LA TERCERA – La reciente aprobación, en la Cámara de Diputados, del proyecto de ley que reduce los plazos administrativos para construir, ampliar, reparar y mantener cárceles, representa un avance significativo ante una crisis urgente. Al eximir ciertos proyectos del trámite habitual de evaluación ambiental y darles prioridad administrativa, esta medida reconoce una realidad crítica: nuestros recintos penitenciarios son insuficientes, inseguras y precarias, con sobrepoblación promedio de 139% según Gendarmería.
La iniciativa es especialmente valiosa porque enfrenta directamente una de las mayores preocupaciones ciudadanas: la seguridad pública. Encuestas recientes reflejan que la inseguridad encabeza las prioridades de las personas, superando incluso las preocupaciones económicas o sanitarias. Enfrentar esta realidad desde la infraestructura penitenciaria no solo es una necesidad ética relacionada con los derechos humanos, sino que también un requisito para una estrategia efectiva de seguridad pública.
Esta discusión no debería limitarse exclusivamente a las cárceles. La agilidad administrativa que muestra esta ley invita a preguntarnos: ¿por qué no aplicar este tratamiento especial a otros proyectos estratégicos urgentes?
Chile enfrenta múltiples desafíos en infraestructura clave para la calidad de vida y competitividad económica, como hospitales, establecimientos educacionales, infraestructura energética, conectividad regional y movilidad urbana. Una reducción responsable de trámites podría acelerar considerablemente iniciativas esenciales hoy entrampadas. Esto no implica eliminar controles necesarios -como aspectos ambientales, ni participación ciudadana efectiva-, sino que racionalizar procedimientos para que respondan a las necesidades urgentes de las comunidades.
Diversas instituciones han detectado que existen numerosas autorizaciones que deben obtener los proyectos de inversión, lo que extiende los plazos para su construcción y posterior puesta en marcha. Por ejemplo, la línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre, debe obtener cinco mil permisos sectoriales para iniciar su construcción. Por eso, todo indica que el esquema debe simplificarse cuando se trata de obras estratégicas.
La ley exprés para cárceles es un paso importante, pero debe verse como el primer movimiento hacia una transformación más profunda. Es urgente revisar integralmente nuestros procesos administrativos para construir infraestructura estratégica ágil y efectiva, capaz de responder con rapidez y eficiencia a las demandas ciudadanas más urgentes.
Chile necesita avanzar hacia una infraestructura que sea capaz de resolver problemas reales con prontitud, responsabilidad y eficacia. Esta ley, bien implementada, puede convertirse en una valiosa puerta de entrada hacia un cambio necesario.
Por Paulo Muñoz M., cientista político, asesor Consejo de Políticas de Infraestructura
Fuente: La Tercera, Lunes 24 de Marzo de 2025
