DIARIO FINANCIERO – De cara a la segunda vuelta, los candidatos a la presidencia, José Antonio Kast, del Frente Social Cristiano, y Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad, hicieron ajustes en sus respectivos programas para integrar propuestas de otros sectores.
Aspectos como agua y sequía; institucionalidad hídrica; impuesto verde y reducción de emisiones; regulación climática y acuerdos internacionales; y economía circular, serán claves. Conozca las similitudes y diferencias.
Agua y sequía
JAK: Como parte de su eje “Acción para enfrentar la sequía y lograr seguridad hídrica”, se propone un plan para abordar la escasez hídrica de forma “urgente y decidida”.
La primera propuesta es el desarrollo de una Hoja de Ruta para alcanzar la seguridad hídrica de toda la población en ocho años, con prioridad para el consumo humano por medio de la cobertura de agua potable y saneamiento.
También se plantea impulsar la aprobación del Nuevo Código de Aguas (actualmente en su segundo trámite constitucional) y se presentará el proyecto de Organizaciones de Usuarios de Agua respaldando el trabajo de la Mesa Nacional del Agua con protección para el consumo humano, caudal ecológico y provisión agrícola.
En cuanto a infraestructura, el programa apunta a la creación de “un plan maestro territorial” para la concesión de nuevas plantas desaladoras multipropósito, enfocadas en consumo humano, agricultura y minería. Además de promover una “fuerte inversión público-privada” en infraestructura hídrica para el desarrollo de nuevas fuentes de agua y de almacenamiento, con énfasis en riego tecnificado, infiltración de acuíferos, construcción de embalses, tratamiento de aguas grises y soluciones basadas en la naturaleza.
GB: En el inciso de “Agua y Escasez Hídrica” del Capítulo 2 de su programa de gobierno, se declara la intención de establecer “condiciones que materialicen el agua como bien nacional de uso público, bien común o bien colectivo”, de acuerdo a como lo establezca la Convención Constitucional. De esta manera, el primer punto es la implementación de una Política Nacional de Seguridad Hídrica que garantice el derecho humano al agua y saneamiento y la protección y restauración de los ecosistemas hídricos. También establece promover la fiscalización para detectar extracciones ilegales de agua y aplicar las herramientas de la Ley de Servicios Sanitarios Rurales para limitar o prohibir usos en un marco de escasez, priorizando el consumo humano.
El programa plantea invertir en soluciones basadas en la naturaleza para restaurar ecosistemas, asegurar el suministro de agua potable urbana y rural, y mitigar el riesgo de desastres, junto a la implementación de un plan de gestión de embalses para priorizar el acceso al agua para consumo humano.
Institucionalidad hídrica
JAK: El plan de gobierno propone que, sobre el proyecto de la Subsecretaría del Agua, modernizar la institucionalidad al unificar a la Dirección General de Aguas, la Dirección de Obras Hidráulicas y la Comisión Nacional de Riego.
Además establece que la unidad básica de la gestión en calidad y cantidad de las aguas sea la cuenca hidrológica, que sería administrada por organizaciones locales en conjunto a los organismos técnicos del Estado, con prioridad para el consumo humano y la protección de los ecosistemas.
GB: El programa apunta a una transformación “de forma gradual” que incluye modificaciones legales e institucionales. Principalmente se propone la creación de un Sistema Nacional de Gestión de Aguas, que sería un sistema integrado que tomará decisiones basadas en cada cuenca y que pretende una transición hacia un sistema de licencias de uso de aguas sujetos a revisión periódica, de manera que la autoridad pueda renovarlas o revocarlas.
Este sistema estará a cargo de un organismo rector que unifique, dirija y coordine las competencias del Estado en una gestión integrada a nivel nacional, regional y territorial por cuencas. Además, establece la creación de Organismos de Cuenca, un órgano a nivel de una o más cuencas que delibere, planifique y coordine la gestión integrada de recursos hídricos entre los usuarios, organismos públicos y actores privados y comunitarios.
