiones necesarias para ello tienden a omitirse, pues las empresas privilegian aquellas —como los pozos o la tubería referidos— que les garantizan, vía tarifas, un ingreso adicional, antes que las mantenciones de sus redes. El promedio nacional de aguas no facturadas es de un 34% a nivel nacional y en Santiago se sitúa en torno al 30%, por sobre el 25,7% que existía en 1999, al momento de concesionarse la empresa. Si bien el agua no facturada incluye también agua robada y la usada contra incendios (esta última, una cantidad irrelevante), todo indica que —a menos que los privados sean peores cobradores que el Estado— este aumento en las pérdidas se debe a falta de mantenimiento.
Es ante esta situación que finalmente el Gobierno ha reaccionado anunciando la reforma de la legislación. Las empresas han tomado en cuenta la nueva actitud y están presentando nuevas tecnologías satelitales para detectar las fugas y reducir las pérdidas. Es de esperar que estas iniciativas avancen y permitan reducir el riesgo de racionamientos en el largo plazo, aunque es improbable que afecten lo que suceda el próximo verano.
Si el racionamiento llega a producirse, es anticipable que vendrán nuevos cuestionamientos a la participación privada en el sector, pese a todo el aporte positivo que ella ha representado. Es por lo mismo importante que la autoridad sea enérgica en su fiscalización, exigiendo el pleno cumplimiento de las reglas del juego. A la larga, esa es la mejor protección para las propias empresas.
Fuente: El Mercurio, Lunes 10 de Febrero de 2020
