LA TERCERA – El aspecto esencial en el manejo de esta crisis del coronavirus es que, para minimizar el costo en vidas humanas, las personas deben aislarse, de manera de hacer más lento el avance de los contagios, lo que permitirá tratar adecuadamente los casos más graves. Ese “distanciamiento social”, sin embargo, tiene graves consecuencias económicas, que el Ejecutivo debe ponderar junto a los riesgos sanitarios de las medidas que adopta. Es la eventual profundidad de los problemas económicos que va a generar el manejo del problema sanitario lo que provoca un incremento de la demanda por dinero, por una parte, y eleva la percepción de los agentes financieros sobre los riesgos de prestar a personas y empresas. Esto hace que la gestión de la liquidez y las regulaciones financieras tome un rol central en esta emergencia.
En este contexto de excepcionalidad deben entenderse las acciones del Banco Central, que ya redujo tasas de interés, tomó medidas para incrementar la liquidez e introdujo mecanismos ad hoc para asegurar la disposición de los bancos a canalizar recursos hacia las empresas. Ahora, ha actuado la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), permitiendo que postergaciones en el servicio de créditos hipotecarios y de consumo, dentro de ciertos márgenes, no obliguen a la banca a constituir provisiones adicionales que limiten su capacidad de expandir colocaciones. Asimismo, la CMF ha comprometido estudiar la postergación de Basilea III y las mayores exigencias de capitalización para el sistema financiero que esta representa.
Una amplia provisión de liquidez envuelve riesgos de inflación en el mediano plazo. Asimismo, relajar las regulaciones que evitan que la banca tome riesgos excesivos supone un riesgo mayor para el Estado de tener que asumir en el futuro las deudas de entidades fallidas. Pero estos riesgos deben ponderarse junto a los que derivan de permitir que la falta de liquidez provoque problemas sistémicos de fallas de empresas que, eventualmente, también debilitan el sistema financiero y comprometen el patrimonio público.
Si mirando al mediano y largo plazo lo importante es elegir un conjunto de reglas y regulaciones que induzcan a los agentes económicos a maximizar el crecimiento económico y el bienestar de la población, en momentos de riesgos catastróficos hay que definir los objetivos prioritarios, asegurar los medios para alcanzarlos y, si es necesario distanciándose de las pautas de conducta que hacen sentido en épocas de normalidad, asegurar las acciones conducentes. Numerosas crisis históricas muestran que una gestión laxa termina en grandes costos para el Estado. Pero también abundan los casos en que la excesiva rigidez transformó un episodio acotado y transitorio en una crisis mayor y prolongada. Lo que cabe es exigir que nuestras autoridades monetarias y nuestros reguladores financieros se guíen por el interés nacional y la excelencia técnica en su gestión.
Fuente: La Tercera, Martes 24 de Marzo de 2020
Medidas necesarias para enfrentar la crisis
LA TERCERA – El aspecto esencial en el manejo de esta crisis del coronavirus es que, para minimizar el costo en vidas humanas, las personas deben aislarse, de manera de hacer más lento el avance de los contagios, lo que permitirá tratar adecuadamente los casos más graves. Ese “distanciamiento social”, sin embargo, tiene graves consecuencias económicas, que el Ejecutivo debe ponderar junto a los riesgos sanitarios de las medidas que adopta. Es la eventual profundidad de los problemas económicos que va a generar el manejo del problema sanitario lo que provoca un incremento de la demanda por dinero, por una parte, y eleva la percepción de los agentes financieros sobre los riesgos de prestar a personas y empresas. Esto hace que la gestión de la liquidez y las regulaciones financieras tome un rol central en esta emergencia.
En este contexto de excepcionalidad deben entenderse las acciones del Banco Central, que ya redujo tasas de interés, tomó medidas para incrementar la liquidez e introdujo mecanismos ad hoc para asegurar la disposición de los bancos a canalizar recursos hacia las empresas. Ahora, ha actuado la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), permitiendo que postergaciones en el servicio de créditos hipotecarios y de consumo, dentro de ciertos márgenes, no obliguen a la banca a constituir provisiones adicionales que limiten su capacidad de expandir colocaciones. Asimismo, la CMF ha comprometido estudiar la postergación de Basilea III y las mayores exigencias de capitalización para el sistema financiero que esta representa.
Una amplia provisión de liquidez envuelve riesgos de inflación en el mediano plazo. Asimismo, relajar las regulaciones que evitan que la banca tome riesgos excesivos supone un riesgo mayor para el Estado de tener que asumir en el futuro las deudas de entidades fallidas. Pero estos riesgos deben ponderarse junto a los que derivan de permitir que la falta de liquidez provoque problemas sistémicos de fallas de empresas que, eventualmente, también debilitan el sistema financiero y comprometen el patrimonio público.
Si mirando al mediano y largo plazo lo importante es elegir un conjunto de reglas y regulaciones que induzcan a los agentes económicos a maximizar el crecimiento económico y el bienestar de la población, en momentos de riesgos catastróficos hay que definir los objetivos prioritarios, asegurar los medios para alcanzarlos y, si es necesario distanciándose de las pautas de conducta que hacen sentido en épocas de normalidad, asegurar las acciones conducentes. Numerosas crisis históricas muestran que una gestión laxa termina en grandes costos para el Estado. Pero también abundan los casos en que la excesiva rigidez transformó un episodio acotado y transitorio en una crisis mayor y prolongada. Lo que cabe es exigir que nuestras autoridades monetarias y nuestros reguladores financieros se guíen por el interés nacional y la excelencia técnica en su gestión.
Fuente: La Tercera, Martes 24 de Marzo de 2020
