CPI – En marco de I Foro Latinoamericano de Infraestructura, representantes de entidades públicas y privadas de Chile, Uruguay y Brasil revisaron las brechas tecnológicas, jurídicas y económicas que alejan a la región de los beneficios de la economía digital y discutieron formas de superarlas.
La necesidad de contar con agendas de políticas públicas que permitan generar las condiciones para aumentar la inversión en infraestructura digital, los desafíos técnicos y económicos inherentes a los que se enfrenta la región en este ámbito y posibles estrategias para superarlos, fueron algunos de los temas tratados en la primera versión del Foro Latinoamericano de Infraestructura, organizado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).
André Moura Gomes, consultor internacional de Cullen International -quien trabajó directamente en la coordinación de las políticas de infraestructura de banda ancha en Brasil- afirmó que uno de los mayores desafíos que enfrenta el sector es que la infraestructura de conectividad digital suele “no ser considerada aún como prioridad en la región”.
El experto se refirió a la importancia de coordinar esfuerzos y políticas para integrar el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones con otros tipos de infraestructura, como una forma de bajar costos. Especial relevancia cobra, en este sentido, el Internet de las Cosas (IoT), que permitiría la integración de infraestructuras utilizando los dispositivos conectados a la red.
Por su parte Edgardo Morón, de Antel, empresa estatal de telecomunicaciones de Uruguay, se refirió a la exitosa experiencia de la compañía reemplazando la red de cobre existente por fibra óptica, iniciativa que comenzó en 2011 y que ya tiene un 73% de los hogares con cobertura de FTTH.
“Esto significa que hoy, en lo que se refiere a la relación de servicios de datos sobre fibra óptica respecto del total de servicios de datos, Uruguay se ubica en tercer lugar, debajo de Japón y Corea”, explicó.
La compañía planea completar el despliegue de fibra óptica en todo el país, teniendo como objetivo llegar a todos los lugares donde tienen ADSL, dentro de los próximos 5 años. “Además, agregó, estamos enfocados, dado el crecimiento del mercado de las telecomunicaciones a una tasa de 1 a 1.5% anual, en mejorar los servicios actuales y optimizar nuestra gestión, como una forma de aumentar los márgenes”.
La visión desde Chile
Pablo Bello, director ejecutivo de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, Asiet, afirmó que América Latina es la región del mundo donde menos ha crecido la productividad en los últimos 15 años, y que uno de los elementos prioritarios para revertir esta situación es “desarrollar una estructura digital de clase mundial que permita cerrar esta brecha de conectividad”.
“Necesitamos más inversión en conectividad para lograr que la infraestructura de telecomunicaciones sea pilar fundamental de una estrategia de desarrollo que nos permita crecer más rápido. Pero los ingresos de la industria están creciendo a tasas muy pequeñas. Es la realidad de América Latina”, afirmó.
Para subsanar esta situación propuso, entre otras cosas, “construir agendas de políticas públicas que permitan apalancar, acelerar y generar las condiciones para aumentar la inversión” y llamó la atención sobre la necesidad de contar con una política pública coherente y de establecer y fortalecer la seguridad jurídica para los inversionistas.
Guillermo Pickering, presidente de la Asociación de Telefonía Móvil, Atelmo AG, enfatizó en su exposición que “Chile debe tener como prioridad política el desarrollo de las telecomunicaciones y la digitalización del país”, y que entre las tareas pendientes para impulsar este desarrollo se debe “ampliar la infraestructura digital para soportar el crecimiento de la demanda; definir políticas de largo plazo que incentiven las inversiones públicas y privadas; incentivar modelos de negocios que garanticen la rentabilidad para el despliegue de redes de alta velocidad; generar modelos de financiamiento para aumentar la capilaridad en zonas rurales, remotas y vulnerables y mejorar la estabilidad regulatoria y certeza jurídica”.
Fuente: CPI, Viernes 29 de junio de 2018
