DIARIO FINANCIERO – El reajuste a contratos de infraestructura vigentes del ministerio de Obras Públicas (MOP) se acerca. Aún restan algunos días para que la Contraloría General de la República tome de razón del documento -dijo esta semana el titular de la cartera, Juan Carlos García-, y se espera que tras este último paso, las autoridades den a conocer oficialmente las disposiciones que buscan “evitar las consecuencias negativas que puede acarrear el actual escenario económico” y “propender a la reactivación económica y mantención del empleo en el rubro”.
Para concretar esta modificación al régimen vigente que permitirá aumentar el monto de los contratos en un máximo de 20% para así ofrecer un mayor margen de maniobra financiera a las empresas, el MOP modificará las condiciones actuales a través de un artículo transitorio único (14°) que incorporará una serie de ajustes al Reglamento para Contratos de Obras Públicas.
El índice se aplicará para los estados de pago de obras cursados desde el 1° de septiembre de 2021.
Este mecanismo operará “previa solicitud del contratista y mediante la suscripción de un convenio aprobado por resolución exenta”, podrá incorporarse un índice de reajuste en los contratos regidos por aquel reglamento.
De acuerdo al contenido de esa normativa al cual tuvo acceso DF, las empresas podrán acogerse a esta modalidad siempre y cuando éstos cumplan requisitos, como no encontrarse con recepción provisional única o en procesos administrativos posteriores a dicho acto, que no se haya hecho abandono unilateral de la obra y que no se haya dado término anticipado al contrato.
Además, establece que los contratos que opten por este mecanismo, no deben haber sido licitados mediante bases especiales para obras específicas; deben haber cursado, al menos, un estado de pago de obras desde el 1° de septiembre de 2021. Y en los casos en que lo anterior no haya ocurrido, se puede aplicar en aquellos casos en los cuales el contrato contemple la reajustabilidad del índice propuesto.
La operación del reajuste
Así, el mecanismo se aplicará sobre el valor total de cada estado de pago -descontando utilidades-, de modo que la diferencia, ya sea positiva o negativa, “se pagará en valor nominal” y no podrá superar el 20% del monto total del contrato adjudicado. Esto, pues, de ser así el decreto señala que la aplicación de este artículo “cesará” y se hará uso del mecanismo de reajustabilidad contemplado originalmente.
Además, el documento detalla que el índice “se aplicará para los estados de pago de obras cursados desde el 1° de septiembre de 2021” hasta la emisión del último de ellos. E indica que será el MOP el encargado de determinar el valor de la diferencia que corresponda pagar “de acuerdo con el procedimiento que dictará la Dirección General de Obras Públicas para tales efectos”.
El ministro García explicó en las últimas sesiones de las comisiones de Economía y de Obras Públicas de la Cámara Baja que el reajuste será voluntario.
De acuerdo al documento, el mecanismo además será aplicable a los convenios celebrados entre el MOP “y los distintos organismos o servicios públicos, bajo los mismos requisitos señalados precedentemente”. Y aquellos contratos que deseen acogerse a este reajuste deberán hacerlo hasta marzo de 2023.
Este mecanismo es el segundo reajuste que plantea el MOP en medio de la crisis del sector. El primer anuncio tuvo lugar en julio pasado y la fórmula propuesta permitió a los contratos futuros actualizar los nuevos valores en vista del alza de precios de los insumos de construcción. Tras dos meses de implementación, la cartera reveló que los contratos desestimados cayeron un 20%.
Fuente: Diario Financiero, Jueves 10 de Noviembre de 2022
