PULSO – Chile tiene evidentes necesidades de infraestructura y debiera aprovechar cada oportunidad para cerrar estas brechas. Sin embargo, casos como el del proyecto Terminal 2 del Puerto de Valparaíso, que naufragó después de más de cuatro años de bogar, nos recuerdan el destino de otras tantas obras que se han visto enfrentadas a una travesía interminable o zozobran por razones distintas a sus propias características o debilidades.
¿Un destino inevitable? En ningún caso. De hecho, el gobierno está trabajando en una institucionalidad que racionalice, articule y dé agilidad a la toma de decisiones relacionadas con las iniciativas de inversión. Es el camino correcto. Aunque tratándose de proyectos de infraestructura pública, se necesita un cambio radical, que parte por resignificar el rol que le cabe al Estado en tanto promotor y dueño de los mismos.
Esto pasa, primero, por potenciar su mirada estratégica. Que planifique con la vista puesta en un horizonte de largo plazo y la convicción de que estas obras son gatilladoras de desarrollo social y económico. Así, contaríamos con una cartera de proyectos-país que aúnan sueños y capacidades para sacarlos adelante. Luego, la decisión respecto de cómo se financian -ya sea con recursos públicos o privados- debiera estar sujeta a criterios estrictamente técnicos.
Asimismo, el Estado debe asegurar la calidad de los proyectos, respaldándolos con estudios adecuados para mitigar riesgos e incertidumbres. Se invierte relativamente poco en este ítem, pese a que un proyecto bien pensado evita muchas dificultades posteriores.
Y dado que las obras de infraestructura pública deben aportar a la calidad de vida tanto de sus usuarios como de quienes conviven con ellas, el Estado también está llamado a liderar procesos oportunos de participación ciudadana, de modo que las comunidades incidan en su concepción y diseño y se establezcan compromisos “a firme” para todos. Compromisos a ser respetados aun cuando se produzcan cambios de marea, en el entendido de que estos proyectos generan beneficios colectivos superiores a cualquier interés particular.
Por último, es clave mejorar la coordinación entre organismos públicos en procesos como de aprobación ambiental y expropiaciones. La historia muestra que no son pocas las iniciativas que quedan a la deriva en estas instancias. El desafío es transformar un mar de dificultades en un mar de oportunidades y así cerrar las brechas de infraestructura e impulsar el desarrollo del país y las condiciones de vida de las personas.
Ver Artículo
Fuente: Pulso, Miércoles 10 de Abril de 2019
Un mar de oportunidades, por Patricio Donoso
PULSO – Chile tiene evidentes necesidades de infraestructura y debiera aprovechar cada oportunidad para cerrar estas brechas. Sin embargo, casos como el del proyecto Terminal 2 del Puerto de Valparaíso, que naufragó después de más de cuatro años de bogar, nos recuerdan el destino de otras tantas obras que se han visto enfrentadas a una travesía interminable o zozobran por razones distintas a sus propias características o debilidades.
¿Un destino inevitable? En ningún caso. De hecho, el gobierno está trabajando en una institucionalidad que racionalice, articule y dé agilidad a la toma de decisiones relacionadas con las iniciativas de inversión. Es el camino correcto. Aunque tratándose de proyectos de infraestructura pública, se necesita un cambio radical, que parte por resignificar el rol que le cabe al Estado en tanto promotor y dueño de los mismos.
Esto pasa, primero, por potenciar su mirada estratégica. Que planifique con la vista puesta en un horizonte de largo plazo y la convicción de que estas obras son gatilladoras de desarrollo social y económico. Así, contaríamos con una cartera de proyectos-país que aúnan sueños y capacidades para sacarlos adelante. Luego, la decisión respecto de cómo se financian -ya sea con recursos públicos o privados- debiera estar sujeta a criterios estrictamente técnicos.
Asimismo, el Estado debe asegurar la calidad de los proyectos, respaldándolos con estudios adecuados para mitigar riesgos e incertidumbres. Se invierte relativamente poco en este ítem, pese a que un proyecto bien pensado evita muchas dificultades posteriores.
Y dado que las obras de infraestructura pública deben aportar a la calidad de vida tanto de sus usuarios como de quienes conviven con ellas, el Estado también está llamado a liderar procesos oportunos de participación ciudadana, de modo que las comunidades incidan en su concepción y diseño y se establezcan compromisos “a firme” para todos. Compromisos a ser respetados aun cuando se produzcan cambios de marea, en el entendido de que estos proyectos generan beneficios colectivos superiores a cualquier interés particular.
Por último, es clave mejorar la coordinación entre organismos públicos en procesos como de aprobación ambiental y expropiaciones. La historia muestra que no son pocas las iniciativas que quedan a la deriva en estas instancias. El desafío es transformar un mar de dificultades en un mar de oportunidades y así cerrar las brechas de infraestructura e impulsar el desarrollo del país y las condiciones de vida de las personas.
Ver Artículo
Fuente: Pulso, Miércoles 10 de Abril de 2019
