DIARIO FINANCIERO – En los últimos ocho años, la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCB) en infraestructura se ha reducido tres puntos porcentuales, pasando de 26% del Producto Interno Bruto (PIB) del país a 23%. Durante 2020 este índice cayó en casi US$ 10 mil millones. Es decir, bajó de US$ 68 mil millones anuales a US$ 58 mil millones. Y si bien, a lo largo del año pasado este monto fue recuperando terreno hasta llegar a US$ 76 mil millones, aún queda camino por recorrer, y en tiempos de cambios post pandemia, es pertinente “incorporar una mirada más estructural” a las políticas de desarrollo nacional.
Así, al menos, lo propone el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), que este jueves dio a conocer el tercer reporte que revisa el comportamiento de la inversión en obras de uso público, y que en esta ocasión analizó las fluctuaciones ocurridas entre 2005 y 2021.
De acuerdo al documento, el aporte del Gobierno Central en infraestructura alcanzó durante dicho período una inversión promedio correspondiente a 2,5% del PIB. Es decir, cerca de 11% de la FBCF total. Y pasó de US$ 6.900 millones durante 2019 a US$ 6.400 millones el 2020, para luego subir en casi US$ 1.000 millones el 2021 como consecuencia de la primera etapa del Plan Paso a Paso de recuperación de empleo.
Y pese a que desde el CPI concluyen que la inversión del gobierno central aumentó su importancia en relación al PIB y a la inversión producto de la pandemia, señalan que esta no se percibió del todo “dado el explosivo crecimiento de la economía y la materialización de proyectos privados rezagados de 2020”, explican.
En este sentido, el CPI indica que “2022 debiera representar una cierta continuidad del impulso dado por el gobierno a la inversión del Gobierno Central y debiera comenzar a notarse algo de la recuperación de la actividad de Concesiones”. Esto, de manera de superar la inversión total impulsada por el gobierno durante el año pasado, que alcanzó 3% del PIB.
Y es por este motivo que desde el consejo proponen una serie de medidas para avanzar de 4,5% de inversión en infraestructura de uso público del PIB, a 6,5% en tres años “para poder asegurar el desarrollo económico” del país.
“Muchas de las cosas que hoy día se reclaman en términos de carencias de servicios tienen que ver con inversión. Y cuando no hay suficiente inversión, eso se traduce en descontento y en una forma inflacionaria importante, porque no hay capacidad del país para responder a las demandas productivas y demanda de servicios que tiene la comunidad”, explica Carlos Cruz, director ejecutivo del CPI.
Cartera fija de proyectos
Entre las primeras conclusiones, Cruz sostiene que desde el consejo visualizan que en el país “hemos tenido en general menos inversión que la que se requeriría, y los esfuerzos que se han hecho por parte del sector público no son suficientes para compensar esta disminución que ha habido en la inversión”. Y en este sentido, cabe destacar que, de acuerdo al informe, entre el 2005 y 2021 el MOP concentró el 40,1% de la inversión en infraestructura de uso público, y que entre 2020 y 2021 aumentó su inversión en cerca de US$900 millones, lo que representa casi un 30% de mayor exigencia institucional, situándose por sobre el récord histórico de inversión del 2013 (US$2.861 millones).
A estos esfuerzos, le siguen el Minsal con una inversión de un 14,5%, Interior sin Subdere con un 14,1%, y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con un 8,1%.
Asimismo, el director ejecutivo del CPI señaló que una segunda constatación es que “muchas veces se piensa que dada la libertad y las debilidades que tiene la inversión pública, la forma de compensar es a través del sistema de concesión”.
Y que, ante este escenario, “lo que llama la atención es la falta de una cartera permanente de proyectos licitados”. Esto, dado que a su juicio, “se abandonó la idea de que concesiones era un instrumento que podía complementar debidamente la inversión pública en infraestructura pública. Y este abandono es de hace 15 años”, según comentó.
