PAÍS CIRCULAR – La climatóloga y científica que asume su nuevo cargo el 11 de marzo conversa con País Circular acerca de sus desafíos, entre los cuales se incluye implementar la ley marco de cambio climático, a punto de ser aprobada, para cumplir los compromisos internacionales de Chile en esta materia. En su gestión, dice, abogará por una participación efectiva de las comunidades, se compromete a una gestión de cuencas para mitigar la crisis hídrica, cree que la nueva Constitución traerá cambios relevantes en materia ambiental y sueña con que se hable de economía circular no solo en la oficina dependiente del MMA para esta temática.
Aunque se había sumado a la campaña de segunda vuelta presidencial de Gabriel Boric, a Maisa Rojas le sorprendió la invitación del mandatario electo para encabezar el Ministerio del Medio Ambiente. Académica de destacada trayectoria, Rojas asumirá su nuevo cargo el próximo 11 de marzo cuando se realice el cambio de mando presidencial.
Física y climatóloga, Maisa Rojas aún dirige el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Posee un doctorado en Física de la Atmósfera en la Universidad de Oxford y su trabajo ha ganado renombre a nivel mundial, en tanto autora del último -y lapidario- informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, en que se atestiguó que la crisis climática obedece a un factor antropocéntrico y que algunos efectos ya son irreversibles.
No en vano, Rojas fue elegida como coordinadora del Comité Asesor Presidencial sobre Cambio Climático, que depende del Ministerio de Ciencia, para entregar evidencia científica con miras a la acción climática adoptada por Chile. Hasta ahora, la futura ministra del Medio Ambiente sigue en ese reseñado cargo.
En esta entrevista con País Circular, Rojas habla acerca de sus desafíos en la cartera, como empezar a implementar la ley marco de cambio climático que, casi con total seguridad, será aprobada y promulgada en un plazo próximo. Asimismo, apuesta por una mayor participación de las comunidades en proyectos sujetos a evaluación ambiental y una mayor descentralización en la toma de decisiones.
En materia de agua, en tanto, se compromete a trabajar en gestión de cuencas a través de mesas convocadas para esta materia, y sueña con que la economía circular no sea resorte solo del Ministerio del Medio Ambiente, sino que logre incidir en las otras carteras como el gran paradigma para superar la economía lineal. Del mismo modo, cree que la nueva Constitución traerá cambios a la cuestionada institucionalidad ambiental.
–¿Dónde usted va a marcar la diferencia con la gestión anterior en el Ministerio de Medio Ambiente? Supongo que habrá políticas que tendrán continuidad, pero si aceptó este desafío es porque cree que se requieren cambios.
-Mmm, no me gustó la pregunta (ríe). A ver, yo creo que lo importante es profundizar el rol del MMA en la protección del medioambiente y asegurarnos que el desarrollo económico se realice sin un deterioro del mismo. Eso es bien central. Lo otro son dos áreas muy importantes, como empezar a implementar nuestros compromisos internacionales en torno a cambio climático: la carbono neutralidad al 2050 y ser un país resiliente al cambio climático. En ese sentido, yo construyo sobre lo que se ha hecho, porque el cambio climático ha sido una política de Estado. Se requiere urgentemente comenzar a implementar las etapas ambiciosamente. Y la otra área importante, que es una pieza de la institucionalidad ambiental que falta, es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Eso es una urgencia.
–Pero me imagino que hay políticas que van a ser reorientadas. Le cito el caso del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que ha sido cuestionado por la escasa participación de las comunidades y ahora de los gobernadores. El ejemplo más paradigmático es Dominga en que un comité de seremis de distintas carteras reimpulsó el proyecto, sin participación del gobernador de Coquimbo. ¿Habrá cambios en la institucionalidad ambiental respecto de estos temas?
-Sí, eso responde a una agenda de descentralización. Tendremos una institucionalidad nueva y el Presidente electo Gabriel Boric ha dicho claramente que es un tema prioritario y que, además, es muy posible que cambien las reglas con la nueva Constitución. Definitivamente la gestión del cuidado del medioambiente debe ocurrir en los territorios. Un énfasis va a ser poder trabajar con las regiones a través de los gobernadores.
–¿Cuánto le puede allanar el camino al cumplimiento del programa ambiental del Presidente Boric la aprobación de la nueva Constitución? Se habla de que cautelará los derechos de la naturaleza, que propenderá a desprivatizar las aguas. ¿Facilita la futura gestión suya?
