DIARIO FINANCIERO – Tras un largo debate que tomó 10 años, el Congreso canceló un acuerdo casi unánime y despachó el proyecto que actualizó el Código de Aguas, reforzando el carácter de bien público del agua y consagrando una nueva regulación para la constitución, ejercicio y extinción de los derechos de aguas, así como para la protección y fortalecimiento de la función que cumple el agua dulce en los ecosistemas terrestres. Las disposiciones del proyecto se pueden agrupar básicamente en cuatro áreas: consumo humano, aguas del minero, asuntos de carácter misceláneo y características de las concesiones.
La modificación del Código de Aguas es un cambio muy importante en las herramientas legales que tendrán el Estado para poder gestionar la oferta y demanda de este elemento vital, lo que resulta especialmente relevante considerando el alto nivel de estrés hídrico en Chile. Esto implica que las principales actividades socioeconómicas en nuestro país poseen una alta dependencia de volúmenes limitados de agua y, por lo tanto, son altamente vulnerables a cambios marginales en la oferta de agua, amenazando la seguridad hídrica y el crecimiento socioeconómico del país.
No obstante, la experiencia internacional ha demostrado que las modificaciones legales, por importantes que sean, deben ir acompañadas de una sólida y concreta estrategia de gestión y gobernanza de los recursos hídricos.
Así ha ocurrido en Australia, donde junto a cambios en los aspectos legales y regulatorios, el Estado realizó una inversión en infraestructura a través del plan “Water for the Future”. El 50% de los 12,9 mil millones de dólares de dicho programa fue destinado a la mejora y actualización de los sistemas de regadío. Se estima que la pérdida gota a gota que generan los sistemas de riego poco eficientes o en mal estado en ese país, era igual al consumo total de agua que tienen las grandes ciudades. Otra medida interesante de destacar es el etiquetado de eficiencia en el uso de agua, que corresponde a un esquema de información para educar y concientizar al consumidor para reducir su consumo de agua. Con esta medida se estima, según cifras oficiales, que el 70% de los consumidores actualmente toman en consideración la etiqueta de eficiencia hídrica para elegir qué productos comprar.
Por su parte, Israel también ha implementado una amplia gama de políticas de gestión de la demanda del agua para incentivar un uso eficiente. Entre ellas destacan la reutilización de aguas residuales, que ha permitido reducir gradualmente la sobreexplotación de los acuíferos, y la creación de una conciencia pública sobre la escasez de agua. Este último tema forma parte del currículo escolar de todos los niños y recibe una atención significativa en los medios de comunicación. El gobierno de ese país ha liderado varias campañas a distintos niveles para crear conciencia sobre la escasez de agua y las formas de conservación, además de destacar el tema en las celebraciones del Día de la Independencia.
En definitiva, debemos celebrar que luego de tantos años en el Congreso, el nuevo Código de Aguas esté ad portas de ser una realidad. Sin embargo, este gran paso no es suficiente por sí mismo. La solución de fondo requiere considerar integradamente a nivel nacional las múltiples dimensiones del problema de la oferta y demanda del agua, haciendo converger los aspectos políticos, técnicos, económicos, financieros, legales y socioculturales. De no ser así, el alto estrés hídrico de nuestro país puede llevarnos a enfrentar conflictos sociales, al deterioro de ecosistemas ya pérdidas económicas significativas.
Fuente: Diario Financiero, Lunes 14 de Febrero de 2022
