PAUTA – El titular de Obras Públicas enfatizó que “como Gobierno estamos centrados y orientados con acciones concretas hacia la reactivación de nuestro país”. Además, apuntó que se trabaja en una batería de medidas para “desatar nudos administrativos que entorpecen el avance de las obras”.
Este miércoles, durante la visita inspectiva a las obras del nuevo edificio del Servicio Médico Legal (SML), el ministro de Obras Públicas (MOP), Juan Carlos García, realizó un positivo balance de las medidas de apoyo a la construcción incluidas en la agenda de productividad del Gobierno.
“Como Gobierno estamos centrados y orientados con acciones concretas hacia la reactivación de nuestro país. Esta es una obra que encarna las acciones que estamos haciendo como Gobierno. Una obra que tiene una inversión pública de $47 mil millones, que […] va a generar del orden de 350 empleos”, destacó.
Según el ministro, este proyecto “muestra cómo el trabajo del Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas, y el sector privado, a través de las empresas de la construcción, robustece la actividad económica, a través de certezas en nuestros contratos, certezas en la calidad de las obras, certezas en la calidad de las empresas que trabajan con el Estado”.
García remarcó que “a pesar de un clima internacional adverso, como Gobierno hemos tomado medidas oportunas para que la industria de la construcción, con todos sus actores, pueda tener un trabajo que pueda seguir adelante en la generación de empleos y seguir avanzando en la estabilización de nuestra economía”.
“Prueba de ello es nuestra ejecución presupuestaria como ministerio, donde pese al clima adverso, durante 2022 ejecutamos recursos mayores a 2021. Esto no fue fruto del azar, sino de un trabajo oportuno como ministerio, pero también fruto del trabajo en alianza con el sector privado y la industria de la construcción, involucrando a todos sus actores”, relevó el secretario de Estado.
En esa línea, el ministro de Obras Públicas remarcó que “eso nos permitió a finales del año pasado, a raíz de la activación de nuestro presupuesto, adelantar a noviembre y diciembre de 2022 licitaciones que correspondían a 2023. Esto nos va a permitir inversiones anticipadas del orden de los $425 mil millones de pesos, que empezarán a gastarse antes este año, fortaleciendo la ejecución presupuestaria de nuestro ministerio”.
“Esto es una prueba clara de cómo el país está avanzando, claramente, hacia una estabilización económica en 2023. Ya lo decía nuestro ministro de Hacienda, y esta obra que estamos visitando y estos datos objetivos que estamos dando a conocer son prueba de ello”, enfatizó.
Respecto a las iniciativas que forman parte de la agenda de productividad, Juan Carlos García señaló que “las medidas que tomamos el año pasado que nos permitieron abordar, con resultados concretos y positivos, la situación crítica que tuvo la industria de la construcción no se quedaron sólo ahí. Este año hemos querido también avanzar con una fuerte agenda de productividad en el ámbito”.
“Una agenda que trabajamos con todos los actores asociados. Una agenda que nos permita, por una parte, desatar aquellos nudos administrativos que entorpecen el avance de las obras […], y por otra, generarle más competitividad a la industria de la construcción. Es por eso que estamos haciendo modificaciones a nuestro reglamento, para aumentar y crear mejores condiciones para la subcontratación, también para asignar con claridad las responsabilidades del sector privado y del sector público, y una medida muy importante, que es aumentar los montos de las obras menores para que más empresas de regiones puedan participar”, añadió.
En tanto, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC, entidad controladora de PAUTA), Juan Armando Vicuña, valoró el trabajo conjunto entre el Estado y privados. “Esta es la forma de trabajar en este Chile nuevo, donde necesitamos sentarnos a la mesa y ver cuáles son los desafíos que tenemos hacia adelante”, dijo.
“Se ha dicho que este 2023 va a venir difícil, y así parece ser, pero esta es la forma en que vamos a acelerar, junto con el Ministerio de Obras Públicas, la forma también de acelerar las licitaciones, poder llevar a cabo los contratos, la inversión tan necesaria. La inversión significa proyectos nuevos, y proyectos nuevos significa empleo, empleos de buena calidad”, agregó.
Vicuña sostuvo que “la reactivación, y en el fondo lo que está poniendo de su parte el Ministerio de Obras Públicas hoy, es justamente la disposición para que nosotros podamos trabajar en conjunto y destrabar todos estos nudos críticos que existen desde Arica a Punta Arenas en todos los proyectos”.
“De esa forma, poder echar a andar nuestro país, que necesita inversión no solamente pública sino también privada. Esta es la forma en la que podemos echar a andar nuestro país”, planteó.
El líder del gremio constructor señaló que “nosotros estamos firmes en la mesa para echar a andar la agenda de productividad”.
En ese sentido, Juan Armando Vicuña destacó iniciativas como el adelanto de proyectos de inversión y la resolución temprana de controversias en los contratos “para que no se extiendan, porque al extenderse, la que se ve más perjudicada es la ciudadanía, que no recibe la inversión pública, que es tan necesaria”.
En la actividad estuvieron presentes también el ministro de Justicia, Luis Cordero, la directora general de Obras Públicas, Valeria Bruhn, y representantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Reajuste de contratos
En noviembre de 2022, el Ministerio de Obras Públicas anunció un reajuste extraordinario retroactivo para empresas que se vieron afectadas por el alza de costos en mano de obra y materiales a partir de septiembre de 2021.
De acuerdo a estimaciones del MOP, esta acción impactará al 82% de las empresas que hoy tienen contratos con el ministerio, abarcando un universo potencial de 1.423 contratos correspondientes a 436 empresas, resguardando con ello cerca de 30.000 empleos a nivel nacional.
Al respecto, el ministro Juan Carlos García comentó que “estamos muy contentos con este balance. Ha sido muy acogido por las empresas este reajuste retroactivo de los contratos, que tiene como objetivo fortalecer la industria de la construcción que trabaja con el ministerio, y poder garantizar adecuadamente el término de las obras”.
“Luego de implementar esta medida, no tuvimos nuevas liquidaciones anticipadas de contratos. Hemos invertido más de $82 mil millones de pesos en más de 400 contratos, lo que habla de un trabajo de colaboración entre el sector público y el sector privado muy robustecido, que nos permite este 2023 entrar con mayor vigor”, aseguró.
El titular de Obras Públicas indicó que las empresas se pueden incorporar al reajuste retroactivo de manera voluntaria. “Todavía las empresas pueden acogerse a esta medida hasta marzo, y nosotros estamos trabajando con la máxima celeridad para poder implementarla lo más rápido posible”, añadió.
Fuente: Pauta, Miércoles 1 de Febrero de 2023
