PAÍS CIRCULAR – Los beneficios socioambientales que entregan los humedales a las comunidades son claves: nos protegen de eventos extremos como inundaciones y sequías, regulan el clima, son fuente de agua y alimento. Los humedales albergan gran número de especies de flora y fauna y son, además, grandes sumideros de carbono, contribuyendo a la mitigación y adaptación al cambio climático”. Con esta descripción, la ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt explicaba, el miércoles pasado, la importancia de que ese día se hubiera aprobado en el Congreso el proyecto de ley de protección de humedales urbanos, lo que calificó como un paso fundamental en la gestión y conservación de esos ecosistemas.
Y es que a pesar de esas características subrayadas por la ministra, hasta ahora no existía en Chile un cuerpo legal para proteger los humedales que se encuentran dentro de los límites de las ciudades y que, por el contrario, han sufrido una constante degradación y destrucción, especialmente a causa de su secado y relleno para convertirlos en terrenos aptos para la construcción de viviendas, tanto por parte del sector privado como público.
La nueva ley, que debiera ser promulgada en los próximos días, surgió de una moción parlamentaria impulsada por el senador Alfonso de Urresti (PS), quien celebró su aprobación: “Creo que es una gran noticia para los humedales urbanos y para las organizaciones que a lo largo de Chile han estado trabajando en su protección”.
El parlamentario destacó tres elementos de esta norma: es la primera ley que define, reconoce y regula este tipo de ecosistema, lo que le otorga un carácter inédito; surge del accionar de las organizaciones sociales en todo el país; y coloca a los humedales como un factor fundamental en la agenda nacional contra el cambio climático.
Asimismo, el senador por la Región de Los Ríos explicó que han existido responsabilidades compartidas en la degradación de estos ecosistemas porque “hay presión del sector inmobiliario, pero también a veces la desidia de los propios entes del Estado, que han hecho vista gorda o derechamente han rellenado o destruido humedales. Tenemos situaciones aberrantes de viviendas sociales e infraestructura pública que se ha construido sobre humedales”.
“Creo que no hay nadie que esté fuera de esa falta de criterio en relación al drenaje, el relleno o la destrucción de humedales”, subrayó el parlamentario.
Por esto, valoró que “con la vigencia de esta ley va a existir un instrumento a nivel nacional para que ningún municipio haga vista gorda respecto a la destrucción de los humedales”.
Una opinión similar manifiesta la investigadora asociada del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (Cedeus) Carolina Rojas, quien se presentó ante las comisiones de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado (en junio de 2018), y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados (en junio de 2019) para exponer, entre otros temas, sobre el valor ecosistémico de los humedales y su importancia como infraestructura verde para proteger a las ciudades de inundaciones provocadas por aguas lluvias, tsunamis u otros fenómenos.
“Considerando que en Chile es difícil hacer normativas ambientales y proteger ecosistemas, desde el punto de vista de un urbanismo más sustentable, donde los ecosistemas son parte de la ciudad, esta es una tremenda ley y es un gran avance que se haya logrado incorporar los humedales urbanos en la planificación territorial”, sostuvo la académica.
No obstante, agregó que si se mira desde una perspectiva ecológica, donde es necesario aumentar la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, “claramente se requiere un instrumento mucho mayor, pero se complementa muy bien con lo que podría ser la aprobación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP, en tramitación desde 2014) y también con los proyectos que está haciendo el MMA para proteger humedales que no están tan presionados por el uso urbano o que están fuera de la ciudad”.
Rojas, doctora en Sistemas de Información Geográfica, explica que uno de los aportes de la nueva ley es que incorpora el concepto de humedales urbanos a la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Hasta ahora, al no estar presente esa definición en la normativa “había un problema enorme, porque se estaban construyendo condominios, viviendas sociales, incluso hasta edificios sobre los humedales, sobre los que van quedando de ellos en las ciudades”.
Según explica la académica, hasta ahora para construir sobre un humedal bastaba con certificar la propiedad del terreno y pedir un permiso de edificación; si un municipio recibía algún reclamo porque en dicha propiedad se estaba drenando o rellenando no contaban con las herramientas para prohibir la edificación.