-Es difícil ponerse en el caso hipotético de saber cómo será la nueva Constitución, pero entendemos que será una Carta Magna en que el cuidado del medioambiente estará mucho más presente que lo que tenemos hoy. Recordemos que después de ser aprobada la nueva Constitución, se tiene que ajustar el resto del marco normativo del país, lo que va a ser muy importante. Este será un período muy ocupado para el Congreso. Es importante avanzar por ese lado, pero también es importante implementar cosas en el espíritu que traiga la nueva Constitución; es decir, que no requiera marcos legales que tengan que pasar por el Congreso, de ver espacios que hay para cambios en la política que no requieran un cambio legal. En resumen, hay que avanzar por todos lados.
–Puesto que usted ha sido una destacada climátóloga y autora incluso del último informe del IPCC sobre cambio climático, ¿siente que se debe enfatizar más el tema de la adaptación a la luz de la realidad chilena? Se lo pregunto porque además en el programa de Gabriel Boric hay una Estrategia de Adaptación Transformadora a la Crisis Climática, que involucra un potencial Fondo Soberano de Adaptación al Cambio Climático.
-Yo entiendo que haya que priorizar ante tanta necesidad, pero en el caso de la mitigación y la adaptación, hay que hacerlas ambas. No hay otra manera de enfrentar la crisis climática. Vamos a trabajar en la adaptación, porque es la pata de la resiliencia muy asociada a adaptarnos de manera eficaz ante las consecuencias que ya estamos viviendo. Ahí hay un tema central que es la escasez hídrica.
–Y en ese contexto precisamente de crisis hídrica, el programa del Presidente electo anuncia la creación de un Sistema Nacional de Gestión de Aguas, que rompería esta dispersión de instituciones en que actualmente recae la gestión del agua, aspecto muy criticado por usted. ¿Cuál sería la principal medida tendiente a paliar los efectos de la megasequía asociada a los efectos del cambio climático?
-Nuevamente ese es un tema que tiene muchas aristas y seguro que algo saldrá también en la nueva Constitución. A partir de eso, se harán cambios legales. Hay un proyecto para una Subsecretaría del Agua, tendrá que ver el MOP si quiere seguir con ella o no. Pero necesitamos una coordinación y una autoridad que esté a cargo de la gestión del agua, de forma centralizada, para enfrentar a estas 40 instituciones que hoy están a cargo. Sin perjuicio de ello, podemos avanzar en una gestión de cuencas, formando mesas por cuencas, para dar ciertas atribuciones a los gobernadores en el caso del agua. Las decisiones se tienen que tomar en los territorios y en el caso del agua, la unidad territorial natural es la cuenca.
–Y ya que el espíritu del programa de Boric en lo ambiental es la creación de Comisiones de Transición Justa, ¿habrá reparación también para las comunidades afectadas por desvío de aguas, por las comunidades aledañas al maritorio donde hay salmoneras o al impacto causado por las forestales? ¿Considera que éstas son también son “zonas de sacrificio” no asociadas a desarrollo industrial?
-(Piensa la respuesta) Mmm, no lo hemos pensado así. Sí hemos pensado que a través de estas Comisiones de Transición Justa considerar las decisiones de los territorios. Hay que sentarse a dialogar y escuchar en ellos. Es una realidad del siglo XXI, no hay ningún aspecto en que uno pueda imaginar que la toma de decisiones no deba incluir participación. Eso es importante porque, además, debe ser una participación efectiva que tiene que mejorar en cuanto a su calidad. Se deben recoger las perspectivas minoritarias -como de los pueblos indígenas- y tiene que haber rendición de cuentas y transparentar los estudios. Muchas veces la participación es muy técnica: piden la opinión a las comunidades y si hay un documento en clave técnica; eso no permite que se pueda participar de manera efectiva. Tiene que haber una buena trazabilidad de la participación.
–Ahora, ¿con qué medida inicial se puede empezar a conciliar esta falsa dicotomía entre desarrollo económico y protección del medioambiente? El programa de Apruebo Dignidad señala que “los sectores productivos necesitarán alternativas y soluciones para reemplazar algunos de sus procesos”. ¿Qué tendría que empezar a ajustar, por ejemplo, el sector minero para empezar a producir de una manera más sostenible y no generar tantos conflictos con las comunidades?
-Bueno, eso se resuelve con diálogo. Lo de la participación es válido para todas las decisiones que se tomen en los territorios. Hay cosas que se han alegado mucho, como el citado caso del SEIA, en que no siempre incluye participación. Se debería implementar un principio que incluya siempre participación en el SEIA, sin la necesidad de hacer una reforma. Este tipo de temas finalmente destrabaría un montón de conflictos que vemos.
