LA TERCERA – El sector de la construcción atraviesa por un momento particularmente complejo, lo que se ha visto reflejado en solicitudes de quiebra o reorganización judicial por parte de una serie de firmas constructoras, algunas de ellas de larga tradición. Aunque en el sector desestiman que por ahora se trate de una crisis sistémica, alertan que las insolvencias podrían continuar, y para estos efectos han pedido que el gobierno tome cartas en el asunto.
Las razones que lo explican son variadas, pero las más acuciantes parecen ser el alza de costos producto de las presiones inflacionarias, así como las mayores restricciones crediticias. Y es un hecho que el extenso confinamiento que decretó la autoridad a raíz de la pandemia -y que en los hechos paralizó al país por varios meses- tuvo un impacto sustantivo. El gremio de la construcción también ha hecho ver que en el caso de aquellas empresas que han contratado con el Estado varias se ha visto enfrentadas a retrasos en los pagos por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
La ajustada situación de liquidez y el golpe que significaron las cuarentenas han afectado en distinto grado a todas las actividades del país, y si bien es plausible que hasta cierto punto el Estado asuma la responsabilidad por sus decisiones, resultaría discutible que se pensara en una suerte de salvataje para una actividad en particular, sin considerar al resto, que ha debido enfrentar las dificultades a su propio riesgo. Con todo, en el caso de la construcción el Estado puede enfocarse en procurar fórmulas que, sin ser un salvataje, faciliten que las empresas puedan seguir adelante con sus proyectos. Por de pronto, no resulta admisible que el Estado deje de pagar a tiempo las obras que contrata. Tal práctica, aun si se trata de casos puntuales y no la generalidad, como ha hecho ver el MOP, no solo resulta inaceptable, sino que además es incongruente cuando el propio Estado ha promovido legislaciones para asegurar el pronto pago de las grandes empresas a las Pymes.
El MOP no ha sido indiferente, y en tal sentido ha promovido una serie de medidas que el sector ha valorado positivamente. Entre ellas, se ha autorizado que los nuevos contratos con el Estado tengan reajustes automáticos de hasta 20%, en función de polinomios, y se acaba de anunciar medidas para apoyar al sector inmobiliario.
Ante la posibilidad de que se establezcan nuevas ayudas al sector, éstas deben ser bien focalizadas. Las empresas que participan en la construcción, y en particular aquellas que contratan con el Estado, saben que hay riesgos inherentes a su actividad; con todo, habrá de examinarse caso a caso, pues si hay obras que ya están prontas a su término y su relicitación sería más costosa, podrían hacerse excepciones, pero apuntando a financiar o gestionar lo que reste para que se pueda concluir el proyecto en particular, sin que se traduzca en utilidades.
Es valioso, en todo caso, que el MOP esté teniendo una mejor comprensión de los problemas que afectan a la construcción, contrastando con la gestión anterior. Las señales de que había problemas con los costos y atrasos en los pagos fueron expuestas al ministro de Obras Públicas de la época, pero no hubo mayor proactividad de su parte. Es cuestionable tal inflexibilidad, cuando el Estado es el responsable por la lentitud de los pagos, y porque una serie de licitaciones se hicieron bajo ciertas condiciones que se vieron afectadas por decisiones de la propia autoridad cuando decretó los confinamientos, sin hacerse cargo de ello. Al no tomar medidas a tiempo, se consintió en que la situación llegara hasta el complejo momento actual.
Fuente: La Tercera, Miércoles 2 de Noviembre de 2022
