LA TERCERA – El progreso de un país tiene que estar en sintonía con las necesidades de sus habitantes. En cada viaje a terreno, conversando tanto con las comunidades como con las autoridades locales, surge una demanda impostergable: acelerar los procesos de formulación, evaluación y ejecución de la inversión pública. No es una petición abstracta, sino una urgencia concreta. La inversión pública tiene rostros y nombres: vecinas y vecinos que esperan obras que transformen su vida cotidiana. Sin embargo, especialmente en los municipios pequeños y en las localidades más aisladas, los proyectos enfrentan barreras estructurales: la falta de equipos técnicos necesarios para abordar los requisitos normativos y, muchas veces, los indicadores tradicionales de rentabilidad social no reflejan lo fundamental que es determinada infraestructura pública para la comunidad.
Conscientes de este desafío, en los últimos años hemos dado pasos concretos para agilizar procesos que permitan la materialización de cambios que mejoren la calidad de vida de millones de chilenos y chilenas. Se han definido plazos claros, incorporado nuevos criterios para evaluar el impacto social de los proyectos de inversión y, hoy, ajustamos la evaluación a la complejidad de cada proyecto, en línea con los cambios que venimos impulsando desde el año 2024 en la materia. Este ajuste es una mejora sustancial que recoge un anhelo largamente esperado por el Sistema Nacional de Inversiones (SNI), y que beneficiará a aproximadamente un 20% de los proyectos postulados. Sumado a la exención de la evaluación para iniciativas menores a 5.000 UTM, este avance instala mejores condiciones para la aceleración de un tercio de las obras públicas que ingresan al Sistema.
La profundización de la proporcionalidad en la evaluación es un acto de justicia y eficiencia. No todas las obras tienen el mismo impacto ni los mismos riesgos, por lo que no deben enfrentar el mismo nivel de tramitación. Reparar una plaza, instalar luminarias o mejorar una infraestructura sin alterar su capacidad no puede someterse a los mismos procesos que un megaproyecto. A partir de ahora, aquellas iniciativas de baja complejidad contarán con un análisis simplificado, posibilitando la reducción de tiempos y costos administrativos, sin sacrificar el rigor técnico.
Este cambio permitirá avanzar rápidamente en proyectos de alto impacto social: mejoramiento de recintos de salud, colegios y sedes vecinales; construcción de veredas, escaleras y paseos peatonales; instalación de luminarias y semáforos; pavimentaciones básicas; ciclovías; multicanchas y camarines. Muchas de estas son obras nacidas desde los gobiernos locales y concebidas para responder a necesidades reales. Al facilitar su formulación y evaluación, no solo ponemos la infraestructura al servicio de las personas, sino que también fortalecemos el rol del Estado como articulador del bienestar social.
Este es un paso más en la modernización del Sistema Nacional de Inversiones, coadministrado por los Ministerios de Hacienda y Desarrollo Social y Familia, y refuerza nuestra apuesta por una inversión pública más eficiente y pertinente. Porque cuando el Estado simplifica y es capaz de disminuir la burocracia sin perder rigurosidad, permite que la inversión pública ocurra allí donde más se necesita, trayendo dignidad, equidad y progreso.
Por Javiera Toro Cáceres, ministra de Desarrollo Social y Familia y Paula Poblete Maureira, subsecretaria de Evaluación Social.
Fuente: La Tercera, Lunes 17 de Febrero de 2025
