EQUIPO COMUNICACIONES CPI – Plantas modulares para la potabilización y tratamiento y la construcción de desaladoras son algunas de las soluciones que permitirían abastecer a 1,7 millones de personas que aún están fuera de la red formal de suministro.
Por Laura Garzón
Equipo Comunicaciones CPI
La crisis sanitaria generada por la presencia del Covid-19 ha dejado al descubierto brechas de distinto tipo en nuestro país. Una de ellas es el acceso al agua potable, donde aún más de un millón de chilenos no cuenta con este servicio o es muy precario.
En las ciudades, o en las zonas más concentradas, Chile alcanza niveles comparables a la de los países OECD: 99,93% cuenta con agua potable, 97,17% con recolección de aguas servidas y 99,98% con tratamiento de las aguas residuales con cobertura de alcantarillado.
Una situación totalmente diferente se vive en el mundo rural. La forma principal de abastecimiento es mediante el Programa de Agua Potable Rural (APR), cuya mantención y operación es responsabilidad del Estado.
De acuerdo con cifras contenidas en el Primer Informe de la Mesa Nacional del Agua, hay cerca de 1.902 sistemas de APR en el país, que abastecen a cerca de 1,7 millones de personas que habitan en localidades rurales concentradas y semiconcentradas (más de 150 habitantes y densidad mayor a 15 viviendas por km. de red o más de 80 habitantes y densidad mayor a 8 viviendas por km. de red).
De ese universo de personas, 55,4% no cuentan con conexión a la red pública de agua, el 56,3% carece de un sistema de eliminación de excretas adecuado y un 33,7% no tiene una llave de agua dentro de su vivienda.
Otros datos, como los manejados por la Fundación Amulen, indican que el 47,2% de la población rural (383.204 viviendas), no cuentan con abastecimiento de agua potable de manera formal, del cual el 58,8% se abastece de pozos, el 25,8% de ríos, esteros, canales o vertientes, mientras el 15,4% restante lo hace mediante la entrega de agua por camiones aljibes.
“Bajo ningún pretexto es justificable que siga habiendo personas que tienen que abastecerse de agua con camiones aljibes. Debemos continuar haciendo cambios en las políticas públicas, de manera tal que permitan ganar en esta lucha por obtener un bien tan básico y preciado como el agua potable”, afirma la secretaria ejecutiva de la Asociación de Municipios Rurales de Tarapacá, Arica y Parinacota, María José Ramírez.
Las fuentes de abastecimiento de agua de los APR son vía la extracción desde fuentes de agua superficial y/o subterránea, la interconexión con las empresas sanitarias mediante el mecanismo establecido en el artículo 52 bis de la Ley General de Servicios Sanitarios y/o los camiones aljibe, que recargan los estanques de agua colectivos o directamente a los hogares rurales.
El Programa de APR se financia íntegramente con fondos estatales, del orden de $141.000 millones (Ley de Presupuestos 2020).
Sin embargo, este sistema, en medio de la crisis económica y la sequía, está mostrando falencias. Según datos entregados por el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, sólo el 30% de los APR está funcionando, ya que hay falta de recursos para reparar los equipos necesarios para su operación.
Y no solo eso. También se presentan dificultades administrativas que entraban el funcionamiento de los APR. “En la región existe una gobernanza en torno al tema, que muchas veces se ve afectada por la falta de acuerdos. Las políticas públicas no se ajustan o muchas veces no son representativas de comunas y localidades como las nuestras, todas rurales, y por ello cuesta lograr poner a todos de acuerdo, pero es un trabajo que día a día se sigue intentando para llegar a consenso”, complementa María José Ramírez.
Soluciones: Plantas modulares y desaladoras
Países como Australia, Estados Unidos o Israel, han enfrentado estos desafíos mediante una importante inversión en infraestructura. También priorizando los sistemas de fuentes alternativas, como la desalinización y la reutilización de las aguas residuales tratadas.
Para el Gerente de Desarrollo de los Negocios de Agua de ACCIONA, Waldo López, las particularidades de nuestro país, en cuanto a geografía y desigual distribución de los recursos hídricos, dificultan la replicación de experiencias de otras latitudes.
