PAÍS CIRCULAR – Más de 20 iniciativas de ley se han presentado las últimas dos décadas en relación a establecer normas que podrían reducir la ocurrencia de incendios forestales o, al menos, limitar el daño que ocasionan. Sin embargo, ninguna se ha transformado en ley. Actualmente hay tres proyectos -uno de 2020 y dos de 2023- con un cierto nivel de avance en el Poder Legislativo, pero sin una discusión con la urgencia que ha dejado en evidencia la tragedia de los últimos días. La propuesta ingresada en octubre del año pasado el Gobierno abarca el problema de manera integral, pero se prevé que tanto su aprobación como implementación son de largo aliento.
Los incendios que afectan a diferentes comunas de la región de Valparaíso, como Viña del Mar, Quilpué, Limache y Villa Alemana, fueron calificados como una de las mayores tragedias que han ocurrido en el país, tras el terremoto del 2010. A la fecha, está confirmada la muerte de más de 130 personas a causa del fuego, 300 aún se encuentran desaparecidas y se estima que hay más de 15 mil viviendas afectadas.
Este desolador panorama nuevamente ha reabierto la discusión sobre qué medidas legislativas se pueden tomar para prevenir incendios forestales, reducir los daños que provocan y, por otra parte, desincentivar la quema intencional de predios en Chile. Cabe recordar que de acuerdo a cifras de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), en el país el 99% de los incendios son provocados por la acción humana: 70% tiene origen en actividades negligentes o accidentales (quema de pastizales fuera de temporada, fogatas, chispas de herramientas, etc.) y un 29% en causas intencionales (objetivos económicos, patologías, reivindicaciones).
Lamentablemente, si bien existen tres proyectos que actualmente están siendo tramitados en el Congreso, y que tienen diferentes estados de avance, año tras año es posible apreciar cómo siguen ocurriendo estos siniestros sin que haya mayores avances en la materia. De esta forma, tras cada nueva tragedia, se proponen nuevos proyectos de ley que comienzan a acumularse sin resolver el problema de fondo.
De acuerdo a una búsqueda realizada por País Circular entre los boletines del Congreso, es posible encontrar 22 propuestas legislativas sobre la materia, en trámite, siendo la más antigua una correspondiente al año 2005. La mayoría corresponde a Mociones parlamentarias (solo dos son Mensajes presidenciales), e intentan regular sobre incendios aumentando penas para quienes resulten responsables, determinando qué tipos de especies se pueden plantar cerca de zonas habitables, modificando leyes de urbanismo y la incorporación de instituciones civiles para prevenir desastres, entre otros.
Prevención
De tres proyectos que son los más mencionados en medios de comunicación, el que lleva más avance en términos de discusión parlamentaria es el patrocinado por el diputado independiente Félix González, con foco en la prevención.
En conversación con País Circular, el parlamentario explica que la propuesta busca entregar mayores atribuciones a municipios y a la CONAF, con el fin de que tengan la capacidad de mandatar a empresas forestales para generar cortafuegos. Además, permite que a través de ordenanzas municipales se prohíba el monocultivo (principalmente pino y eucalipto) cerca de sectores poblados.
“Logramos que este proyecto pasara al Senado, a segundo trámite, pero ahí quedó porque justo llegó el receso parlamentario. Nosotros pensábamos que el Gobierno podría ponerle suma urgencia para que fuera despachado prontamente, pero solo accedieron a urgencia simple”, indica.
La iniciativa fue ingresada en marzo de 2023, tras los incendios que afectaron hace un año a la Región del Biobío, principalmente a las zonas de Nacimiento, Santa Juana y Coronel. Recién en octubre comenzó su discusión en las comisiones de la Cámara, y pasó al Senado el 16 de enero de este año.
Cambio de uso de suelo
Otro proyecto es el que impulsa el diputado de Convergencia Social Diego Ibáñez. La propuesta (Boletín N° 13967-12) fue ingresada en diciembre de 2020, y aún sigue en discusión en la Cámara de Diputados. A través de sus redes sociales, el parlamentario llamó los últimos días a legislar en torno a su propuesta, que implica la prohibición del cambio de uso de suelos siniestrados en un periodo de 30 años, fundamentalmente para evitar la construcción de edificios en esos terrenos.
El diputado González, quien también patrocina la propuesta de Ibáñez, dice que “parece a simple vista como que va a servir, pero trabaja bajo la hipótesis de que son las inmobiliarias las que queman. Ese tipo de casos ha habido, sobre todo en la Región de Valparaíso, pero la realidad es que eso es bastante menor”.
El proyecto considera un único artículo en que se expone que, en caso de incendios que afecten a “bosques, mieses, pastos, montes, cerros, plantíos o formaciones xerofíticas, de aquellas definidas en la ley Nº 20.283, quedan prohibidas las siguientes acciones, por el plazo de 30 años contados desde el cese del estrago”, pasando a detallar el cambio de uso de suelo, solicitud y concesión de permisos de edificación, subdivisión, loteo o urbanización predial y toda actividad incompatible con la recuperación de la cubierta vegetal.
Proyecto integral
Finalmente, el tercer proyecto es el que presentó el Gobierno del Presidente Gabriel Boric en octubre de 2023. A diferencia de los proyectos anteriores, esta propuesta (Boletín N° 16335-14) es más integral y considera otras iniciativas de ley (como las nombradas anteriormente). Si bien ingresó con suma urgencia, se fueron renovando los plazos para dar más tiempo a los parlamentarios de discutir el proyecto, sin terminar su primer trámite constitucional.
La propuesta, elaborada entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, considera la regulación de actividad forestal, uso de suelo y bosque nativo, como así también la creación del Servicio Nacional Forestal, que fue presentado mediante un proyecto de ley durante la administración de Michelle Bachelet (2017).
Félix González destaca que el proyecto del Ejecutivo es muy bueno, porque justamente se trata de una propuesta integral, sin embargo, advierte que no es de una tramitación rápida y su implementación se prevé aún más lenta. Esto debido a que en caso de que fuera aprobado por el Congreso, recién entraría en vigencia un año después de su publicación en el Diario Oficial, para después implementar el Servicio Nacional Forestal.
Fuente: País Circular, Miércoles 7 de Febrero de 2024
