PAÍS CIRCULAR -La propuesta sometida a consulta pública establece que el listado de sectores con un mayor presupuesto de carbono lo encabeza Minería, con un rango entre 297 y 363 MtCO2eq para el período 2020-2030, seguido de Transportes y Telecomunicaciones con un rango de 257 a 314 MtCO2eq para la misma década.
Un instrumento que define los lineamientos generales de largo plazo que seguirá el país de manera transversal e integrada, estableciendo cómo Chile logrará el objetivo de la carbono neutralidad al 2050establecida en el proyecto de Ley Marco de Cambio Climático hoy en trámite en el Congreso. Eso es la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP), documento que el Ministerio del Medio Ambiente acaba de abrir a consulta pública y que establece por primera vez presupuestos de carbono para sectores específicos de la economía. Es decir, cual es el límite máximo que puede emitir cada uno de ellos -y qué hacer para lograrlo- para alcanzar la carbono neutralidad y cumplir con el objetivo del Acuerdo de París de mantener el incremento de la temperatura global bajo los 1,5º Celsius.
De esta forma, la Estrategia Climática de Largo Plazo busca que todos los territorios y sectores de la economía incorporen el cambio climático en su gestión y planificación a mediano y largo plazo. Y al mismo tiempo, se convertirá en “el instrumento de gestión del cambio climático de mayor jerarquía a nivel nacional, estableciendo objetivos, metas y lineamientos de largo plazo en materia de cambio climático, los que posteriormente se materializarán a través de distintos instrumentos de ejecución, que contendrán acciones y medidas concretas sobre mitigación y adaptación al cambio climático”, afirma el documento.
Para alcanzar la carbono neutralidad al 2050 se requiere actuar por dos vías: conseguir una disminución sostenida de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y aumentar y mantener los sumideros de carbono, y para ello la Estrategia Climática de Largo Plazo establece una serie de metas e hitos sectoriales a 2030 a partir de la meta nacional definida en el Compromiso Determinado a nivel Nacional (NDC) de Chile, que señala que el peak de emisiones del país se alcanzará en 2025 y compromete una emisión máxima absoluta de 95 millones de toneladas de CO2 equivalente (MtCO2eq) a 2030.
Conseguir esa reducción sostenida de GEI, señala la propuesta presentada por el gobierno, implicará una descarbonización progresiva de la matriz eléctrica y de procesos productivos, y a la vez un cambio en los patrones de consumo relevando la economía circular. En cuanto a las capturas -agrega-, “se deberá trabajar en instrumentos que permitan mantener e incrementar los sumideros naturales de carbono, considerando además los múltiples servicios ecosistémicos que proveen (conservación y protección de la biodiversidad, de recursos hídricos, de ecosistemas, disminución de impactos por desastres, entre otros)”. Todo ello implicará un considerable esfuerzo tanto a nivel multisectorial como territorial.
A nivel de sectores de la economía, la Estrategia Climática de Largo Plazo introduce entonces los presupuestos de carbono para el cumplimiento de sus objetivos, que no es otra cosa que la cantidad máxima de emisiones permitidas para cumplir con las metas de la NDC de Chile, y con los compromisos y objetivos del Acuerdo de París. Y en la ruta establecida para lograr la carbono neutralidad, el presupuesto nacional es de 1.100 MtCO2eq entre 2020 y 2030.
¿Cómo se distribuye esto por sectores económicos? Para ello, la ECLP estableció un asignación de roles para cada autoridad sectorial de gobierno en base al liderazgo determinado por sus atribuciones ministeriales y considerando su rol implementador. Así, en la propuesta en consulta pública el listado de sectores con un mayor presupuesto de carbono lo encabeza el Ministerio de Minería, con un rango entre 297 y 363 MtCO2eq para el período 2020-2030, seguido del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones con un rango de 257 a 314 MtCO2eq para la misma década. Más atrás se ubican los ministerios de Energía (126-154 MtCO2eq), Agricultura (111-135 MtCO2eq), Vivienda (82-100 MtCO2eq), Salud (59-73 MtCO2eq) y Obras Públicas (23-28 MtCO2eq).
Para definir estos presupuestos, se trabajó primero en la capacidad de mitigación potencial de cada uno de los sectores, lo que permite además determinar una serie de medidas a implementar por cada uno de ellos. Esto se conoce como “Esfuerzo de mitigación” sectorial, el que sólo se utiliza como base de cálculo y no implica la imposición de ejecución de éstas, ya que cada autoridad debe elaborar sus planes sectoriales que especifiquen las medidas a desarrollar e implementar para alcanzar el esfuerzo de mitigación establecido en la Estrategia Climática de Largo Plazo. Por esta razón, la ECLP se refiere tanto a los esfuerzos de mitigación como a los presupuestos sectoriales como “indicativos”.