“En Chile -enfatiza- obtendremos grandes avances haciendo un uso más eficiente de los recursos, con un marcado acento en el reúso de las aguas y una política que fomente la economía circular”.
Dependiendo de la realidad de cada zona, el abanico de soluciones para abordar la falta de acceso y de abastecimiento van desde plantas modulares para la potabilización y tratamiento, hasta la construcción de plantas desaladoras.
A juicio de Acciona, la instalación de plantas modulares, tanto de potabilización como de tratamiento de aguas servidas, son una solución abordable, pero esto debe ir acompañado de una capacitación para los usuarios, de manera que puedan operar estas plantas de forma adecuada y darles un correcto mantenimiento.
“A esto debiera sumarse, además, la existencia de un organismo que pueda monitorear las operaciones en el largo plazo y dar soporte en caso de situaciones de mal funcionamiento o fallas, que no puedan ser resueltas por los propios usuarios”, recomienda López.
En cuanto a la viabilidad económica de orientar las plantas desaladoras a consumo humano, esta dependerá de la ubicación y el grado de dispersión de los usuarios. Si se emplazan en zonas cercanas a la costa y a una cota de elevación aproximada de 100 m sobre el nivel del mar, es muy probable que se llegue a precios accesibles para ellos.
“Por el contrario, si los usuarios están muy alejados y en cotas muy altas con referencia al mar, las infraestructuras necesarias para llegar a los puntos de consumo, incluyendo estaciones de bombeo con su consecuente consumo de energía, es muy probable que la viabilidad económica para ejecutarlas sea muy baja”, comenta el ejecutivo de ACCIONA.
Junto con estas alternativas, hay otras que se deberían implementar con anterioridad para asegurar el abastecimiento para zonas rurales alejadas. Entre ellas, el Jefe de Proyectos de Sustentabilidad de Fundación Chile, Gerardo Díaz, menciona la captación de aguas lluvias, generación de agua potable por condensación de vapor atmosférico, reutilización de aguas residuales para infiltración de acuíferos, o a una escala mayor, y generar una matriz unificada de distribución de agua en diferentes zonas de la cuenca.
“Una vez desarrolladas las opciones anteriores, se pueden considerar otras que, aunque son de mayor costo y complejidad, permiten generar nuevas fuentes de agua como, por ejemplo, la desalación. En este caso, es importante considerar el componente multipropósito, es decir, la integración de diferentes usuarios para una misma obra, con lo que se busca beneficiar a la mayor cantidad de personas dentro de la cuenca. Lo anterior, permite dar seguridad hídrica, además de generar economías de escala para reducir costos y se minimizan los impactos sociales y ambientales”, explica Díaz.
Institucionalidad al debe
Un rol clave para avanzar en la disminución de las brechas en este ámbito, lo debe jugar la asociación público-privada. Sin embargo, para incentivarla, se requiere una política de Estado y de un marco normativo y regulatorio claro, con garantías e incentivos que hagan atractiva la inversión. Por ejemplo, comentan, actualmente en el país no existe una normativa clara para el reúso de aguas que han sido utilizadas por las comunidades.
En este contexto, el ex ministro de OO.PP. y consejero del CPI, Hernán de Solminihac, coincide en que abordar el tema institucional es clave. “Hay que agilizar y simplificar los procedimientos administrativos sobre la instalación de sistemas de agua potable rural, los cuales deben tramitarse ante distintas autoridades y órganos con competencias sectoriales”, explica.
Cabe destacar que la nueva Ley de Servicios Sanitarios Rurales, que le asigna la responsabilidad al MOP en cuanto al saneamiento en zonas rurales -la cobertura de alcantarillado en el mundo rural no supera el 25%-, aún no está vigente, pues falta que la Contraloría General de la República tome razón del reglamento.
Asimismo, De Solminihac detalla que para ampliar la cobertura de saneamiento, hay que establecer una regulación especial para los sistemas no concesionados, que aborde las condiciones particulares para el saneamiento en zonas rurales, con el propósito de permitir herramientas y mecanismos más ajustados a esa realidad, como las comunidades de alcantarillado y normas secundarias de calidad ambiental.
