Los desafíos y oportunidades en obras de infraestructura

PAUTA – En Chile las obras de infraestructura pública de las últimas décadas se han desarrollado de manera importante a través del sistema de concesiones, aunque durante los últimos años se ha producido una ralentización de las obras.
¿Está el sistema funcionando como debe? ¿Es capaz de absorber adecuadamente las necesidades de infraestructura? ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades que se plantean?
“Las concesiones son una herramienta más para generar infraestructura”, afirma el presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública A.G. (Copsa), Leonardo Daneri, quien destaca la importancia del sistema. “Tiene la capacidad de poner a disposición de los ciudadanos nuevas tecnologías […] infraestructura de autopistas, aeropuertos, etcétera”.

“El problema más serio que tenemos es que Chile nos quedó chico”, plantea Daneri. Se refiere a que el país ha crecido de tal forma que la infraestructura, que soporta el funcionamiento, no es capaz de soportar todo lo que se está haciendo. “Lo que tenemos que hacer es hacer crecer Chile, hacer crecer la infraestructura”, sentencia.
Daneri recuerda el boom de las obras de infraestructura de los noventa, permitido, dice, por la aprobación de la ley de concesiones de obras de infraestructura pública aprobada en 1991. Esto permitió tener la mejor infraestructura de Sudamérica “por lejos” y que fuéramos “el primer país del mundo en tener free flow”.
Sin embargo, este empuje comenzó a decaer. “Nos fuimos dando una institucionalidad cultural […] todo lo que tiene que ver con medio ambiente, con hallazgos arqueológicos, con consultas a las comunidades, que hizo cada vez más difícil generar unanimidad con respecto a los beneficios de la infraestructura, y por otro lado las ciudades siguieron creciendo y se generó una mucho mayor fricción de las obras de infraestructura”, señala Daneri. “No tenemos la institucionalidad adecuada para enfrentar la nueva forma de hacer la infraestructura”, agrega.

“Nosotros siempre hemos planteado que la infraestructura es una política de Estado”, dice Daneri, quien afirma que se requiere voluntad política, pero también “el convencimiento de los ciudadanos de que la infraestructura mejora la calidad de vida de las personas”.
A juicio del presidente de Copsa, hay acuerdo en la mejora de calidad de vida que trae la infraestructura. ¿Cuál es el problema, entonces? “Cuando se construyen obras de infraestructura, beneficia a muchísimas personas, pero perjudica a unos pocos. Y esos pocos, con todo su derecho, han obstaculizado o han puesto condiciones que hacen muchas veces inviables las obras de infraestructura”, señala.
A esto se agrega la demora de la institucionalidad ambiental para aprobar los proyectos, dice Daneri, y ejemplifica con el Terminal 2 de Valparaíso. “Un permiso ambiental que demoró cinco años y la empresa aprovechó una ventana de salida y la usó”. Aclara, en todo caso, que la ley que regula las concesiones portuarias es diferente de la que rige las obras públicas, ya que las concesiones de puertos no pueden durar más de 30 años. “Cuando un proyecto se demora en ponerse en operaciones, deja de percibir ingresos, y si no se alarga el plazo para compensar, el equilibrio económico de esa concesión se pierde”, señala.
Daneri aborda casos emblemáticos en que ha habido problemas con las concesiones, como el caso del Hospital Félix Bulnes. Según afirma, la concesionaria a cargo comienza a cobrar sólo cuando el hospital está terminado, por lo que la concesionaria es la más interesada en que se termine, aunque reconoce un atraso de dos o tres meses respecto de lo estipulado. Sobre la ruta G21, o camino a Farellones, explica que fue finalmente adjudicada, luego de procesos en los que no hubo oferentes, porque “probablemente el estándar de servicios que se exigió era más allá de lo que permitía la tarifa disponible máxima a cobrar”.

Daneri destaca la sólida institucionalidad chilena, que ha atraído a empresas extranjeras al mercado de la infraestructura. La economía pujante, con necesidad de infraestructura, es otro factor para atraer inversión extranjera. “Están todos los ingredientes para que esto sea atractivo, lo que pasa es que hay ciertos aspectos que se nos han ido quedando atrás”, expresa.
Hay situaciones que demoran la construcción de obras de infraestructura, señala Daneri, como los hallazgos arqueológicos o los servicios. Sobre los primeros, señala que pueden paralizar una obra por años, y en el caso de los segundos –telefonía, electricidad, agua potable– “cada vez que uno quiere intervenir, ya sea en la ciudad o en zonas rurales, hay un servicio que cambiar”, explica.

El seminario organizado por Copsa y Libertad y Desarrollo abordará la institucionalidad en lo que respecta a las agencias del Estado que se hacen cargo de la infraestructura de uso público: el Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de la Dirección General de Concesiones, y el recién creado Fondo de Infraestructura (Foinsa), que administrará las obras concesionadas que vayan venciendo, relicitándolas.
Daneri explica el funcionamiento de este fondo que permitirá, en teoría, mejorar las obras ya construidas y cuya concesión venza, además de destinar parte de los ingresos a nuevas obras de infraestructura.

El presidente de Copsa cita un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) que cifra en US$ 150.000 millones el déficit en infraestructura, en todas las áreas. Pone como ejemplo el aeropuerto de Santiago; “nuestro aeropuerto va a nacer pequeño”, afirma, y agrega que hay que empezar a preocuparse de una próxima remodelación.
Daneri se refiere también a la necesidad de invertir en infraestructura digital. “Cuando venga el 5G, vamos a tener que tener la infraestructura necesaria para aquello”, señala. Y eso sería luego, si la Subtel logra cumplir, o al menos avanzar con sus planes de tener implementado el nuevo estándar durante este mandato, tal como lo señaló en PAUTA Bloomberg la subsecretaria de Telecomnicaciones, Pamela Gidi.
Leonardo Daneri considera que la labor del ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, ha sido buena. “Ha entendido que el Estado es el dueño de la infraestructura y además es socio con los concesionarios en gestionar”, afirma.
Vea la conversación completa en PAUTA Bloomberg aquí: