PULSO – El cambio de “Ministerio de Urbanismo y Vivienda” mencionado por el presidente electo, da cuenta de la creciente importancia que en nuestra sociedad han ido adquiriendo las condiciones del entorno urbano y la calidad de vida que ofrecen las ciudades.
Este es un énfasis justificado. No solo por el impacto que tales aspectos tienen en el bienestar de las personas y las comunidades, sino también porque son materias en las cuales existen importantes falencias.
De ahí que, por ejemplo, definir estándares básicos de infraestructura urbana, a implementarse en todas las comunas, independiente del nivel socioeconómico de sus habitantes, constituye un desafío que debe resolver con urgencia la política pública. Contar con áreas verdes, así como con calles y veredas en buenas condiciones, con alumbrado público adecuado y hasta con paraderos de locomoción colectiva, puede hacer grandes diferencias para millones de familias. Por otra parte, nuestro país vive una grave crisis de planificación urbana, que se expresa en un creciente número de conflictos en torno al uso del territorio.
Para revertir esta situación es necesario un consenso de visiones de largo plazo respecto del desarrollo de barrios, comunas y ciudades, las que deben quedar plasmadas en los instrumentos de planificación. Proceso que por lo demás debe contar con más y mejor participación ciudadana, de modo que lo que se acuerde goce de altos niveles de legitimidad.
Esto, sumado al estricto cumplimiento de la ley por parte de los desarrolladores inmobiliarios, así como un proceso sostenido de mejoramiento de sus prácticas y estándares, evitaría la creciente conflictividad y falta de certeza jurídica que afecta a anteproyectos y permisos de edificación, que constituyen la base de la actividad de la construcción. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano están llamados a jugar un rol central en la conducción y resolución de este debate.
Ahora bien, no hay que olvidar que todavía es necesario construir poco más de 500.000 viviendas para resolver el déficit habitacional que afecta a los segmentos más vulnerable de la población, lo cual permitiría reemplazar inmuebles que no ofrecen condiciones mínimas de habitabilidad y abordar el problema del allegamiento extremo.
Mantener los programas habitacionales vigentes -evitando interferencias a proyectos ya estudiados y aprobados por la autoridad- es central para avanzar en esta tarea.
En definitiva, en materia de vivienda y urbanismo existen tantos desafíos como oportunidades, los que, con voluntad política y trabajo conjunto, podrían ser afrontados exitosamente, para beneficio de todos los habitantes del territorio nacional.
Sergio Torretti
Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción
Fuente: Pulso, Viernes 26 de enero de 2018