La investigadora de Cedeus señala que debido al vacío legal la degradación de los humedales urbanos llegó a una situación insostenible, y que luego de mucha presión de parte de las comunidades y del ámbito científico se inició la tramitación del proyecto legislativo. “Creo que esta ley no habría sido posible si no existiera un relleno indiscriminado de los humedales, es decir, cuando se empezaron a pasar los límites (…) Es lo que se ve en Chile, que cuando las situaciones superan los límites recién ahí se empieza a hacer algo”.
“Lo que ha pasado en Valdivia, en Concepción, es súper vergonzoso, sobre todo porque son ciudades con alta frecuencia de inundaciones; o lo que pasó en Algarrobo, que quedó un humedal entremedio de una serie de condominios”.
Según narra la especialista, el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010 demostró la utilidad de los humedales para contener parte del agua de mar y, por otra parte, dejó en evidencia los peligros de construir sobre humedales rellenados. Rojas señala que todas las viviendas que se edificaron sobre humedales hasta esa fecha presentaron algún tipo de problema después del terremoto, se empezaron a inclinar, a hundir y a humedecer. Entonces, las personas comenzaron a reclamar, “se sienten estafadas y ven que nadie se hace cargo. Eso hace emerger una gran fuerza, que se une con los reclamos de otros grupos, más ligados a la conservación de la naturaleza, que venían alertando sobre el problema de los humedales, en el sentido que eran espacios de migración para las aves, en especial lo que había pasado en Valdivia por el humedal Río Cruces” (cuya contaminación por químicos de celulosa Arauco provocó la muerte de cisnes de cuello negro).
Ambos grupos, dice Rojas, realizaron manifestaciones, marchas y otras acciones que finalmente llevaron, en 2017, a que se presentara el proyecto de ley para la protección de los humedales urbanos.
Así, en junio de ese año el senador De Urresti ingresó al Congreso el proyecto de ley “Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos”. La moción fue firmada además por los senadores Isabel Allende (PS), Adriana Muñoz (PPD), Víctor Pérez Varela (UDI) y Patricio Walker (DC), pero no contaba con el respaldo del gobierno. En junio de 2018 la entonces ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, señaló que “no creemos que deba existir una protección específica para humedales o glaciares”.
Sin embargo, a fines de ese año, con Carolina Schmidt a la cabeza del ministerio y en momentos en que se anunciaba que Chile sería sede de la COP25, “el escenario cambió completamente”, cuenta Rojas. Hasta entonces, dice la académica, en el proyecto original no se incluía la participación ministerial, pero entonces el MMA “hace sus observaciones y asume la responsabilidad de definir qué son los humedales urbanos, lo que es relevante porque le da una certificación del Ejecutivo (…), además de involucrar nuevos actores en la ley”.
A su vez, De Urresti comenta que este proyecto fue impulsado “contra viento y marea, enfrentando acciones bastante intensas por detenerlo”, y resalta que será “el único proyecto de ley de protección ambiental en ser aprobado por Chile este año, cuando precisamente presidimos la COP25, no obstante se realice en Madrid”.
El senador por Los Ríos considera que se está poniendo a prueba la voluntad del gobierno de proteger el medio ambiente, “con esta ley, con la ley de glaciares, con el SBAP, con varias iniciativas. El gobierno no puede este año tener solamente aprobada esta ley, que surge de una moción parlamentaria; no vemos un real compromiso, una real voluntad (…), el SBAP lleva años en tramitación (…) Creo que aquí los poderes fácticos y los gremios siguen influyendo en la agenda ambiental del país”.
Sobre este tema, la investigadora del Cedeus comentó que durante la discusión del proyecto los Desarrolladores Inmobiliarios enviaron una carta “manifestando cierta alarma, en el sentido de que la iniciativa podía perjudicar inversiones inmobiliarias (…) También la Sofofa hizo un análisis de que el proyecto podía perjudicar ciertas inversiones. Ambos alertaron que a lo mejor no iba a ser tan beneficiosos para su sector”. Sin embargo, dice Rojas, esto no afectó al proyecto.
En este sentido, consultados sobre los alcances de la ley en el sector inmobiliario, desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) declinaron referirse al tema, señalando que sus energías están puestas en la contingencia que vive el país.