–¿Y cómo percibe el diálogo con el gran empresariado? Si bien hay un gran empresariado que incorpora la variable de sostenibilidad en su estructura, hay otros que quizás están más rezagados.
-Bueno, yo les diría que tienen que subirse al siglo XXI, es una condición sine qua non.
–¿Subirse al carro de la ciencia también?
-Claro, también. A veces no lo menciono porque es como lo básico. La toma de decisiones basada en evidencia científica ayuda a legitimar las decisiones y yo, siendo científica, es inherente a mí. Pero también entiendo de que la ciencia no es el único elemento por el cual se toman decisiones.
–En ese sentido, ¿habrá un diálogo permanente con su par del Ministerio de Ciencia?
-Sí, obviamente. De antemano lo considero mi aliado. Recuerde que el Ministerio de Ciencia tiene un Comité Científico Asesor, del cual aún soy su coordinadora. Ese comité ha sido bien exitoso y útil para proveer evidencia científica en varios aspectos del trabajo que se ha hecho en cambio climático. Ojalá que se pueda reproducir para otras áreas también: tener un comité independiente que provea evidencia puede ayudar a articular en temas complejos en que se requiere coordinación de varios ministerios.
–Con casi total seguridad, a usted le tocará ejercer su cargo con una ley marco de cambio climático aprobada. ¿Por qué es tan importante que se apruebe tan pronto sea posible?
-Chile firmó el Acuerdo de París en 2015 y lo ratificó. A través de las NDC asumió compromisos. Lo que hace la ley es bajar esos compromisos internacionales o permitir una implementación nacional. Esta ley marco le da responsabilidad y atribuciones a los ministerios para que comiencen a implementar las medidas. Se transversaliza este compromiso internacional. Tenemos una meta de largo plazo, carbono neutral a más tardar al 2050, otra meta para esta década, y los ministerios deben empezar a reportar al MMA anualmente cómo les va. Tendremos que monitorear muy de cerca qué estamos haciendo, porque la cosa ahora es ponernos en el camino. En 2030 deberíamos bajar las emisiones a la mitad y así seguir bajando. Es urgente que podamos ponernos a implementar la ley.
–¿Incluso pensando en adelantar la meta de descarbonización? ¿Le gustaría que fuese antes?
-Por supuesto que me gustaría que fuese antes y es parte integral del espíritu del Acuerdo de París. Lo único que exige éste es que los países actualicen sus compromisos cada cinco años, y se pueden complementar a lo que ellos quieran, de acuerdo a sus realidades nacionales. La única condición es que deben ser más ambiciosos. Estoy segura de que van a aparecer nuevas medidas que iremos evaluando para aumentar la ambición.
–La quería llevar a otro terreno. No solo a hablar de las leyes que a usted le tocará implementar, sino a las que ya existen y que son una política de Estado: la Ley REP. Pronto se iniciarán las obligaciones de reciclaje para dos sectores prioritarios, ¿le darán continuidad a este cronograma o hay elementos que ustedes estudian modificar?
-No lo he mirado con detención. Lo que tengo entendido es que el cronograma sigue igual. Lo que hay que tener claro es que se requiere una transformación: de hablar de residuos a hablar de economía circular, que representa un cambio de paradigma. Diseñar las cosas de una manera distinta, eliminando el residuo. Hay una hoja de ruta que tenemos que ver cómo se seguirá implementando. Lo que ha avanzado muy bien es la Estrategia de Residuos Orgánicos y luego veremos si hay alguna definición de nuevas áreas prioritarias en la Ley REP.
–¿Cómo la industria de la ropa, por ejemplo?
-Puede ser, pero no me quiero adelantar, no lo he conversado con gente de esa unidad.
–¿Se creará nueva infraestructura de valorización de reciclaje para cumplir las metas trazadas por la Ley REP?
-Habrá que estudiarlo y verlo con el tiempo. Si falta infraestructura, habrá que crearla. Lo importante es fortalecer transversalmente la economía circular.
–¿La economía circular recibirá un nuevo trato durante su gestión?
-A mí me gustaría, efectivamente, que no solamente fuera una Oficina del Ministerio del Medio Ambiente la que hablara de economía circular, sino que este concepto logre permear también a los otros ministerios.
Fuente: País Circular, Lunes 31 de Enero de 2022
