EL MERCURIO DE VALPARAÍSO – Al cierre de esta columna, las personas fallecidas superan las 130 y hay más de 15 mil viviendas afectadas en los mega-incendios de Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué ocurridos esta semana. Tragedia que, ante todo, nos hace lamentar una vez más la falta de planificación urbana y seguir mejorando programas de prevención, evacuación y alerta. Estos hechos también nos llaman -otra vez a delinear algún diagnóstico y cursos de acción hacia la necesaria adecuación.
Pese a las advertencias, la construcción en cerros y laderas con o sin la anuencia de una autoridad permisiva-, llevó a que en las últimas décadas miles de inmuebles se edificaran en la interfaz urbano-forestal, fuera de la planificación regular. Hoy ante nuevas exigencias del cambio climático, son áreas donde la vegetación seca y vientos a alta velocidad, favorecen la expansión de las llamas, lo que se suma a peligrosas altas temperaturas.
Esto ha ocurrido sucesivamente, desde las lecciones del terremoto e incendio de 1906 al anterior gran incendio del 2014, repetidos en 2019 y 2022, dejando tras su paso pérdidas, pero también gatilló modernizaciones normativas, aún insuficientes. Ante este nuevo fracaso de la planificación ¿Cómo enfrentar las próximas emergencias? El emplazamiento de cortafuegos retardadores obligatorios, fiscalizados por organismos técnicos en las áreas límites entre la urbe y sectores rurales es clave. El Ministerio de Obras Públicas mantiene un plan con ese fin, el que debería extenderse y contar con mayores recursos y combinarse con las nuevas iniciativas de desalación que surtan agua. Son los alcaldes y las comunidades los que deben hacerse cargo de esa tarea, junto a los privados que poseen suelos productivos en esas áreas riesgosas. En paralelo, la academia ha planteado poder implementar una ley integral anti-incendios forestales, tal como el país asumió hace décadas una exitosa norma sísmica. Esa regulación debe contener parámetros consensuados sobre materialidad de las viviendas, sectores aptos para la edificación, rutas de acceso de vehículos de emergencia y redes de agua disponibles como parte del desarrollo de nuevos proyectos. Una vez más, las municipalidades fortalecidas son las llamadas a supervisar e incluso multar a quienes no cumplan con esta infraestructura.
Además, hay que contemplar nuevas formas de diseñar espacios públicos en las comunas ante este escenario de incendios que se agrava con el cambio climático: zonas húmedas que pongan freno a los siniestros, que faciliten refugio para los afectados. Los sectores menos afectados -como el caso Botania demuestran que un sistema de alerta resiliente es clave. Debe ser robusto y a prueba de las fallas de antenas de telecomunicaciones. Los chilenos saben cómo actuar en caso de sismos y tsunamis (aprendiendo de las fallas ocurridas a partir de 2010), siendo ahora el turno de los mega incendios. Debemos mirar el caso de Australia: tras los siniestros en 2009 se conformó una comisión especial que realizó un diagnóstico pormenorizado y recomendaciones técnicas. Sería interesante zonificar las áreas más susceptibles a la ocurrencia de estos eventos sistemáticamente -con potenciales poblaciones afectadas-, delinear medidas concretas de acción en cada comuna y un organismo a cargo de manejar la emergencia. Hoy, un cúmulo de instituciones enfrentan estas contingencias (Conaf, municipios, Senapred, entre muchas otras). Se debería evaluar una entidad coordinadora.
En definitiva, un aprendizaje que motiva una alianza público-privada, que debe fortalecerse ante estos hechos, para que consensuemos nuevas normas de convivencia que eviten tragedias y especialmente que estas pérdidas se conviertan en acciones concretas.
Alberto Texido Zlatar
Académico Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad de Chile.
Consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)
Fuente: El Mercurio de Valparaíso, Lunes 12 de Febrero de 2024
