PULSO – En septiembre de 2009 se aprobó la Ley de Subsidio al Transporte Público (20.378), generando un cambio en la política que existía hasta ese momento para distribuir los fondos de infraestructura y movilidad, tanto en el Gran Santiago como en regiones.
En líneas generales, el diseño de este subsidio incluía la asignación de un fondo anual por un periodo de 10 años al sistema de transporte público capitalino, mientras que la mitad de ese monto sería distribuido en regiones.
A diferencia del anterior subsidio, el que establecía recursos decrecientes, la también denominada Ley Espejo del Transantiago establecía un piso, ajustándose por IPC y suplementándose vía presupuesto hasta 2022.
Del mismo modo, esta ley fijaba un financiamiento especial para el resto del país o Fondo de Apoyo Regional (FAR), que también tiene una vigencia hasta 2022.
Esto se traduce que si en 2017 el Transantiago recibió un subsidio de US$715 millones, la mitad de este monto habría sido asignado al FAR.
Los desafíos
Si bien se registraron avances gracias a la Ley Espejo del Transantiago, al poco andar ésta tuvo sus primeros problemas. En 2016 se descubrió que los recursos no ejecutados en proyectos de transporte en regiones acumulaban una cifra que ascendía a US$935 millones, monto que supera la inversión requerida para la modernización del Aeropuerto de Santiago.
Los municipios rurales de la Región Metropolitana están entre los principales afectados por este problema, pese a que han mejorado sus condiciones. “Nos conformamos para discutir por qué a nosotros no nos asignaban un fondo. Principalmente, porque no tenemos Transantiago ni somos regiones. Ganamos esa batalla y hace unos años, en 2008, nos asignaron un fondo de alrededor de $86 millones para las 18 comunas. Hoy, esa cifra subió a $26.400 millones”, señala Cristián Balmaceda, presidente de la Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana (Amur).
Estos dineros han permitido mejorar caminos, veredas y ciclovías, además de otras infraestructuras, pero la lentitud con la que son asignados, ha provocado problemas para llevar a cabo estas obras. “Hace unos tres años se han venido demorando en la distribución de los fondos. Acabamos de terminar la ejecución de los proyectos de 2016, recién nos están aprobando los de 2017 y ya estamos en 2018. El temor que tenemos es que llegue un punto en que nos digan que estos dineros tengan que ser utilizados el año de asignación”, dice Balmaceda.
Los expertos comentan que la Ley Espejo del Transantiago tiene algunos aspectos que perfeccionar. “Se podría mejorar. Ha sido buena en el sentido de que ha obligado a que el Estado destine fondos para el desarrollo de la movilidad y transporte en las regiones. De otra manera, habríamos tenido un rezago aún mayor en estos lugares. Sin embargo, creo que la metodología para asignar estos recursos y adjudicar estos proyectos, debiera ser diferente”, explica Raimundo Cruzat, ex director del Transantiago.
En ese sentido, sería clave modificar el carácter y la forma en la que se planifican los proyectos que buscan utilizar los fondos de la Ley Espejo del Transantiago. “Uno podría pensar en proyectos de más largo plazo. Este subsidio tiene una lógica bastante anual, que no obedece a un plan prolongado en el tiempo, sino que a un tema que tiene que ver con las voluntades políticas de las autoridades de turno. Además, no todas las zonas y regiones necesitan el mismo tipo de inversión”, asegura Cruzat.
Otro aspecto que atentaría contra la distribución de estos fondos, es la forma en la que está planteada la Ley Espejo del Transantiago. “Es una ley que en algunos casos incluso terminó por financiar los muebles de una intendencia. Si bien está súper claro que estos recursos tienen que ser asignados en proyectos de transportes, finalmente, la falta de iniciativas ha hecho que esa plata sobre y termine siendo utilizada en otras cosas”, afirma el ex director del Transantiago.
Proyectos
La Ley Espejo del Transantiago también ha impulsado importantes beneficios en las comunidades más alejadas de Chile. De acuerdo a información de la Subsecretaría de Transportes, los recursos se han destinado a programas como el de Servicios de Transporte Escolar Gratuito, que beneficia a 54 mil estudiantes de regiones y zonas alejadas del Gran Santiago.
Otro ejemplo es que hasta el momento se mantienen 164 servicios en la Región de Los Lagos, 110 en la de Los Ríos, 104 en Maule y 103 en O’Higgins. Entre otros beneficios, la Ley Espejo del Transantiago rebaja la tarifa en más de 6 mil buses de ciudades como Antofagasta, Valparaíso, Concepción y Rancagua, lo que permite que alrededor de 5 millones de personas se puedan trasladar a un menor costo.
Fuente: Pulso, Viernes 2 de febrero de 2018
