LA TERCERA – Si bien los proyectos que ha presentado el gobierno para reducir los tiempos de obtención de permisos administrativos y la evaluación ambiental van en la dirección correcta, el Estado debería apostar por plazos mucho más exigentes.
El gobierno presentó recientemente dos proyectos de ley que buscan avanzar en la reducción de los tiempos en la tramitación de permisos administrativos y ambientales. El primero es el sistema inteligente de permisos, cuyo objetivo es reducir en torno a 30% el tiempo que toma tramitar dichas autorizaciones; asimismo, el otro proyecto actualiza la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, pues luego de casi tres décadas de vigencia hay conciencia en que requiere ser modernizada.
Estas iniciativas, que en general van bien orientadas, responden a compromisos que ha adoptado el gobierno en materia de “permisología”, pues existe amplia coincidencia en que la excesiva burocracia en materia de permisos y los extensos plazos en que estos se conceden han terminado siendo una verdadero freno a la inversión.
La autoridad es consciente que el país no se puede acostumbrar a que grandes obras se tarden hasta ocho años en tramitarse -es el caso por ejemplo de las plantas desaladoras, fundamentales hoy en día para asegurar el abastecimiento de agua-, mientras que en el rubro inmobiliario las tramitaciones de permisos -para el caso de la Región Metropolitana- se pueden tardar un promedio de 815 días, un aumento muy significativo respecto del promedio que se registraba en 2019, con 648 días. También es un hecho que la cantidad de proyectos ingresados para su evaluación ambiental entre enero y mayo de 2023 cayó a niveles de 1997. Y aunque las razones para ello pueden ser variadas, el excesivo tiempo que toma la evaluación ambiental probablemente es un factor incidente.
En un escenario como éste era fundamental contar con iniciativas que empezaran a acotar los tiempos que se toman los permisos administrativos y ambientales. El sistema inteligente de permisos contiene avances como incluir plazos máximos para todos los procedimientos, introduciendo el silencio administrativo como medida de última instancia. También se permitirá la declaración jurada cuando se hagan cambios a proyectos que ya cuentan con una RCA aprobada.
En materia ambiental, entre otros aspectos se elimina el Comité de Ministros y las Comisiones de Evaluación Ambiental -para fortalecer el carácter técnico en la calificación de proyectos-, de modo que sea el Servicio de Evaluación Ambiental el que apruebe o rechace proyectos; asimismo, se establece un recurso de reclamación único y simplificado.
Si bien se trata de aspectos bien orientados, probablemente su flanco más débil es que no son iniciativas especialmente ambiciosas, porque cuando tenemos una fuerte caída de la inversión lo que se necesitaría es que toda la tramitación de permisos y autorizaciones se haga en el menor tiempo posible. Disminuir en un tercio los plazos para la obtención de permisos administrativos es un avance, pero aún insuficiente, y si esto mismo se extrapolara a la evaluación ambiental igualmente seguirían siendo plazos muy extensos. La creación de nuevas estructuras burocráticas que apunten a supervisar el cumplimiento de los plazos puede terminar siendo algo inútil si es que el Estado no se autoimpone reglas estrictas de cumplimiento.
Es claro también que se requiere avanzar en otras reformas indispensables, como cambios de fondo en la forma en que opera el Consejo de Monumentos Nacionales, cuya lentitud retrasa excesivamente grandes obras de infraestructura. Sin ello, la reducción de la “permisología” será muy parcial.
Fuente: La Tercera, Miércoles 17 de Enero de 2024