Rayado de cancha
En rigor, la nueva ley modifica otros cuerpos legales: incorpora a los humedales urbanos en la ley General de Urbanismo y Construcciones y en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, donde agrega el sometimiento al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de aquellos proyectos o actividades que se desarrollen en humedales urbanos o puedan afectarlos.
La ley mandata al MMA para que dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación elabore un reglamento -suscrito también por el Ministerio de Obras Públicas- donde se definan criterios mínimos para la sustentabilidad de los humedales urbanos, a fin de resguardar tanto sus características ecológicas como su funcionamiento, y de mantener el régimen hidrológico, tanto superficial como subterráneo. Además, impone a las municipalidades la obligación de generar ordenanzas generales para la protección, conservación y preservación de los humedales urbanos, los que deberán ser incluidos en los planes reguladores como áreas de protección de valor natural.
Si bien no se prohíbe la construcción sobre humedales, se establecen resguardos, especialmente mediante el SEIA. Primero, el ecosistema deberá ser declarado como humedal urbano por el MMA (por oficio o a solicitud del municipio), para lo cual tendrá que cumplir con criterios mínimos, que serán establecidos en el reglamento.
El jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del ministerio, Juan José Donoso, adelanta que entre esos criterios se incluirá “que se encuentren total o parcialmente dentro del límite urbano, que constituyan hábitat para especies nativas flora y/o faunas relevantes (por ejemplo, clasificadas en alguna categoría de amenaza, especies endémicas o migratorias) y que constituyan área de relevancia cultural, social y/o turística (es decir que exista un valor socioambiental del ecosistema)”.
Si alguien quiere construir en ese lugar declarado como humedal urbano, deberá someterse al SEIA, mediante un estudio o una declaración, dependiendo de sus impactos. Lo mismo ocurrirá con la aplicación intensiva de productos químicos en zonas cercanas a humedales urbanos. Se crea -explica Donoso- una causal especial relacionada a la ejecución de obras o actividades susceptibles de causar alguna alteración física o química de un humedal urbano y sus componentes. Entre estas obras se encuentran el relleno, drenaje, secado, extracción de áridos y otras intervenciones similares.
A juicio de la investigadora del Cedeus, a partir de ahora, “si se van a hacer inversiones (en los humedales) tienen que asumir las reglas del juego”, es decir, el SEIA y las disposiciones de los planes reguladores”. Rojas añade que con todo eso se restringe la construcción, pero se podrían realizar otro tipo de proyectos en los entornos, considerando los nuevos requisitos para integrarlos al espacio natural.
“Está más claro el rayado de la cancha, para que no vuelvan a ocurrir esos rellenos, muchos ilegales e indiscriminados. Creo que las inversiones también pueden hacer un cambio de switch, pueden transformar estos espacios en parques o tratamiento de aguas lluvias, por ejemplo”, indica la doctora Rojas.
Urbanismo sustentable
Según datos entregados por el MMA, la extensión mundial de los humedales disminuyó entre un 64% y un 71 % en el siglo XX y la pérdida y degradación de ellos continúa, por lo que su protección es prioritaria y urgente.
Frente a ese panorama, el jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del ministerio indica que la nueva ley tiene por objetivo proteger los humedales urbanos declarados por el MMA, considerados como ecosistemas frágiles, que albergan alta biodiversidad y entregan servicios esenciales a las comunidades locales (control de inundaciones, filtrado de aguas, retención de nutrientes y sedimentos, provisión de agua, entre otros), pero que han sido fuertemente degradados.
Donoso indica que, en este sentido, “más que modificar el desarrollo inmobiliario, lo que se busca es lograr que la industria pueda desarrollarse de forma sustentable, ya que estamos protegiendo de mejor forma nuestros recursos naturales”.
“Esta ley regulará el desarrollo inmobiliario en humedales urbanos, mediante medidas concretas que permitirán proteger estos ecosistemas vulnerables que han sido fuertemente intervenidos y que son claves para el bienestar social y la calidad de vida de los chilenos”, resume el jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del MMA.
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Fuente: País Circular, Lunes 18 de Noviembre de 2019