“Por ejemplo, se podría favorecer -dice- la existencia de comunidades de desagüe y sistemas centralizados de tratamiento de aguas servidas en alguna de estas localidades”.
Propone también estudiar la creación de una instancia de política rural que se encargue de la elaboración de un plan o política de acción nacional respecto al agua potable rural y saneamiento, involucrando a todos los actores en los desafíos de este sistema.
En cuanto al financiamiento y el rol del Estado, el ex subsecretario de OO.PP. y consejero del CPI, Juan Eduardo Saldivia, señala que Chile es aún un país pobre, y para que el agua llegue a todos se requiere inversión pública.
“Es necesario destinar más recursos estatales en las zonas rurales – donde dada la dispersión- las inversiones no pueden pagarse con tarifas razonables y accesibles para los habitantes de aquellas áreas. Además, es vital -afirma- mejorar las capacidades y exigencias a los Comités y Cooperativas que pueden hacer más y mejores cosas para llegar a un mayor número de habitantes”.
Con respecto a fórmulas de APP que puedan funcionar, Saldivia considera que es una vía atractiva por la agilidad de los privados en ejecutar los proyectos. Sin embargo, recalcó que esa inversión siempre tendrá que ser bajo regímenes de subsidios, ya que en las localidades rurales el retorno económico es más bajo.
En esa línea, Gerardo Díaz comenta que existe interés por modelos de asociación de este tipo en el sector de agua y saneamiento, desarrollando una importante cantidad de emprendimientos que consideran el invertir mayores recursos en este ámbito para acelerar los proyectos de infraestructura de este tipo de servicios.
“Sin embargo, gran parte de ellos siguen desarrollándose en sectores urbanos, por lo que el desafío es impulsar este tipo de inversiones en sectores rurales, generando incentivos que permitan a los sectores públicos y privados inyectar recursos en zonas alejadas o semi-concentradas”, concluye.
Fuente: Equipo Comunicaciones CPI, Viernes 22 de Mayo de 2020
Las brechas que persisten en el acceso al agua potable
EQUIPO COMUNICACIONES CPI – Plantas modulares para la potabilización y tratamiento y la construcción de desaladoras son algunas de las soluciones que permitirían abastecer a 1,7 millones de personas que aún están fuera de la red formal de suministro.
Por Laura Garzón
Equipo Comunicaciones CPI
La crisis sanitaria generada por la presencia del Covid-19 ha dejado al descubierto brechas de distinto tipo en nuestro país. Una de ellas es el acceso al agua potable, donde aún más de un millón de chilenos no cuenta con este servicio o es muy precario.
En las ciudades, o en las zonas más concentradas, Chile alcanza niveles comparables a la de los países OECD: 99,93% cuenta con agua potable, 97,17% con recolección de aguas servidas y 99,98% con tratamiento de las aguas residuales con cobertura de alcantarillado.
Una situación totalmente diferente se vive en el mundo rural. La forma principal de abastecimiento es mediante el Programa de Agua Potable Rural (APR), cuya mantención y operación es responsabilidad del Estado.
De acuerdo con cifras contenidas en el Primer Informe de la Mesa Nacional del Agua, hay cerca de 1.902 sistemas de APR en el país, que abastecen a cerca de 1,7 millones de personas que habitan en localidades rurales concentradas y semiconcentradas (más de 150 habitantes y densidad mayor a 15 viviendas por km. de red o más de 80 habitantes y densidad mayor a 8 viviendas por km. de red).
De ese universo de personas, 55,4% no cuentan con conexión a la red pública de agua, el 56,3% carece de un sistema de eliminación de excretas adecuado y un 33,7% no tiene una llave de agua dentro de su vivienda.
Otros datos, como los manejados por la Fundación Amulen, indican que el 47,2% de la población rural (383.204 viviendas), no cuentan con abastecimiento de agua potable de manera formal, del cual el 58,8% se abastece de pozos, el 25,8% de ríos, esteros, canales o vertientes, mientras el 15,4% restante lo hace mediante la entrega de agua por camiones aljibes.