Impuesto verde y reducción de emisiones
JAK: Si bien el plan de gobierno nuevo no tiene propuestas en torno a impuestos verdes -a diferencia del antiguo que proponía estudiarlo-, en el eje de “Acción Energética” se propone eliminar las termoeléctricas a carbón a medida “que se logre un sistema de generación eléctrico seguro que minimice las consecuencias de interrupciones del suministro”. Señala que aquellas que se mantengan temporalmente y las térmicas a gas deberán cumplir “altas” exigencias regulatorias o adoptar medidas de captura y secuestro de emisiones.
También, el programa señala avanzar “de forma decidida” en la transición energética con el reemplazo de fuentes de energías contaminantes por renovables, en conjunto con recuperar el rol de la hidroelectricidad para “dar estabilidad en el suministro de largo plazo”.
Además, propone promover la investigación e innovación para el desarrollo de nuevos combustibles no contaminantes como el hidrógeno verde.
GB: En el documento “Acuerdo de Implementación Programática”-presentado la semana pasada y en el cual se reconoce el trabajo en conjunto con los equipos de los excandidatos Yasna Provoste y Marco Enríquez Ominami- se alude a los impuestos verdes para recaudar el 0,3% del PIB para el fin de gobierno, que se proyecta a 1% para ocho años, con el fin de “internalizar costos y desincentivar la contaminación”.
Aunque no dan más detalles, apunta a que tendría “mayor gradualidad en la entrada en vigencia” y la definen como la “contracara de la transición justa” del Programa y supone un conjunto de instrumentos para la adaptación de estas nuevas exigencias.
Además, en el inciso “Transición Energética” se propone eliminar el carbón de la matriz energética durante su gobierno a través de la incorporación de sistemas de almacenamiento desde la generación al consumo, con participación activa de la demanda en el sistema y con reparación socioambiental de las zonas de sacrificio. Y plantea la elaboración de una Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, para el reemplazo de los combustibles fósiles.
Regulación Climática y Acuerdos internacionales
JAK: En el eje de “Acción Climática” del programa, se propone anticipar medidas de mitigación y adaptación, además de estar “abiertos a estrategias más agresivas conforme a las exigencias científicas”.
Compromete el cumplimiento de la Estrategia Climática de Largo Plazo -presentada en noviembre pasado- y con las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) -compromisos ambientales – adoptadas por Chile ante la ONU. Además de impulsar la tramitación de la Ley Marco de Cambio Climático. También se propone un nuevo Servicio Nacional para la Prevención de los Desastres Naturales, con incentivos para planes de emergencia y planes municipales de adaptación.
GB: El programa en el capítulo “Crisis climática, transición justa y nueva institucionalidad ambiental” establece que el país debe declararse en emergencia climática, cumplir los compromisos internacionales y ser más ambiciosos en lmitigación y adaptación “para adelantar la meta de ser un país carbono neutral”. Además señala que el país firmará el Acuerdo de Escazú durante la primera semana de gobierno.
También propone la creación de la Estrategia de Adaptación Transformadora a la Crisis Climática, una hoja de ruta de mediano y largo plazo y con enfoque regional.
Esta hoja de ruta contempla la creación – a partir de la recaudación del royalty y de fondos existentes- de un Fondo Soberano de Adaptación al Cambio Climático, para ahorrar y brindar margen presupuestario para la seguridad alimentaria. Los recursos financiarían una política de desarrollo de un sistema alimentario sostenible, potenciando el rol de la agricultura familiar campesina, la pesca artesanal y la acuicultura de pequeña escala, entre otros.
Economía circular
JAK: El plan de gobierno propone ampliar la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) a otras industrias y residuos; crear una normativa que permita clasificar materiales para abordar los remanentes industriales; reciclaje de biomasa, nutrientes y agua; y la aprobación del marco jurídico para la valorización, reciclaje y aprovechamiento industrial de los residuos marinos.
GB: El programa señala la creación de una Ley Marco de Economía Circular y la Gestión de Residuos, que profundizará la actual Ley REP. También propone generar modelos de basura cero municipales, regular el uso de materias primas secundarias, reutilizar las aguas residuales, la promoción de simbiosis industrial y la participación efectiva de recicladores de base.
Además, se priorizará la inversión en infraestructura para adaptar los sistemas rurales y urbanos a los efectos del cambio climático.
Fuente: Diario Financiero, Martes 14 de Diciembre de 2021