Mayor inversión en proyectos estatales
Por otro lado, Carlos Cruz se refirió a “la importancia que tiene la inversión en algunas empresas del Estado”. Y sostuvo que pese a la impresión en el sector de que han habido compañías que “han estado muy activas en inversión”, y que “de alguna manera pueden compensar la balanza”, como Metro y EFE, “eso tampoco es tan así”, dijo el ejecutivo.
“Cuando uno mira las cifras, se da cuenta de que la inversión en estas empresas, si bien es importante del punto de vista de lo que son Metro y Ferrocarriles (…) no logran volar. Estamos hablando de una inversión total del 0,2% del total del PIB, lo cual claramente no es significativo del punto de vista de lo que son los desafíos que tenemos como país”, comentó.
Asimismo, el ejecutivo dijo que “el Estado que debe negociar con las comunidades, debe ponerse a disposición de las comunidades para ver de qué manera lo realiza, y no el privado”. Esto, de manera que sea el Estado quien “debiera ser el de la primera línea, en la conversación con la comunidad”, según sostuvo.
En este mismo sentido, Cruz fue claro en decir que “las concesiones tienen que estar mucho más vinculadas a las comunidades que interfieran. No puede ser simplemente un servicio que se le otorga a los usuarios (…) tienen que ser, de alguna manera, inversiones que complementen el beneficio que se otorga a los usuarios”.
Y añadió que tienen que haber “contratos mucho más flexibles en términos de la capacidad de irse adaptando a lo que son las nuevas exigencias del tiempo. Las tecnologías hemos visto cómo cambian y eso no lo puede permitir. No puede esperarse a que termine el contrato para incorporar nuevas tecnologías, que es lo que pasó con el free-flow (de la carretera)”.
Por último, Cruz destacó que en un cuarto aspecto referido a la importancia de la inversión privada en infraestructura privada, y apuntó a un mayor apoyo al desarrollo de “las telecomunicaciones, energía, puertos privados y sanitarias”.
Próximos desafíos del gobierno
Respecto de las proyecciones que hizo el consejo, Carlos Cruz mencionó que a pesar de las muestras de colaboración que ha mostrado el gobierno y la cartera de Obras Públicas, a su parecer, “es poco probable pensar que el Estado vaya aumentar su capacidad de inversión”.
“Yo creo que debiéramos proyectarnos como país con una inversión muy estable en torno al 2,5% para los próximos años. Dudo que la administración Marcel vaya a ser más generosa en inversión teniendo las presiones que tiene del punto de vista del punto de vista social. Por lo tanto, creo que una aspiración razonable es asegurar el 2,5% de inversión del PIB en inversión con recursos públicos”, agregó.
Entre los mayores desafíos que plantea el CPI destacan “la plena actividad de proyectos de EFE y Metro, además del esfuerzo del Minvu por avanzar en reducir la carencia de viviendas, y del Ministerio del Deporte por ponerse al día con las inversiones requeridas para los Panamericanos de 2023″.
Y lo que se busca, en concreto, es alcanzar esa inversión en infraestructura de uso público correspondiente al 6,5% del PIB a partir de los siguientes pilares: Superar la inversión de un 2,5% del PIB en inversión pública directa; pasar de un 0,3% de inversión del PIB de EFE y Metro a un 0,8%; en concesiones pasar de un 0,3% a por lo menos un 1,2%; y en inversión privada avanzar de un 1,5% a un 2% del PIB.
“Creo que hoy día este país tiene una cantidad enorme de proyectos de infraestructura que pueden realizarse a través del sistema de asociación público privado y por lo tanto es perfectamente posible empujar, empujar ese carro proyecto de poder alcanzar iniciativas”, indicó Cruz. Y ejemplificó con el sector transporte, carreteras, red ferroviaria, sistema carcelario, etc.
“Esto requiere de un gran acuerdo entre el Estado y el sector privado, y es parte de los desafíos que nosotros creemos que el gobierno debiera asumir (…) y empezar a mirar el desarrollo del país para poder cumplir con ese cambio social y poder cumplir con los requerimientos que tiene”, concluyó Cruz.
Fuente: Diario Financiero, Jueves 7 de Julio de 2022