Para el período 2020-2030, la propuesta de Medio Ambiente indica que el mayor esfuerzo de mitigación recaerá en el Ministerio de Energía, que debiera reducir entre 35 y 43 MtCO2eq en esta década. A futuro, esta reducción debiera incrementarse con fuerza, llegando a un rango de 149-182 MtCO2eq entre 2031 y 2040, y a 328-400 MtCO2eq entre 2041 y 2050. En el caso de Minería, este esfuerzo debiera ser de 6 a 8 MtCO2eq entre 2020 y 2030, entre 25 y 31 MtCO2eq para 2031-2040, y de 32 a 39 MtCO2eq en el período 2041-2050. En el caso de Transportes y Telecomunicaciones, este será de 2.7 a 3.3 MtCO2eq en 2020-2030, 17 a 21 MtCO2eq entre 2031 y 2040, y de 43 a 53 MtCO2eq para 2041-2050.
No obstante, esta es una propuesta preliminar que podría sufrir modificaciones tras el proceso de consulta pública, aclara el documento. “Este proceso -señala- de asignación de presupuestos de carbono sectoriales finaliza con la incorporación de mejoras a partir del proceso de participación y posterior confirmación por parte de las autoridades sectoriales definidas por el proyecto de Ley Marco de Cambio Climático. Esto permitirá finalmente acotar los rangos de asignación de presupuestos sectoriales para cada autoridad sectorial”.
Las medidas por sector y los costos de la inacción
La propuesta de Estrategia Climática de Largo Plazo plantea también diferentes visiones y objetivos climáticos de mediano y largo plazo en base a las contribuciones sectoriales -tanto en mitigación como en adaptación- para los ámbitos de Energía, Transportes, Minería, Silvoagropecuario, Salud, Residuos y Economía Circular, Edificación y Ciudades, Infraestructura, Biodiversidad, Recursos Hídricos, Turismo, Pesca y Acuicultura, Borde Costero y Océano.
En Energía, por ejemplo, sector que se presenta como un elemento base y fundamental para alcanzar la carbono neutralidad -tanto por tratarse del mayor emisor de GEI del país como por ser el que posee más potencial de mitigación de emisiones-, se establecen 7 objetivos y 17 metas. Uno de esos objetivos es alcanzar una matriz energética baja en carbono para 2050, donde las metas son el retiro y reconversión de la mitad de las termoeléctricas para 2025 -y la totalidad para 2040-, un 70% de generación eléctrica con energías renovables a 2030 y una reducción de un 50% de las emisiones de transporte marítimo a 2050.
Otro de los objetivos propuestos es incrementar el uso de tecnologías y energéticos bajos en emisiones, como el hidrógeno verde, en todos los sectores de la economía. Entre las metas de este objetivo está el que a 2030 el 30% de las ventas de vehículos sean cero emisiones. Además, se propone diseñar y promover el uso de elementos económicos para acelerar la transición energética. Para este objetivo, por ejemplo, una de las metas es implementar, para 2030, un sistema integral de instrumentos de precio al carbono para reducir emisiones de GEI, entre ellos, impuestos a los combustibles, impuestos a emisiones y otros instrumentos de mercado.
En materia de Transportes, sector con gran incidencia en la generación de emisiones de GEI, material particulado y precursores de GEI, el primer objetivo es orientar las decisiones en materia de movilidad y desarrollo urbano para priorizar los modos de desplazamiento más sustentables y eficientes. Para ello, se utilizarán sistemas de movilidad integrados, multimodales y orientados al bienestar social y la calidad de vida.
Un segundo objetivo es incorporar en los instrumentos de planificación urbana y territorial objetivos de movilidad sostenible y cambio climático, como planificación integrada considerando movilidad y transporte, incentivar el desarrollo de ciudades compactas, policéntricas y con mixtura de usos de suelo, y patrones de viaje más eficientes. Al mismo tiempo, se promoverán acciones para que los usuarios prefieran el transporte público y modos de transporte activo por sobre el uso de vehículos particulares.
Para Minería, entre los siete objetivos propuestos para el sector está el transitar de manera gradual desde un modelo económico lineal (de extraer-usar-desechar) hacia uno de economía circular en las operaciones mineras, con un foco en el desarrollo de soluciones locales y reutilización de la infraestructura. A esto se suma el reducir las presiones de uso de agua dulce fresca en sus operaciones integrando acciones con otros sectores para una mayor eficiencia hídrica, y fomentar el uso de soluciones basadas en la naturaleza para adaptarse a los impactos del cambio climático en la minería.
La Estrategia Climática de Largo Plazo también incluye una evaluación de costo efectividad (económica. Ambiental y social) para la carbono neutralidad y resiliencia al año 2050. Según los cálculos realizados por los ministerios de Hacienda y del Medio Ambiente para la actualización de la última NDC, la implementación de las medidas de mitigación necesarias para ser carbono neutrales implican una inversión de US$50 mil millones en inversión y otros US$80 mil millones en operación y mantención.
Pero, ¿cuál es el costo de no hacer nada? Según la ECLP, en el sector agrícola, por ejemplo, la inacción podría costar unos US$ 428 millones anuales para 2050, representando una reducción de ingreso neto para el sector de un 29% a ese año. En el sector Pesca, en tanto, se calculó el costo relacionado a la reducción de horas disponibles para la actividad por el cambio en el régimen de olas en 302 caletas, los que se cuantificaron en US$17 millones al año (en 2050) por restricciones de operación.
Fuente: País Circular, Martes 01 de Junio de 2021