“Bajo ningún pretexto es justificable que siga habiendo personas que tienen que abastecerse de agua con camiones aljibes. Debemos continuar haciendo cambios en las políticas públicas, de manera tal que permitan ganar en esta lucha por obtener un bien tan básico y preciado como el agua potable”, afirma la secretaria ejecutiva de la Asociación de Municipios Rurales de Tarapacá, Arica y Parinacota, María José Ramírez.
Las fuentes de abastecimiento de agua de los APR son vía la extracción desde fuentes de agua superficial y/o subterránea, la interconexión con las empresas sanitarias mediante el mecanismo establecido en el artículo 52 bis de la Ley General de Servicios Sanitarios y/o los camiones aljibe, que recargan los estanques de agua colectivos o directamente a los hogares rurales.
El Programa de APR se financia íntegramente con fondos estatales, del orden de $141.000 millones (Ley de Presupuestos 2020).
Sin embargo, este sistema, en medio de la crisis económica y la sequía, está mostrando falencias. Según datos entregados por el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, sólo el 30% de los APR está funcionando, ya que hay falta de recursos para reparar los equipos necesarios para su operación.
Y no solo eso. También se presentan dificultades administrativas que entraban el funcionamiento de los APR. “En la región existe una gobernanza en torno al tema, que muchas veces se ve afectada por la falta de acuerdos. Las políticas públicas no se ajustan o muchas veces no son representativas de comunas y localidades como las nuestras, todas rurales, y por ello cuesta lograr poner a todos de acuerdo, pero es un trabajo que día a día se sigue intentando para llegar a consenso”, complementa María José Ramírez.
Soluciones: Plantas modulares y desaladoras
Países como Australia, Estados Unidos o Israel, han enfrentado estos desafíos mediante una importante inversión en infraestructura. También priorizando los sistemas de fuentes alternativas, como la desalinización y la reutilización de las aguas residuales tratadas.
Para el Gerente de Desarrollo de los Negocios de Agua de ACCIONA, Waldo López, las particularidades de nuestro país, en cuanto a geografía y desigual distribución de los recursos hídricos, dificultan la replicación de experiencias de otras latitudes.
“En Chile -enfatiza- obtendremos grandes avances haciendo un uso más eficiente de los recursos, con un marcado acento en el reúso de las aguas y una política que fomente la economía circular”.
Dependiendo de la realidad de cada zona, el abanico de soluciones para abordar la falta de acceso y de abastecimiento van desde plantas modulares para la potabilización y tratamiento, hasta la construcción de plantas desaladoras.
A juicio de Acciona, la instalación de plantas modulares, tanto de potabilización como de tratamiento de aguas servidas, son una solución abordable, pero esto debe ir acompañado de una capacitación para los usuarios, de manera que puedan operar estas plantas de forma adecuada y darles un correcto mantenimiento.
“A esto debiera sumarse, además, la existencia de un organismo que pueda monitorear las operaciones en el largo plazo y dar soporte en caso de situaciones de mal funcionamiento o fallas, que no puedan ser resueltas por los propios usuarios”, recomienda López.
En cuanto a la viabilidad económica de orientar las plantas desaladoras a consumo humano, esta dependerá de la ubicación y el grado de dispersión de los usuarios. Si se emplazan en zonas cercanas a la costa y a una cota de elevación aproximada de 100 m sobre el nivel del mar, es muy probable que se llegue a precios accesibles para ellos.
“Por el contrario, si los usuarios están muy alejados y en cotas muy altas con referencia al mar, las infraestructuras necesarias para llegar a los puntos de consumo, incluyendo estaciones de bombeo con su consecuente consumo de energía, es muy probable que la viabilidad económica para ejecutarlas sea muy baja”, comenta el ejecutivo de ACCIONA.
Junto con estas alternativas, hay otras que se deberían implementar con anterioridad para asegurar el abastecimiento para zonas rurales alejadas. Entre ellas, el Jefe de Proyectos de Sustentabilidad de Fundación Chile, Gerardo Díaz, menciona la captación de aguas lluvias, generación de agua potable por condensación de vapor atmosférico, reutilización de aguas residuales para infiltración de acuíferos, o a una escala mayor, y generar una matriz unificada de distribución de agua en diferentes zonas de la cuenca.
