Los avances y tropiezos del proyecto La Punilla

Ya en abril de este año, el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, reconocía ante la comisión de Obras Públicas del Senado, que tanto La Punilla como otras 12 iniciativas de la cartera enfrentaban un atraso. En el caso particular del embalse, previamente había anunciado que enviaría un delegado especial para monitorear de cerca el proceso.
Pero en esta materia poco se avanzó durante el año, pues en noviembre pasado apenas 20 de las 29 familias habían firmado los respectivos convenios de relocalización, documento que activa la entrega de los bonos contemplados en el plan de desarrollo social, una de las medidas de compensación establecidas en la resolución de calificación ambiental.
Desde el punto de vista técnico el megaproyecto del MOP no exhibe retrasos, pues este año la empresa concluyó la ingeniería de detalle y la Comisión de Evaluación Ambiental aprobó el 29 de agosto el estudio de impacto ambiental de la línea de transmisión que evacuará la energía que genere la central hidroeléctrica La Punilla.
Desde el punto de vista financiero, las autoridades del MOP han asegurado que la situación de la multinacional italiana Astaldi, matriz de la concesionaria Aguas del Punilla, no debiera afectar la ejecución del proyecto. En octubre se conoció que Astaldi buscaba reorganizar sus activos a nivel internacional, con el objetivo de reducir su deuda, mientras que en Chile enfrentaba atrasos en los pagos a proveedores en la construcción del Hospital Félix Bulnes y la decisión de Codelco de hacer efectivas las boletas de garantía por los proyectos Chuquicamata Subterránea y Nuevo Nivel El Teniente.
Sin embargo, es el factor social el que mayor preocupación genera a nivel local y en el Gobierno, por la incapacidad de la concesionaria de convencer a las familias que no han firmado los convenios de relocalización.
En ese contexto, el MOP, a través del Consejo de Defensa del Estado, solicitó al Segundo Juzgado Civil de Chillán el desalojo de las familias que residen en los terrenos expropiados por el Fisco entre 2014 y 2016, medida que se concretó el 21 y 22 de noviembre con auxilio de personal de Fuerzas Especiales de Carabineros, lo que fue duramente criticado por organizaciones ambientalistas y algunos representantes políticos.
Tribunal Ambiental
Frente a la lluvia de críticas, desde el MOP aclararon que se actuó conforme a la ley, sin embargo, el 7 de diciembre el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia puso esa afirmación en duda al acoger la solicitud de medidas cautelares prejudiciales en favor de los afectados por los desalojos y paralizó dicho proceso.
Diez vecinos afectados por la construcción del embalse, quienes habitan en la zona A y que sostienen que la concesionaria no ha cumplido con las medidas de mitigación y compensación contempladas en la RCA, habían presentado el día anterior dicha solicitud, patrocinados por el abogado Álex Quevedo.
Uno de los principales argumentos planteados por los demandantes es que la RCA señala que no se podrá iniciar obras mientras no se haya ejecutado completamente la relocalización de las familias, lo que hasta la fecha no ha ocurrido.
Asimismo, los afectados sostienen que no se ha implementado el plan ganadero, que les permitiría continuar con su actividad en una nueva localización, así como también reclaman que no se ha realizado un nuevo catastro que permita identificar a todos los afectados por la construcción del embalse.
La decisión del tribunal fue calificado como inédito en esta materia y destacado como un triunfo por parte de los opositores al proyecto, que tiene como objetivo dar seguridad de riego a unas 70 mil hectáreas de la cuenca del río Ñuble, y que demandará una inversión total superior a los 500 millones de dólares.
Para los regantes del río Ñuble, en tanto, quienes serán los principales beneficiados por el embalse, la confianza expresada en un comienzo respecto del cumplimiento de los plazos dio paso a la preocupación, hasta que en diciembre finalmente se sumaron a las críticas a la conducción del MOP en esta materia. “Nuestro balance del año 2018 es bastante amargo, porque sentimos que las autoridades que representan al Ministerio no actuaron con la diligencia y rigurosidad que se requería en el desarrollo de un proyecto de gran envergadura para la región y el país”, expresó el 21 de diciembre pasado la presidenta de la Junta de Vigilancia del río Ñuble, Margarita Letelier.
Tras la decisión del Tribunal Ambiental y la presentación de la respectiva demanda por daño ambiental el viernes 28 de diciembre contra la concesionaria, se abren distintos escenarios para un proyecto clave de la nueva región, donde la sombra del retraso en las obras crece a mayor velocidad que la búsqueda de soluciones.