LA TERCERA – Chile está muy lejos de las cifras que presentan otros países sobre personas privadas de libertad en relación a su población total, ya sea por estar cumpliendo penas de cárcel o alguna medida de prisión preventiva. Tampoco son comparables, las tasas de hacinamiento en los centros de reclusión. Pero lo anterior no quita que el aumento de la población penal en un 18,9% entre el 31 de enero de 2022 y el 01 de febrero de 2023 -como dio cuenta una nota de este diario- imponga una gran presión sobre el sistema. Es necesario abordar la sobreutilización del sistema, que llega a un 6,5% a nivel nacional, especialmente si hay centros de cumplimiento penitenciario, como el de Copiapó, o de detención preventiva, como el de Taltal, donde los niveles de ocupación son superiores al 200% y si la tendencia de incremento del número de internos puede agravar los problemas que se viven al interior de ellos.
El tema va mucho más allá de las multas que el sistema de cárceles concesionadas impone al Estado por situaciones de sobre cupo, como los 11.000 millones de pesos que ha significado para el sistema el Centro Penitenciario de Santiago I desde 2020 al primer semestre del 2022. Apunta en realidad a si el sistema permite efectivamente cumplir con los objetivos que se buscan con la aplicación de una pena, como es el de lograr reinsertar socialmente a quienes se ven privados de libertad y otorgar a los condenados las condiciones en que pueden enfrentar la privación de ese derecho.
Diversos magistrados han relevado este último punto, como el titular del Primer Juzgado de Garantía, que el año pasado constató la falta de condiciones mínimas de seguridad debido, entre otros factores, a la sobrepoblación, las amenazas y la extorsión. También lo hizo el último Informe del Comité para la prevención de la tortura que consigna, entre otras cosas, situaciones de hacinamiento y deficiencias en materia sanitaria y de insumos. Lo anterior da cuenta de muchos espacios en los que es necesario avanzar para permitir que el sistema cumpla con su función.
En ese sentido, el anuncio del subsecretario de Justicia de que el plan del gobierno busca en dos años aumentar la capacidad del sistema en 9.160 plazas, a través de la ampliación y densificación de algunas instalaciones concesionadas como Alto Hospicio y Antofagasta, reabrir y reacondicionar algunas unidades que actualmente se encuentran cerradas y recuperar módulos que no son utilizados en algunos recintos, es un paso importante que pareciera responder a la carencia de espacios mínimos.
Sin embargo, es fundamental que junto con ampliar la capacidad de recepción del sistema, se aborden también las reiteradas observaciones hechas por distintas entidades y se mejoren los estándares de las condiciones en que viven los internos. Hay que permitir, por una parte, que las privaciones de libertad se cumplan en condiciones de seguridad, higiene y salubridad y, por otra que se facilite una segregación efectiva de la población penal de acuerdo a su peligrosidad y a la condición de primerizos. De esta manera no sólo se minimizará el riesgo personal de los reclusos y se impedirá que organizaciones criminales se fortalezcan en el interior de los recintos, sino que también se podrán generar mejores condiciones para así lograr una reinserción social exitosa.
Fuente: La Tercera, Martes 21 de Marzo de 2023
