CPI – La importancia de la infraestructura en el crecimiento de la economía de los países y su rol clave en la productividad, fueron los conceptos principales destacados en la jornada inaugural de Primer Foro Latinoamericano de Infraestructura que contó con la presencia de los ministros de Obras Públicas de Chile, Juan Andrés Fontaine, y de Paraguay, Ramón Jiménez, además de autoridades, académicos y empresarios vinculados al sector.
Organizado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), el encuentro contó con la participación de más de 500 personas.
Al dar la bienvenida al Foro, el presidente del CPI, Daniel Hurtado, enfatizó que la infraestructura es clave para mejorar el bienestar de la población y por ello es necesario que Chile vuelva a retomar los niveles de inversión y llegar nuevamente al 3,5% del PIB, versus el 2% que ha registrado, en promedio, en los últimos años.
“Esta baja explica, en parte, que Chile haya caído en el Índice de Competitividad Mundial del World Economic Forum (WEF) del lugar 22 en 2005 al 33 en el último reporte”, señaló Hurtado.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, enfatizó que la infraestructura es esencial en impulsar la economía ya que crea empleo mientras los proyectos se llevan a cabo; aumenta la capacidad productiva y la competitividad; mejora la eficiencia e integra los mercados.
“En los últimos 30 años el crecimiento promedio de Chile fue 5%. Sin embargo, en los últimos años esa tasa ha bajado por una caída en la capacidad productiva. Para revertir esto es necesario mejorar las tasas de inversión, que pasó de 25% en 2013 a 22%, y de productividad. En todo esto es fundamental la inversión en infraestructura”, explicó el ministro.
Detalló que, para ello, el programa del Gobierno está centrando atacar las debilidades en infraestructura, de manera de que el país mejore su desempeño en áreas como ferrocarriles y aeropuertos, donde se concentran las mayores deficiencias de acuerdo al informe de competitividad que elabora el WEF.
“Además, hay que hacer frente a la gran demanda de infraestructura que en carreteras crece, por aumento de los ingresos, en 9,5% anual y en tráfico aéreo en 10% al año. La falta de inversión genera congestión y eso incide en pérdida de competitividad por mayores tiempos de traslado tanto de las personas como de la cadena logística”, enfatizó el ministro Fontaine.
Agregó que en los próximos cuatro años la meta del Gobierno es invertir US$ 20 mil millones, de los cuales el 37% corresponderá a concesiones. Esto implica que la inversión pública que concretará el MOP crecerá en torno al 11% anual.
La representante del BID en Chile, Carolyn Robert, en tanto, relevó el liderazgo de nuestro país en América Latina en impulsar un sistema de concesiones y de asociación público privada.
Participación ciudadana
En el panel “Comunidad y grandes proyectos” los expositores concordaron en la necesidad de planificar e incorporar previamente al desarrollo de los proyectos la participación de la ciudadanía, de manera de minimizar los riesgos de atraso de los mismos.
El ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, afirmó que en temas de ciudad y desarrollo urbano, no se concibe una política pública que no ponga sobre la mesa las inquietudes y aspiraciones de las personas.
“El desarrollo de la ciudad lo tiene que pensar la gente y acá el desafío es como conciliar sus aspiraciones con la materialización de los proyectos en ámbitos como planos reguladores o permisos de edificación. Allí hay que ordenar muchos aspectos porque se están generando problemas”, afirmó.
Por su parte, Jorge Iturbe, del Grupo GIA de México, que en Chile integra el consorcio que está construyendo el Hospital Salvador Geriátrico, expuso la experiencia mexicana de relación con las comunidades.
Enfatizó que es fundamental incorporar tempranamente la participación ciudadana en el desarrollo de sus proyectos, de manera de minimizar los conflictos y que estos no paralicen o retrasen las iniciativas en curso por falta de conocimiento de las personas.
“Sólo incorporando la opinión de las personas, en las distintas etapas, se legitiman los proyectos y se genera en la comunidad un sentido de pertenencia hacia las iniciativas en desarrollo. Esto da certidumbre y viabilidad financiera a los proyectos”, agregó.
El presidente ejecutivo de Valor Minero, Álvaro García, comentó que, a nivel de grandes proyectos, la aprobación en Chile demoraba alrededor de 8 años por conflictos socio ambientales, mientras en países desarrollados ese plazo era de 2 años.
Para ello, se propuso la creación en el país de una Oficina de Coordinación de Inversiones, idea que fue acogida por el actual Gobierno y que ya está en marcha. El objetivo es reducir los tiempos de aprobación, para lo cual Valor Minero estima importante instalar una institución de Diálogo Territorial que aborde la conflictividad no sólo desde la dimensión ambiental, sino que también considere el impacto económico y social. Según se ha medido, este es el factor más relevante para las comunidades a la hora de evaluar su posición frente a un nuevo proyecto de inversión.
Fuente: CPI Miércoles 27 de Junio de 2018