“Una vez desarrolladas las opciones anteriores, se pueden considerar otras que, aunque son de mayor costo y complejidad, permiten generar nuevas fuentes de agua como, por ejemplo, la desalación. En este caso, es importante considerar el componente multipropósito, es decir, la integración de diferentes usuarios para una misma obra, con lo que se busca beneficiar a la mayor cantidad de personas dentro de la cuenca. Lo anterior, permite dar seguridad hídrica, además de generar economías de escala para reducir costos y se minimizan los impactos sociales y ambientales”, explica Díaz.
Institucionalidad al debe
Un rol clave para avanzar en la disminución de las brechas en este ámbito, lo debe jugar la asociación público-privada. Sin embargo, para incentivarla, se requiere una política de Estado y de un marco normativo y regulatorio claro, con garantías e incentivos que hagan atractiva la inversión. Por ejemplo, comentan, actualmente en el país no existe una normativa clara para el reúso de aguas que han sido utilizadas por las comunidades.
En este contexto, el ex ministro de OO.PP. y consejero del CPI, Hernán de Solminihac, coincide en que abordar el tema institucional es clave. “Hay que agilizar y simplificar los procedimientos administrativos sobre la instalación de sistemas de agua potable rural, los cuales deben tramitarse ante distintas autoridades y órganos con competencias sectoriales”, explica.
Cabe destacar que la nueva Ley de Servicios Sanitarios Rurales, que le asigna la responsabilidad al MOP en cuanto al saneamiento en zonas rurales -la cobertura de alcantarillado en el mundo rural no supera el 25%-, aún no está vigente, pues falta que la Contraloría General de la República tome razón del reglamento.
Asimismo, De Solminihac detalla que para ampliar la cobertura de saneamiento, hay que establecer una regulación especial para los sistemas no concesionados, que aborde las condiciones particulares para el saneamiento en zonas rurales, con el propósito de permitir herramientas y mecanismos más ajustados a esa realidad, como las comunidades de alcantarillado y normas secundarias de calidad ambiental.
“Por ejemplo, se podría favorecer -dice- la existencia de comunidades de desagüe y sistemas centralizados de tratamiento de aguas servidas en alguna de estas localidades”.
Propone también estudiar la creación de una instancia de política rural que se encargue de la elaboración de un plan o política de acción nacional respecto al agua potable rural y saneamiento, involucrando a todos los actores en los desafíos de este sistema.
En cuanto al financiamiento y el rol del Estado, el ex subsecretario de OO.PP. y consejero del CPI, Juan Eduardo Saldivia, señala que Chile es aún un país pobre, y para que el agua llegue a todos se requiere inversión pública.
“Es necesario destinar más recursos estatales en las zonas rurales – donde dada la dispersión- las inversiones no pueden pagarse con tarifas razonables y accesibles para los habitantes de aquellas áreas. Además, es vital -afirma- mejorar las capacidades y exigencias a los Comités y Cooperativas que pueden hacer más y mejores cosas para llegar a un mayor número de habitantes”.
Con respecto a fórmulas de APP que puedan funcionar, Saldivia considera que es una vía atractiva por la agilidad de los privados en ejecutar los proyectos. Sin embargo, recalcó que esa inversión siempre tendrá que ser bajo regímenes de subsidios, ya que en las localidades rurales el retorno económico es más bajo.
En esa línea, Gerardo Díaz comenta que existe interés por modelos de asociación de este tipo en el sector de agua y saneamiento, desarrollando una importante cantidad de emprendimientos que consideran el invertir mayores recursos en este ámbito para acelerar los proyectos de infraestructura de este tipo de servicios.
“Sin embargo, gran parte de ellos siguen desarrollándose en sectores urbanos, por lo que el desafío es impulsar este tipo de inversiones en sectores rurales, generando incentivos que permitan a los sectores públicos y privados inyectar recursos en zonas alejadas o semi-concentradas”, concluye.
Fuente: Equipo Comunicaciones CPI, Viernes 22 de Mayo de 2020
